Los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002 regresaron a la actividad este lunes tras la feria judicial de invierno, con lo que se reactivaron las causas judiciales de mayor trascendencia, entre ellas la investigación sobre el patrimonio del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Horas antes de comenzar el receso invernal, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que señaló inconsistencias entre los ingresos y los gastos del ex vocero presidencial y su esposa, Bettina Angeletti.
Poco se sabe del contenido de ese documento, que es una bisagra del caso. Infobae pudo corroborar con fuentes judiciales que la DAFI le puso número a todas las irregularidades detectadas, que están segmentadas año por año.
A partir de ese informe, el fiscal Pollicita retomó este lunes la confección de un requerimiento de justificación patrimonial, que se basará en las inconsistencias detectadas por la DAFI. El equipo de investigadores que trabaja en el caso avanzó sobre el tema incluso durante la feria.
Aun sin fecha definida, la fiscalía pedirá al juez Ariel Lijo que le ordene a Manuel Adorni responder el requerimiento para dar -por primera vez en los tribunales- explicaciones sobre su fortuna.
El exvocero tendrá así la oportunidad de justificar formalmente todos los grises y huecos que hay en su patrimonio. Públicamente, antes de renunciar, reveló que invirtió 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin en 2014, y que esa prematura apuesta por las criptomonedas le dejó en el bolsillo medio millón de dólares que nunca declaró ni empezó a gastar hasta convertirse en funcionario público.
Si la versión que vuelque ante la Justicia no desarma las sospechas de enriquecimiento ilícito, entonces el fiscal podría dar un paso más y pedir que Adorni sea llamado a declaración indagatoria, el escalón previo a un eventual procesamiento.
Al rectificar sus declaraciones juradas y presentar la última, correspondiente al 2025, Adorni exhibió una tenencia de USD 565.000 por una “venta de activos”, de la cual no se conocen mayores detalles. La Justicia busca saber si ese punto refiere al cambio de criptomonedas a dólares.
Precisamente a partir de la presentación de sus DDJJ, el entonces ministro coordinador del Gabinete, recibió una nueva ola de denuncias en Comodoro Py.
Lo denunciaron por presunta falsedad ideológica los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro; el abogado de la Fundación Apolo, José Magioncalda; y Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz.
Entre esas denuncias se advirtió una intención deliberada de Adorni de ocultar su patrimonio para no pagar impuestos y, al mismo tiempo, eludir los controles a los que debería haberse sometido al convertirse en funcionario.
El delito de falsedad ideológica, previsto en el artículo 293 del Código Penal, castiga con hasta seis años de prisión a quien inserte declaraciones falsas en un documento público.
Las denuncias habían recaído por sorteo de la Cámara Federal en distintos juzgados y fiscalías de Comodoro Py. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, todos los expedientes se unificaron con la causa madre que llevan adelante Lijo y Pollicita.
Al observar las nuevas denuncias, los funcionarios a cargo del caso consideraron que se trata del “mismo objeto procesal con diferente encuadre jurídico”. Así, en adelante, las sospechas de falsedad ideológica se investigarán a la par del enriquecimiento ilícito.
Fuente: Infobae