Después de un largo silencio, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, realizó una llamativa presentación judicial en primera persona. El exfuncionario hace referencia a los famosos audios que lo eyectaron del cargo y pusieron en jaque al gobierno de Javier Milei. Esas grabaciones describen un esquema de pago coimas en la compra de medicamientos en el organismo que tenía a su cargo y donde están implicados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su asesor Eduardo “Lule” Menem. Lo más extraño del escrito es que en ningún momento pone en duda el contenido de esas polémicas conversaciones. Es más, dice que le parece llamativo que sobre las “terceras personas” aludidas en los diálogos (Karina y Lule) “no se dispuso medida alguna”. Luego sorprende cuando afirma que no se implemento ninguna medida que haya acreditado que sea su voz la de los audios y termina pidiendo la nulidad de la causa porque sostiene, entre otras cosas, que no se hicieron “medidas mínimas de constatación técnica”. El escrito complementa otro presentado por su defensora oficial, Florencia Plazas, que también pide la “nulidad de las grabaciones en función de las cuales se originó esta investigación”, que sean excluidas y Spagnuolo sobreseído.
La nulidad en juego
El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi habían rechazado el planteo de nulidad del expediente realizado por otros imputados en el caso: los dueños de la droguería Suizo Argentina Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker. El magistrado había dicho, en línea con la fiscalía, que era una falacia darles a las grabaciones el carácter de prueba única. Que los Kovalivker, a través de su abogado Martín Magram, habían hecho un planteo “especulativo y contradictorio” para hacer “caer la causa”. Señalaba que era un contrasentido haber pedido primero que se analizaran los audios para saber si estaban editados adulterados y pasar luego a denunciar que eran ilegales. Que tampoco podían cuestionar lo que desconocían mientras la causa estuvo bajo secreto de sumario. Agregaba que las grabaciones de particulares están admitidas como prueba para iniciar una causa y que no hay violación a la intimidad.
Spagnuolo no había opinado sobre esta cuestión en un comienzo. Tenía otros abogados que habían pedido que se suspendiera el incidente hasta que se levantara el secreto de sumario. Pero ante la decisión de Casanello de rechazar la nulidad decidió apelar y sentar posición. Ahora la discusión está en la Sala II de la Cámara Federal, que convocó a una audiencia para el 4 de noviembre. Será oral porque el abogado de los Kovalivker dijo que quería exponer ante el tribunal.
Palabras y silencios de Spagnuolo
“Se desconoce quién captó esas grabaciones, en qué condiciones, cuál era el contexto, quiénes eran los interlocutores, cuál es la fecha y si el material fue alterado o incluso generado mediante inteligencia artificial. En tales condiciones, ni siquiera puede afirmarse con certeza a quién corresponde la voz allí registrada. La sola atribución a mi persona no descansa en prueba alguna, no hay pericia acústica, no hay cadena de custodia, no hay constatación técnica. ¿En qué se funda entonces? ¿En la simple ocurrencia de alguien que resolvió decir que era mi voz? Esa arbitrariedad convierte en insostenible cualquier pretensión de validez del material”, dice el escrito de apelación de Spagnuolo, al que accedió este diario. A su entender no hubo control y hubo una “convalidación acrítica de pruebas dudosas” en base a las cuales se avanzó. Igual que su defensora dice que se vulneraron garantías como “la intimidad y la defensa en juicio”.
El texto de apelación de su defensora, Plazas, señala que la investigación empezó con “actos que vulneran derechos constitucionales, en particular, el derecho a la intimidad, lo cual redunda en una vulneración a la garantía del debido proceso”. Recordó que la denuncia que dio origen al a causa, que hizo el abogado Gregorio Dalbón, se basó en los audios difundidos en medios de comunicación donde “se escucharía a mi asistido Spagnuolo dando cuenta sobre el mecanismo de compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad a la compañía Droguería Suizo Argentina”. Ella aclara que eso implica “ningún tipo de admisión con relación a la atribución de esas comunicaciones a mi defendido”, pero “el modo en que habrían sido obtenidas no puede convalidar el inicio de un proceso penal respetuoso de las garantías constitucionales, en tanto se trataría de grabaciones obtenidas de manera subrepticia y oculta”. Ella insiste con la violación al derecho a la intimidad, algo que rebatieron el fiscal Picardi y el juez Casanello con antecedentes de otras causas.
Spagnuolo, por su lado, se quejó del “perjuicio” que le genera la investigación: “además de la exposición pública y el descrédito personal, se dispuso el allanamiento de mi domicilio y el secuestro de bienes que nada tienen que ver con la investigación”. Protestó por el dinero incautado en su caja de seguridad, donde había 80.000 dólares y 2000 euros no declarados. Aseguró que no había accedido a esa caja desde el 3 de marzo de 2023. Fueron, señaló, “casi 10 meses antes de asumir el cargo, circunstancia que que torna imposible cualquier vinculación de tales fondos con los hechos investigados”. Cuestionó que no se le permitió participar en la pericia del celular que le secuestraron que, como informó Página/12, estaba prácticamente todo borrado. “Como si ello fuera poco, se me impuso la prohibición de salida del país, una medida de enorme gravedad que restringe mis libertades más básicas. Todo ello constituye un daño directo, tangible y múltiple, derivado de la violación a mi intimidad y del uso de pruebas de origen incierto”, agregó
Sin entrar en el detalle del contenido de los audios, que no negó ni confirmó, agregó una frase que parece aludir a la hermana del presidente y a “Lule” Menem, señalados en las conversaciones como presuntos destinatarios de un 8 por ciento de lo recaudado en medicamentos: “Resulta cuanto menos llamativo que la voz de esos audios (según parece haberlo interpretado el Juzgado y el Ministerio Público Fiscal) aludiría a presuntas irregularidades cometidas por terceras personas respecto de las cuales, curiosamente, no se dispuso medida alguna ni se impulsó investigación de ningún tipo. En cambio, se me somete a mí a las más severas restricciones a partir de grabaciones apócrifas, incompletas y de origen incierto. Esa selectividad procesal, tan evidente como inexplicable, exhibe la endeblez de las bases sobre las que se ha pretendido construir este proceso”.
La causa volvió a estar bajo secreto de sumario desde la semana pasada que hubo múltiples allanamientos y se levantaría la semana que viene. Se analiza una enorme trama de contrataciones en la Andis y presuntos sobornos. Habrá que ver qué pasa en los próximos días.
Página/12