La demanda solicitó tutela preventiva frente a la ejecución simultánea de ceses, cierres de delegaciones y sustituciones de personal de inteligencia sin un régimen de transición acreditado.
En el fuero Contencioso Administrativo Federal se presentó una acción de amparo por parte de un ex agente de inteligencia, patrocinado por Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, que somete a control judicial la relación entre las facultades de organización del Poder Ejecutivo y la preservación de funciones esenciales frente a derechos constitucionales como la vida, la integridad física y la seguridad de los habitantes.
La pretensión no impugna la potestad estatal de convocar nuevos agentes ni de modificar la estructura, sino que solicita una tutela preventiva frente a la ejecución simultánea de ceses, cierres de delegaciones y sustituciones de personal sin un régimen de transición acreditado que garantice la cobertura de funciones estratégicas.
El conflicto se centra en una cuestión normativa. El Decreto 1021/2026, que aprobó el nuevo Estatuto para el Personal de la SIDE, dispuso que su entrada en vigencia general sería en 2027, pero exceptuó el artículo 97, que exige la aprobación inmediata de un régimen de transición destinado a adecuar situaciones preexistentes, reconocer antigüedad y administrar la progresividad de las exigencias.
Según la demanda, la Resolución SIDE 941/2026 —que reglamentó el ingreso y abrió el Concurso Público 2027— se estaría ejecutando en paralelo con desvinculaciones y reconfiguraciones territoriales sin que se acredite la instrumentación de ese régimen. El planteo sostiene que la omisión configura una amenaza: el intervalo entre la salida de agentes experimentados y la formación efectiva de los reemplazantes podría generar una discontinuidad de capacidad estatal en un contexto de alertas de seguridad oficialmente comunicadas.
Respecto de la prueba, se argumenta que no puede exigirse al ciudadano acompañar legajos, organigramas reservados o planes de contingencia que se encuentran bajo la custodia exclusiva de la SIDE y de la Escuela Nacional de Inteligencia. Se invoca el artículo 7 de la Ley 16.986 para solicitar una producción anticipada y urgente de prueba informativa. La solicitud no requiere que el juez sustituya la planificación del Ejecutivo, sino que el Estado informe, con documentación oficial, si existe un plan documentado de transferencia de conocimientos, cuál es la nueva distribución de funciones y qué cobertura se prevé para las delegaciones suprimidas o transformadas en “órganos adelantados”.
El pedido de medida cautelar de no innovar se circunscribe a nuevas desvinculaciones o vaciamientos de puestos técnicos vinculados a la implementación del régimen 2027, en tanto no se acrediten ante el tribunal las previsiones de continuidad operativa. No comprende la suspensión de la actividad de inteligencia ni del concurso de ingreso. Se ofrece contracautela y se invoca el interés público, señalando que la finalidad de la tutela es preservar la regularidad de las funciones esenciales. En caso de urgencia extrema, se solicita una protección interina en los términos del artículo 4 de la Ley 26.854.
El escrito argumenta la existencia de un caso judicial en términos constitucionales. Se invoca una afectación singular —el conocimiento directo de las consecuencias técnicas de la discontinuidad— y una afectación colectiva e indivisible —la seguridad de la población en un contexto de alerta—, con apoyo en la doctrina de la Corte Suprema en “Halabi” y “Thomas” y en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
La demanda incorpora como contexto los acuerdos internacionales de cooperación en seguridad, el reequipamiento en el Atlántico Sur y las ampliaciones presupuestarias dispuestas por los DNU 594/2026 y 867/2026. No se presume ilegalidad por estos hechos, pero se solicita que se informe si el aumento de recursos guarda correspondencia con la estructura operativa proyectada.
El caso plantea un interrogante: si el Poder Ejecutivo puede reorganizar un área crítica del Estado sin documentar cómo garantizará la continuidad del servicio. El tribunal deberá resolver entre la reserva de la actividad de inteligencia y el control de la razonabilidad de los actos de gobierno.
La causa quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo n° 1 a cargo del juez Enrique Alonso Regueira.
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