El economista Cristian Ocampo analizó en CIUDAD TV el nuevo programa de créditos hipotecarios financiado con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. También cuestionó el proyecto de “Inocencia Fiscal II”, planteó reparos sobre la independencia del Banco Central y advirtió por el crecimiento del endeudamiento de las familias.
Ocampo consideró positiva la decisión del Gobierno nacional de impulsar una nueva línea de créditos hipotecarios con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, aunque cuestionó las contradicciones que, según planteó, existen entre esta medida y otras políticas de la administración nacional.
Sostuvo que el acceso al crédito requiere de la intervención estatal para reactivar la economía. “Se necesita la mano del Estado para poder reactivar la economía”, afirmó, y remarcó que la iniciativa vuelve a recurrir a un instrumento que, según recordó, ya fue utilizado por gobiernos anteriores.
Ocampo explicó que el FGS tiene como objetivo preservar el valor de los aportes de los trabajadores activos para las futuras jubilaciones, pero consideró que sus recursos pueden utilizarse de manera solidaria para generar líneas de financiamiento accesibles.
En ese sentido, mencionó como antecedente al Procrear, que permitió a numerosas familias acceder a una vivienda, y recordó las dificultades que atravesaron algunos beneficiarios con los créditos ajustados por UVA. “No es un problema del Fondo de Garantía, es un problema de la macroeconomía que tuvo con el proceso inflacionario”, aclaró.
Para el economista, la medida puede contribuir a generar confianza en el sector privado y favorecer una mayor circulación de fondos hacia la economía. Sin embargo, cuestionó las señales que brinda el Gobierno en otras áreas.
“La medida es buena, lo que preocupa son las contradicciones que tiene el Gobierno”, sostuvo, y vinculó esas señales con las dificultades para reducir el riesgo país y atraer inversiones.
Debate y sanciones en la Cámara de Diputados
Al analizar la sesión de este miércoles en Diputados, Ocampo puso el foco en los proyectos que obtuvieron media sanción, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y el denominado régimen de “Inocencia Fiscal II”.
Sobre este último, consideró que puede representar un alivio para el sector empresario, particularmente para las pequeñas y medianas empresas de la región. Sin embargo, manifestó dudas respecto de quiénes terminarán siendo los principales beneficiarios de la flexibilización de controles.
“Esto me huele a un esquema de exclusión de la tributación a grandes empresas, empresas que evaden montos realmente significativos que atentan en definitiva contra el bienestar general”, afirmó.
En esa línea, cuestionó la reducción de facultades de organismos como ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF), al considerar que el Estado necesita conservar sus herramientas de control y fiscalización para garantizar la recaudación tributaria.
“El Estado se financia con recursos, recursos que provienen de la recaudación fiscal”, remarcó, y sostuvo que esos recursos son necesarios para sostener los servicios que se brindan a la comunidad.
Ocampo diferenció entre una medida que pueda beneficiar a un pequeño empresario que, por dificultades económicas, haya incurrido en alguna omisión impositiva y un esquema que termine favoreciendo a grandes grupos económicos.
“Bienvenido sea este alivio fiscal. Pero no me huele a que es para el empresario pyme. Me huele que es para megacorporaciones”, afirmó.
Respecto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el economista cuestionó que el proyecto busque garantizar la independencia de la entidad mientras, según planteó, existen dudas sobre la independencia de quienes podrían quedar al frente de la institución.
En ese sentido, vinculó la discusión con la designación de personas que, según afirmó, son socias de una misma consultora. “El equilibrio fiscal está costando mucho a los argentinos, está costando un deterioro del Estado que va a llevar mucho tiempo después poder nuevamente recuperar”, sostuvo.
Para Ocampo, la contradicción radica en que el Gobierno plantea la independencia del Banco Central como uno de los objetivos de la reforma, pero al mismo tiempo impulsa decisiones que, desde su perspectiva, generan dudas sobre la autonomía efectiva de la entidad.
El economista también cuestionó que este tipo de señales puedan impactar sobre la confianza de los inversores. En ese marco, relacionó las decisiones adoptadas por el Gobierno con la dificultad para que el riesgo país descienda y para que se produzca un mayor ingreso de inversiones.
Ocampo también se refirió al debate sobre la posibilidad de que funcionarios y exfuncionarios accedan al régimen de inocencia fiscal y valoró que se haya establecido una restricción para quienes ocupan cargos públicos.
“Hubiera sido una barbaridad que incluya a los funcionarios, hubiera sido una carta abierta a la impunidad”, sostuvo.
Recordó además que durante el gobierno de Mauricio Macri existió un esquema de blanqueo que alcanzó a familiares de funcionarios y cuestionó que este tipo de medidas vuelvan a aparecer.
“Esto no está bien, esto no da buenas señales y después nos preguntamos o se pregunta el Presidente por qué no baja el riesgo país si están haciendo todos los esfuerzos”, afirmó.
En su análisis, sostuvo que quienes evalúan realizar inversiones tienen en cuenta este tipo de decisiones y consideró que constituyen uno de los factores que dificultan el despegue de la economía.
Endeudamiento de las familias
Consultado sobre la iniciativa de la oposición para avanzar con un proyecto de desendeudamiento de las familias, Ocampo consideró que se trata de una discusión necesaria frente al nivel de endeudamiento que atraviesan muchos hogares.
El economista vinculó esta situación con el crecimiento de los créditos otorgados por bancos y billeteras virtuales y con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Advirtió que muchas familias ya no recurren al financiamiento para adquirir bienes duraderos, sino para afrontar gastos de consumo y necesidades básicas.
En ese contexto, consideró que el Estado debe intervenir y no dejar el problema exclusivamente en manos de quienes contrajeron las deudas. “El Estado no se puede hacer distraído, esto no es un problema de particulares”, afirmó.
Ocampo también sostuvo que el aumento de la morosidad puede terminar afectando al sistema financiero en su conjunto. “Genera un problema sistémico porque entran en riesgo los bancos”, explicó, y señaló que el incremento de los incumplimientos también impacta sobre las tasas de interés.
Por eso, valoró el respaldo que obtuvo la iniciativa en Diputados y planteó que el objetivo debería ser avanzar hacia un mecanismo de saneamiento de las deudas familiares.
“Bienvenida sea esta mayoría que se ha conseguido en Diputados para generar, por ejemplo, un esquema de saneamiento definitivo a la familia y no a tasa subsidiada, a tasa cero”, sostuvo.
En esa línea, advirtió que el costo de una crisis en el sistema financiero podría ser mayor que el de implementar una política destinada a resolver el sobreendeudamiento de los hogares. “El problema macro que se puede generar con la caída de un banco, del sistema financiero puede ser mucho peor que generar un esquema de desendeudamiento de la familia a tasa cero”, concluyó.