En diálogo con Radio La Red, el integrante del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco, Roberto Sotelo, analizó el proyecto de ley que busca endurecer las prisiones preventivas. Advirtió sobre el colapso del sistema carcelario – que ya supera el 92% de sobrepoblación – y cuestionó que se ignore el trasfondo social del delito.
El debate sobre la seguridad y el funcionamiento de la justicia penal en el Chaco sumó una voz institucional. Roberto Sotelo, integrante del Comité para la Prevención de la Tortura, brindó una entrevista técnica y política en la que desmenuzó el proyecto de Ley de Reiterancia.
Sotelo fue tajante al calificar la iniciativa como una solución superficial: “Se pretende vender espejos de colores a la ciudadanía con la ley de reiterancia”, afirmó, señalando que se busca resolver la prevención del delito desde un enfoque puramente punitivo, omitiendo un abordaje sociológico de las causas.
Reiterancia vs. Reincidencia: una distinción clave
Durante la entrevista en radio La Red 92.9 MHz, Sotelo aclaró términos legales fundamentales para entender el alcance del proyecto. Explicó que la reincidencia se aplica cuando ya existe una condena firme, mientras que la reiterancia se refiere a la “comisión sucesiva o habitual de delitos” por parte de una persona sin que necesariamente medie una sentencia.
El referente del Comité recordó que, bajo el ordenamiento actual, el encierro preventivo es una medida excepcional para evitar la fuga o el entorpecimiento de la causa. “La libertad es la regla y el encarcelamiento la excepción”, subrayó, advirtiendo que esta ley podría vulnerar principios constitucionales como la presunción de inocencia.
Un sistema carcelario en “estado crítico”
Uno de los puntos más preocupntes de la entrevista fue la radiografía del sistema de encierro en la provincia. Sotelo reveló que, según datos de 2022, el Chaco registra una sobrepoblación del 92,3%, situándose como una de las provincias con mayor cantidad de personas privadas de libertad.
“No tenemos una estructura física como para que esta ley se pueda cumplir”, sentenció. Como ejemplo de la falta de recursos, mencionó la unidad penal de Presidencia Roque Sáenz Peña: “Con una población cercana a las 500 personas, hay solamente dos psicólogos para atender a todos”, detalló, remarcando la carencia de médicos, enfermeros y trabajadores sociales necesarios para una verdadera reinserción.
El sesgo social y las “puertas giratorias”
Sotelo también se refirió al estigma que pesa sobre los sectores vulnerables. Señaló que el sistema carcelario está integrado mayormente por personas pobres y que existe un “sesgo social muy arraigado” que presume la delincuencia en base a la apariencia o el barrio de origen.
Al ser consultado sobre el reclamo social por la denominada “puerta giratoria”, el funcionario reconoció la molestia de la ciudadanía, pero propuso alternativas al encierro para delitos menores que ya están previstas en la ley, aunque carecen de control:
- Dispositivos electrónicos de monitoreo.
- Prisiones domiciliarias controladas.
- Presentaciones periódicas obligatorias ante la justicia.
El desafío del nuevo Régimen Penal Juvenil
Finalmente, Sotelo expresó su preocupación por la próxima entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil, advirtiendo que sumará más actores a un sistema que ya está saturado. Instó a que el trabajo con adolescentes infractores no sea “netamente de resguardo policial”, sino orientado a brindar herramientas de formación para evitar la marginación definitiva.
De ser aprobado el proyecto de reiterancia, el integrante del Comité adelantó que sería necesario un análisis de constitucionalidad, ya que podría chocar con tratados internacionales de derechos humanos y principios básicos de la justicia argentina.
La Red Noticias