En principio, como sucediera con otras reglamentaciones que imponen un cierto poder de policía a los empleados y a los titulares de las Estaciones de Servicio, la noticia causó rechazo y críticas desde la dirigencia del rubro. Sin embargo, analistas legales que asesoran a la actividad han instado a tomar la medida de manera positiva.
Se trata de la Ley 10.725, que según explicaron desde la legislatura provincial a surtidores.com.ar, “busca mejorar la seguridad vial en la provincia de La Rioja, y su éxito dependerá en gran medida de la colaboración y el cumplimiento de los estacioneros y del público en general“.
En este sentido, y ante la posibilidad de que este tipo de proyectos se extienda a otros lugares del país, especialistas legales consideran importante que las Estaciones de Servicio comiencen a prepararse y adopten las medidas necesarias para estar en conformidad con posibles futuras regulaciones similares, anticipándose a que los recursos de amparo contra esta norma puedan ser rechazados por los jueces.
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Recomendaciones
El abogado Francisco Turzi, titular del estudio Turzi Abogados, subrayó la importancia en que los expendedores tomen medidas proactivas para evitar complicaciones y sanciones. En ese sentido, el experto ofreció varias recomendaciones clave para prepararse adecuadamente.
Como primer paso, aconsejó la instalación de cartelería visible para informar claramente a los consumidores sobre la prohibición de venta de combustible a vehículos sin chapa patente y a motociclistas sin casco protector. “Colocar avisos en lugares estratégicos ayudará a evitar malentendidos y a cumplir con la normativa“, destacó Turzi. Agregó que estos textos deben aclarar que, por disposición legal, están impedidos de vender combustible a vehículos sin patente, y cualquier reclamo deberá ser dirigido directamente a la municipalidad correspondiente.
Por otro lado, enfatizó la necesidad en que las Estaciones de Servicio de bandera, especialmente aquellas ubicadas en zonas rurales o inhóspitas donde es más común encontrar vehículos sin patente, presenten sus inquietudes ante las autoridades de manera conjunta y con el respaldo de sus respectivas petroleras. “La unidad y el respaldo de las grandes empresas pueden ser cruciales para plantear de manera efectiva las dificultades y buscar soluciones adecuadas“, señaló.
Además, Turzi ponderó que todos los empleados estén capacitados sobre la nueva normativa y sepan cómo actuar ante situaciones que involucren a clientes que no cumplan con los requisitos establecidos. “Un personal bien profesionalizado es la primera línea de defensa para asegurar el cumplimiento de la ley y evitar conflictos“, aseveró el abogado.
En tercer lugar, y de ser posible en cada caso particular, el letrado sugirió el uso de herramientas tecnológicas de control y verificación de patentes y cascos, lo cual puede facilitar el cumplimiento de la obligación y reducir el margen de error. “Estas herramientas también pueden ayudar a llevar un registro de incidentes y reclamaciones, lo que puede ser útil en caso de disputas”, expresó.
Finalmente, llamó a fortalecer la comunicación con los clientes, estableciendo canales efectivos para explicarles la nueva regla y los motivos de su implementación, para generar mayor comprensión y cooperación por parte del público.
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Perspectiva legal y opiniones encontradas
Desde un punto de vista legal, Turzi aclaró que si bien la ley puede parecer estricta, es una medida legítima que busca garantizar la seguridad vial. “El ejercicio del poder de policía para ser efectivo debe respaldarse en el uso de la fuerza pública, y esta última función es monopolio estatal“, señaló, destacando que solo el Estado puede ejercerlo.
Sin embargo, admitió que la implementación de esta normativa podría generar polémica. “Si un auto llega sin patente a cargar combustible, es porque nadie lo controló en la vía pública“, argumentó, sugiriendo que los expendedores de combustible no deberían suplir las omisiones de la autoridad pública.
A pesar de esto, Turzi consideró que la medida no es objetable desde el punto de vista judicial y que un amparo contra esta disposición probablemente no prosperaría, dado que el Estado Provincial tiene la autoridad para imponer restricciones que considere necesarias para la seguridad pública.
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