En la Secretaría de Energía estiman un salto de costos de hasta USD 800 millones anuales, según un informe al que accedió LPO.
El Gobierno se prepara para darle un nuevo golpe a los bolsillos luego de las elecciones. Esta vez vendrá de la mano de la “transformación” del mercado eléctrico argentino. El primer paso es dolarizar el pago a las generadoras, desplazando el peso del ajuste hacia comercios, industrias y usuarios no residenciales. En los papeles, promete “estabilidad” para los hogares; en la práctica, dispara los costos y deja todo atado a la cotización del dólar.
La reforma del mercado eléctrico que resolvió el Gobierno divide el sistema en dos grandes segmentos: el mercado estacionalizado y el desestacionalizado. En el primero quedan los usuarios residenciales y no residenciales. Estos últimos son comercios, pymes, clubes y cooperativas, que seguirán comprando la energía a través de Cammesa con tarifas reguladas por el Estado.
En el segundo, el mercado desestacionalizado, entran los grandes usuarios. empresas con alta demanda, que podrán contratar directamente con las generadoras a precios libres, en dólares, sin pasar por la intermediación estatal.
El corazón de la reforma es la dolarización de la generación eléctrica, que deja atrás el esquema de precios a costo medio, donde el Estado pagaba a todas las centrales un valor promedio de producción.
En este nuevo régimen, el precio lo fija la última central que entra al despacho para cubrir la demanda, generalmente la más cara. En términos simples: si una termoeléctrica que quema gasoil es la que completa la oferta, toda la energía del sistema se paga a ese precio, aunque haya otras que produzcan más barato.
En el mercado desestacionalizado, los precios quedarán directamente atados al tipo de cambio, y en el estacionalizado, aunque el Estado siga fijando valores de referencia, cada devaluación o ajuste fiscal se trasladará a la tarifa con mayor rapidez.
Daniel González, coordinador del área de energía, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto de Diputados reconoció que bajo al lógica de la “recomposición de balances”, el nuevo modelo establece que los grandes usuarios enfrentarán un aumento promedio del 15% anual, con picos de hasta 35% en invierno.
Para el sistema, eso significa un salto de ingresos de hasta 785 millones de dólares por año, según un informe interno de la Secretaría de Energía que lleva la firma del director Nacional de Regulación del Mercado Eléctrico Mayorista Marcelo Positino, al que accedió LPO en exclusiva.
Este documento en el anexo final reconoce que el nuevo esquema favorece la estabilidad del segmento residencial, pero a costa de “mayor volatilidad y necesidad de cobertura contractual” para los sectores no residenciales e industriales. En otras palabras, el sistema se vuelve más frágil, más dolarizado y más expuesto a shocks externos.
“La supuesta protección a los residenciales es un mito. La dolarización generalizada convierte cada devaluación en un nuevo tarifazo”, aseguró a LPO un ex funcionario del área.
Estudios académicos estimaron que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 las facturas promedio de gas natural aumentaron 799% para hogares y 992% para comercios y pymes, mientras la energía eléctrica trepó 524% y 570% respectivamente. Además unos 2 millones de hogares perdieron el subsidio a la electricidad y 705 mil el del gas.
Los especialistas advierten que la dolarización de la generación eléctrica en un país con un riesgo cambiario crónico como la Argentina es un riesgo alto.
El descalce entre la estructura dolarizada de los contratos y la economía real pesificada genera un círculo vicioso: el Estado acumula deuda con el sector y el Tesoro no puede cubrirla sin emitir o endeudarse.
Por eso, si la brecha se amplía y las tarifas no acompañan, la situación se vuelve jurídicamente explosiva. Las empresas internacionales recurren a tribunales como el CIADI alegando violación de contratos, mientras el Estado intenta evitar que los argentinos paguen facturas dolarizadas a precios imposibles.
Por eso, la dolarización no solo pone en riesgo la estabilidad macro, sino que reabre la puerta a una nueva ola de litigios internacionales: un déjà vu de los años posteriores al 2001, donde la crisis cambiaria terminó judicializándose en Estados Unidos.
LPO