La promesa de una lluvia de dólares a través del RIGI se convirtió en el principal estandarte del Gobierno de Milei para mostrar el éxito de su programa económico. Pero detrás de los anuncios multimillonarios, la letra chica dice que el Estado dejará de recaudar USD 1.800 millones en impuestos.
Hay falta de anclaje local en el nuevo proyecto para mega inversiones. La advertencia del sector productivo y la cuenta de cuánto resigna el Estado de recaudación para subsidiar proyectos extractivos donde los capitales entran y se van.
A esta sangría fiscal se suma el fuerte cuestionamiento del sector industrial, que advierte sobre un modelo que se profundiza con el Súper RIGI con el que – con mayores beneficios – los dólares, así como entran por beneficios excepcionales, se irían del país al no existir un anclaje que apunte a derramar esa riqueza en el entramado productivo local.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya acumula 36 iniciativas, con un monto proyectado de USD 94.965 millones entre proyectos aprobados y en etapa de evaluación. De ese total, hay 15 emprendimientos que ya recibieron luz verde, con compromisos de capital por USD 27.210 millones, indicó un relevamiento de la consultora Paspartú en base a datos oficiales.
La contracara de este ingreso de divisas es el impacto directo sobre las cuentas públicas. Según los cálculos elaborados por el equipo del diputado nacional Guillermo Michel, los 13 proyectos iniciales – aún no calcularon cuánto más sumarían los otros dos aprobados recientemente – generarán un gasto tributario de USD 1.837 millones anuales, lo que equivale a una pérdida de recaudación del 0,27% del PBI.
La cuenta a largo plazo resulta aún más pesada para las arcas del Estado. La proyección técnica indica que por cada USD 100.000 millones de inversión que ingresen al régimen, el país resignará un punto porcentual del PBI en impuestos. Esta caída en la recaudación se explica por exenciones como la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, las retenciones nulas a partir del tercer año y los beneficios excepcionales para importar insumos y bienes de capital sin pagar aranceles.
El reclamo industrial: dólares que entran y se van
En el mundo productivo advierten que este millonario sacrificio fiscal termina subsidiando a grandes petroleras y mineras que, por las propias condiciones de sus negocios, iban a realizar sus desembolsos de todas formas. “Estás cediendo demasiado, la guita que entra tiene que, al menos, consumir algo localmente. Pero entra y se va”, planteó un industrial textil con peso en el sector.
El cuestionamiento es que el Gobierno “está regalando renta” a proyectos que “no lo necesitaban” sin dejar un multiplicador local. “El 20% para proveedores locales del RIGI se está usando entero para la obra pública”, cuestionó un metalúrgico.
Este diagnóstico también lo llevó el informe de la consultora especializada de Juan José Carbajales, que apuntó sobre la decisión oficial de incluir al sector del upstream petrolero en el régimen. De acuerdo al informe, este esquema “habilita proyectos de producción en Vaca Muerta que ya eran rentables sin el RIGI”, lo que constituye un grave “riesgo fiscal” al “dar beneficios a inversiones que ocurrirían igual”.
Para los especialistas, garantizar estabilidad regulatoria por 30 años funciona como un “agujero de gusano” jurídico, donde el Estado fomenta “proyectos que iban a suceder necesariamente”.
Súper RIGI y la profundización de la sangría
Lejos de revisar este esquema, la apuesta oficial redobló la marcha con la instrumentación del Súper RIGI. Esta nueva versión amplía los beneficios para sectores como la industrialización del litio, el hidrógeno verde y el GNL. Al mismo tiempo, profundiza la renuncia fiscal: el Impuesto a las Ganancias cae al 15% y se fija un tope del 10% para las contribuciones patronales. Si se proyecta una inversión de USD 100.000 millones bajo estas nuevas reglas, el costo tributario salta a 1,27 puntos del PBI, según los números del extitular de la AFIP (ahora ARCA).
Pero el mayor reclamo industrial radica en que la ley “no contiene política de proveedores industriales ni fomento de I+D”, como señaló el reporte de Paspartú. A diferencia del RIGI original, al que en el Congreso se le introdujo la exigencia de un 20% de compras locales, el Súper RIGI no asegura la integración nacional. Sin este anclaje, los dólares que ingresan vuelven a salir rápidamente para pagar importaciones o girar dividendos, dejando al país sin desarrollo fabril.
La contracara en la economía real: caída del empleo
Este modelo de megainversiones que no derraman contrasta de manera brutal con la realidad de la economía de a pie. Mientras los sectores extractivos celebran rebajas impositivas a tres décadas, la industria nacional y el comercio atraviesan una crisis profunda.
Según el último informe del espacio Misión Productiva, basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), “casi el 60% de las ramas productivas privadas destruyó empleo registrado entre noviembre de 2023 y febrero de 2026”. El nivel de caída es generalizado: 554 de los 948 subsectores económicos relevados perdieron puestos de trabajo formales en ese período.
La construcción encabeza el derrumbe con la pérdida de 81.295 empleos, seguida de cerca por la industria manufacturera, que expulsó a 76.556 trabajadores formales. La sangría también golpeó a los servicios de transporte y almacenamiento (con 61.107 puestos menos) y a las actividades profesionales, científicas y técnicas (con una baja de 25.449 empleos).
El documento también destacó que esto sea un proceso de saneamiento transitorio. “La creación de empleo de los sectores que crecen está lejos de compensar a los sectores que destruyen”, afirmaron los especialistas, advirtiendo que “el proceso no se asemeja a una ‘destrucción creativa’ sino a la caída mayoritaria de la economía”.
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