Actualmente, el sistema de jubilaciones que se encuentra vigente fue establecido por un DNU de Javier Milei en el mes de marzo. Este propone un esquema sujeto al Índice de Precios al Consumidor (IPC), sumado a un 12,6% de recomposición en marzo. El proyecto que se debatirá, bajo el nombre del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, plantea la combinación entre el IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con un ingreso extra del 8,1% para jubilados.
Si bien existían contribuciones de los senadores Martín Lousteau (sobre la fórmula del cálculo de remuneraciones), Edgardo Kueider (para la creación de la unidad de cuenta previsional) y de Edith Terenzi (para la recomposición de emergencia de haberes previsionales), el peronismo y el radicalismo firmaron el mismo dictamen que reproduce lo aprobado en Diputados. En tanto que La Libertad Avanza y dos radicales en disidencia (Vischi y Zimmermann) rubricaron una que oficializaría el decreto que se encuentra en vigencia.
Senado debate jubilaciones: las distintas posturas
En una sesión del mes de julio, el Senado de la Nación tuvo la oportunidad de aprobar con mayoría especial el proyecto que había sido sancionado en Diputados. Sin embargo, un acuerdo entre la Unión Cívica Radical (bloque que redactó e impulsó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en la Cámara baja) y La Libertad Avanza terminó por postergar su tratamiento, que se encuentra ahora en proceso de reuniones informativas en comisiones.
El invitado de la jornada fue Manuel Mera, del CIPPEC, que expresó la dificultad de sostener el actual sistema jubilatorio: “Necesitamos un cambio en el régimen general, dejar de pensar en moratoria y quitar el requisito de 30 años mínimo para obtener una jubilación. Proponemos crear un componente contributivo que premie todos los aportes hecho por la persona”, dijo, y remarcó la necesidad de contemplar la situación nacional, en donde coextiste un “alto grado de informalidad y una lógica compleja de contribución”.
En el anterior plenario de comisiones, la posición del Gobierno fue defendida por Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación: “No es una obsesión el equilibrio financiero, sino que es una necesidad” y agregó que “hay artículos del proyecto que tienen un impacto fiscal importante, ya que el 60% del presupuesto nacional son jubilaciones y pensiones. Se decidió hace unos meses modificar por DNU la fórmula de ajuste previsional con el objetivo de no seguir afectando la situación de los jubilados”.
Según el informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, que analizó el impacto fiscal del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, la aprobación del proyecto representaría un gasto adicional en jubilaciones y pensiones de entre el 0,44% del PBI este 2024. El próximo año, y si bien se deben contemplar los índices desprendidos del IPC y el RIPTE, el impacto fiscal se encontraría entre 0,69% y 0,80% del PBI.
Asimismo, el funcionario admitió que, de cumplirse el artículo que propone la cancelación de deudas con los cajas previsionales provinciales y los juicios particulares, “implica que el Estado no tenga superávit primario”.
El envío de los fondos adeudados a los distritos por deudas es una de las principales reticencias del Gobierno nacional: la suma asciende a $703.353 millones, lo que equivale a un 0,13% del PBI. El nuevo proyecto establece, además, un plazo de seis meses para cancelar deudas previsionales con los distritos o por juicios con sentencia firme.
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