Las organizaciones ambientalistas denuncian que miles de ejemplares son capturados año a año para ser comercializados ilegalmente como mascotas, productos artesanales – como ornamentos y joyas – , medicinas o para coleccionismo. Se calcula que sólo el comercio ilegal de fauna genera entre 15 y 20 mil millones de dólares al año.
Entre las aves se encuentran el loro hablador, el tucán, el flamenco y el cardenal amarillo; entre los reptiles el lagarto overo, la tortuga terrestre y la boa lampalagua; y entre los mamíferos los monos caí y carayá y las especies marinas. Aunque la organización ambientalista Wildlife Conservation Society Argentina (WCS) también resaltó dentro de esta lista a “una creciente cantidad de felinos” – dentro de este grupo se encuentra el yaguareté – y a plantas como cactus, orquídeas e, incluso, maderas preciosas por diversas características.
Si bien llevarse piedras, plantas, semillas o huevos tras un paseo por la naturaleza o visitar algún destino turístico puede parecer inofensivo, la organización alerta sobre el impacto acumulativo de esta actividad, que podría ser grave para las especies y los ecosistemas. Por este mismo motivo tampoco hay que extraer ni recoger plantas nativas. Y para no fomentar esas extracciones, se recomendó evitar souvenirs que contengan derivados de la naturaleza – corales, caracoles, caparazones, plumas, pieles o maderas – sin certificado legal.
“Comercio clandestino”
Carina Righi, coordinadora de prevención contra el tráfico de vida silvestre de WCS Argentina, explicó: “Al adquirir un animal o planta nativa o incluso un objeto elaborado con partes de animales – ya sea cuero, hueso, plumas o caparazones -, aunque muchas veces no lo sepamos, podemos estar contribuyendo a un mercado ilegal que causa un daño profundo y silencioso a la biodiversidad.
Este comercio clandestino no solo destruye hábitats naturales y empuja a numerosas especies al borde de la extinción, sino que también altera gravemente los equilibrios ecológicos de los ecosistemas”.
En esa línea, sostuvo: “extraer animales de su ambiente natural implica un riesgo sanitario porque pueden portar o transmitir enfermedades zoonóticas, que, al ser introducidos en nuevos entornos o entrar en contacto con personas, representan una amenaza concreta para la salud pública y ambiental”. Por eso, la organización aconseja no levantar, “rescatar” o comprar animales silvestres en caminos, rutas o en los destinos. Además, tampoco es recomendable alimentar ni tocar animales silvestres.
El mascotismo – la práctica de mantener animales silvestres como mascotas – y el avance de la agricultura y los proyectos inmobiliarios sobre zonas naturales colaboran en la expulsión de los animales de sus hogares. Esta pérdida de hábitats los lleva a lugares ajenos, como las ciudades: además de aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades para la población humana, empeora sustancialmente la vida de los animales.
Y se generan las dificultades propias de la cohabitación de humanos y animales sivestres, como por ejemplo los problemas causados por los carpinchos en los barrios privados del Tigre o las incursiones de mapaches y osos en ciudades de Estados Unidos o las “invasiones” de elefantes en zonas urbanas en distintos países de Asia y África.
Marcos legales
Para prevenir y hacerle frente a este comercio ilegal se debe trabajar tanto en la oferta como en la demanda. La coordinadora destacó la necesidad de un “trabajo conjunto entre las instituciones gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil”, donde se coordinen acciones con los distintos niveles del Estado para fortalecer el cumplimiento de los marcos legales.
La organización llama a que si se presencia o se sospecha de ventas que parecen no ser legales, extracción de especies o que alguien circula con animales silvestres o sus partes, sea notificado a las autoridades del lugar. La ley nacional plantea penas de un mes a cinco años para quienes cacen, capturen o comercialicen animales de fauna silvestre que estén prohibidas o vedadas por las autoridades jurisdiccionales, lo hagan sin autorización o con armas o medios prohibidos.
En cada provincia hay un organismo encargado de esta tarea. De todas formas, a nivel nacional esta tarea se engloba en la Brigada de Control Ambiental (BCA) dependiente de la Subsecretaría de Ambiente, que tiene como misión la fiscalización, control, preservación ambiental y prevención de la contaminación. En el primer tiempo de funcionamiento – fue creado a mediados del 2020 – rescató alrededor de 600 animales silvestres y otros 600 fueron protegidos judicialmente por las condiciones de vida en zoológicos.
Las especies nativas fueron reinsertados en su entorno natural, luego de un proceso de rehabilitación. Sin embargo, el porcentaje más grande de animales rescatados pertenece a especies exóticas, que no pueden liberarse. Para estos casos, se decidió trasladarlos a santuarios o centros de rescate.
A nivel mundial, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) realizaron un operativo conjunto donde en un mes rescataron casi 20 mil animales vivos: todos eran especies en peligro de extinción o protegidas. Identificaron seis redes de tráfico internacional y arrestaron a más de 350 personas.
Página 12