Se trata de un inédito choque de poderes en México, que enfrenta además la incertidumbre de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, su principal socio económico y crítico de la reforma que convirtió a este país en el primero que elegirá a todos sus jueces en las urnas.
El gobierno de Sheinbaum, que asumió el pasado 1 de octubre, acusa al poder judicial de servir a la élite conservadora, mientras la oposición asegura que la enmienda constitucional fulminará la separación de poderes.
Esta colisión traspasa fronteras. Estados Unidos y Canadá, socios de México en el acuerdo comercial T-MEC, advierten que la elección popular socavará la independencia de los jueces y los dejará a merced del crimen organizado.
“Ocho ministros (de la Corte) no pueden estar por encima del pueblo”, ha repetido Sheinbaum antes del debate de este martes en el tribunal, en referencia a los ocho de los once magistrados que se han mostrado contrarios a la reforma constitucional.
La presidente aseguró que el alto tribunal carece de facultades para anular los cambios de Carta Magna aprobados por el Congreso, de amplía mayoría oficialista.
“El pueblo de México va a votar por las y los jueces, magistrados y ministros”, subrayó el lunes la mandataria, dando por descontado que los procesos previstos para 2025 y 2027 seguirán su marcha.
“Vamos a esperar qué decide la Corte”, apuntó sin embargo Sheinbaum.
Los ocho jueces contrarios a la reforma renunciaron el pasado miércoles, como estableció la enmienda para quienes declinaran participar en las elecciones, aunque sus dimisiones se harán efectivas en agosto de 2025.
Nada que negociar
Los miembros del supremo votan un proyecto del ministro Juan Luis González que modifica, en parte, la reforma.
El texto plantea dejar en pie la elección popular de los miembros del Supremo, pero no así la de jueces de tribunales inferiores, ya que, afirma, la carrera judicial garantiza la independencia de las cortes.
“No existe un régimen democrático sin que haya una división de poderes efectiva”, advierte la propuesta, que preserva la elección del máximo tribunal como un acto de “autocontención” para resolver la disputa.
Pero Sheinbaum remarcó el lunes que “no se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y (…) lo que ya es parte de la Constitución”.
El borrador de sentencia, que responde a impugnaciones planteadas por partidos opositores, también advierte dificultades para que los ciudadanos puedan ejercer un voto informado.
Los propios expertos están divididos. “El contenido de una reforma constitucional no es impugnable”, sostiene Diego Valadés, exministro de la corte.
Pero el constitucionalista Francisco Burgoa alerta que México enfrentará una “grave crisis sin precedentes” si Sheinbaum insiste en aplicar la reforma ignorando un fallo adverso del supremo.
“Representaría una ruptura del orden constitucional y un desbalance de poderes, lo cual generaría un precedente muy peligroso para la legitimidad de las instituciones”, agregó el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La reforma fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la Suprema Corte le echara abajo reformas como una que autorizaba la participación militar en la seguridad ciudadana y otra que reforzaba el papel del Estado en el sector eléctrico.
Para López Obrador y Sheinbaum, el poder judicial está sumido en la corrupción y una impunidad casi total.
Pero los críticos de la reforma sostienen que esa situación no se remedia únicamente cambiando a los jueces, sino mejorando las capacidades de investigación de las fiscalías.
Impacto económico
Anticipando una decisión desfavorable, el Congreso modificó el pasado jueves un artículo constitucional para impedir que la Suprema Corte pueda revisar los cambios de la Carta Magna.
Un choque institucional, por otra parte, no “sería una buena noticia” para la economía, si bien “el impacto de la reforma ya está descontado por los mercados financieros mexicanos”, comentó a la AFP Kimberley Sperrfechter, economista de la firma británica Capital Economics.
La experta considera que dicho efecto abarca el ambiente de negocios y la certidumbre jurídica para los inversionistas, además de que crearía tensiones en la revisión del T-MEC en 2026.
La inversión extranjera directa en México alcanzó 36.058 millones de dólares en 2023, mientras el país espera beneficiarse de la relocalización de empresas en sus zonas fronterizas con Estados Unidos.
AFP