El inicio de 2026 dejó al descubierto un fenómeno que empieza a repetirse en distintos sectores de la economía: empresas que acuden a la Justicia para intentar ordenar sus pasivos o directamente liquidar sus operaciones.
Entre concursos preventivos, defaults y procesos falenciales, varias compañías medianas y grandes quedaron atrapadas en un mismo patrón: caída del consumo, mayor competencia de productos importados, dificultades para acceder al crédito, presión de costos y cambios en la dinámica de los mercados.
El mapa de empresas que ingresaron en procesos concursales o quebraron en los últimos meses incluye firmas industriales, agropecuarias, tecnológicas y de consumo masivo, lo que refleja que el deterioro financiero no responde a un único sector.
En muchos casos, el concurso preventivo aparece como la última herramienta para evitar un colapso total, mientras que en otros procesos el deterioro fue tan profundo que la Justicia avanzó directamente con la quiebra.
Electrodomésticos y retail: consumo débil y presión de importaciones
Uno de los casos más recientes es el de Goldmund, la empresa propietaria de la marca de electrodomésticos Peabody, que en marzo solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante la Justicia comercial.
La firma, que durante años logró posicionarse en el mercado local con pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar, enfrenta ahora un escenario complejo marcado por la caída del consumo y una competencia cada vez más intensa de productos importados. El pedido judicial apunta a abrir una negociación formal con acreedores para reestructurar su pasivo y preservar la continuidad del negocio.
El deterioro del sector del retail quedó aún más expuesto con el final de Garbarino, uno de los nombres históricos del comercio minorista argentino. Tras más de cuatro años de proceso judicial, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 decretó la quiebra definitiva de la cadena, luego de que fracasara el proceso de salvataje que buscaba encontrar un inversor dispuesto a rescatar la empresa.
En su momento de mayor expansión, Garbarino llegó a tener más de 300 sucursales y cerca de 5.000 empleados. Sin embargo, el cambio en el negocio del retail, el crecimiento del comercio electrónico y los problemas financieros acumulados terminaron reduciendo la operación a apenas tres locales y menos de 20 trabajadores antes de su liquidación judicial.
Crisis en el agro: empresas endeudadas y campañas adversas
El agro tampoco quedó al margen de la ola de dificultades financieras. Un caso reciente es el de Italar SRL, una empresa agrícola con base en Charata, Chaco, que terminó solicitando su concurso preventivo de acreedores luego de varios años de expansión apalancada en financiamiento bancario y bursátil.
La firma había emitido instrumentos de deuda en el mercado de capitales para financiar su crecimiento productivo, pero una serie de campañas adversas terminó deteriorando su estructura financiera.
Según datos del sistema bancario, la empresa acumula deudas superiores a $16.200 millones, además de más de 40 cheques rechazados por falta de fondos.
Ante la Justicia, la compañía explicó que llegó a perder hasta el 95% de su capacidad productiva tras varias campañas con rendimientos muy por debajo de lo esperado, un escenario que golpeó con fuerza a las explotaciones agrícolas de la región chaqueña.
El caso vuelve a poner en foco los riesgos de los modelos productivos altamente apalancados, especialmente cuando se combinan factores climáticos adversos con un cierre del crédito financiero.
En paralelo, uno de los procesos más resonantes del año fue la quiebra de Bioceres S.A., la sociedad que dio origen al grupo biotecnológico nacido en Rosario en plena crisis de 2001.
El juez civil y comercial Fernando Mecoli decretó la apertura del proceso falencial tras reconocer el estado de cesación de pagos de la compañía, que acumulaba deudas superiores a u$s39 millones y un patrimonio neto profundamente negativo.
La quiebra tiene además una dimensión corporativa compleja. En los últimos años el grupo atravesó una reestructuración interna que separó los activos globales, entre ellos la biotecnológica Bioceres Crop Solutions, que cotiza en el Nasdaq, de la estructura local original.
Ese proceso dejó a la sociedad argentina con pasivos propios y sin control directo sobre los negocios internacionales, lo que profundizó su deterioro patrimonial. El colapso de la firma también expuso tensiones internas dentro del holding, con una disputa entre los accionistas vinculados al empresario uruguayo Juan Sartori y el histórico management liderado por Federico Trucco.
Industria textil, entre las más golpeadas por la ola importadora
La textil Hilados S.A., integrante del grupo TN & Platex, también recurrió al concurso preventivo de acreedores como una forma de reordenar su estructura financiera en medio de la profunda crisis que atraviesa el sector.
La compañía confirmó que la decisión apunta a reorganizar su deuda y sostener la continuidad de sus operaciones, luego de un 2025 marcado por la caída del consumo interno y un escenario de mayor apertura comercial que golpeó con fuerza a la industria local.
Según explicaron desde la firma, el deterioro responde a un combo de factores que afectó la rentabilidad del negocio, entre ellos el fuerte crecimiento de la indumentaria importada, la desregulación de ventas digitales provenientes del exterior y el avance del mercado de ropa usada.
A esto se sumaron altos costos financieros y un desplome de la actividad, que obligaron a la empresa a avanzar con el proceso judicial para ordenar pasivos y evaluar la venta de activos no estratégicos, con el objetivo de evitar un cierre definitivo y preservar los puestos de trabajo.
Por su parte, la centenaria Emilio Alal S.A. es otra de las compañías del sector textil que formalizó la apertura de su concurso preventivo de acreedores en medio de una profunda crisis financiera que derivó en el cierre de su división industrial y una fuerte reestructuración operativa.
Fundada en 1913 y con base histórica en el norte argentino, la firma busca ahora ordenar su pasivo y sostener la continuidad de la actividad, luego de haber paralizado a fines de febrero las operaciones en sus plantas de Goya (Corrientes) y Villa Ángela (Chaco).
En su presentación judicial, la empresa atribuyó el deterioro económico a una combinación de factores que golpearon con fuerza al sector textil: caída del consumo interno, mayor apertura de importaciones que presionó los precios, aumento de costos, especialmente energía e insumos, y falta de financiamiento bancario.
Frente a ese escenario, y con elevados niveles de capacidad ociosa, la compañía analiza reconfigurar su modelo de negocios, reduciendo su exposición industrial y orientando parte de su operatoria hacia la comercialización de materia prima y la importación de productos terminados.
Iluminación e insumos industriales: impacto de la obra pública y las tasas
Las dificultades financieras también alcanzaron a empresas vinculadas al negocio de iluminación e insumos industriales, un segmento particularmente sensible al nivel de actividad económica.
Uno de los casos recientes es el de Alic S.A., una firma dedicada a la comercialización de lámparas LED y luminarias que logró posicionar su marca en el mercado local desde su creación en 2004.
La compañía solicitó la apertura de su concurso preventivo ante el Juzgado Comercial N°25, al reconocer que atraviesa un estado de cesación de pagos y enfrenta problemas de liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras.
En su presentación judicial, la empresa atribuyó la caída de sus ventas a la paralización de la obra pública, que redujo de forma significativa la demanda proveniente del sector de la construcción y de proyectos de infraestructura.
En conjunto, estos casos muestran que los procesos concursales volvieron a instalarse como una herramienta cada vez más frecuente dentro del entramado empresario argentino. Aunque cada situación tiene su propia dinámica, detrás de muchas de estas crisis aparecen factores comunes: consumo debilitado, costos financieros elevados, mayor competencia externa y cambios estructurales en los mercados. En ese contexto, el recurso a la Justicia se transforma para muchas compañías en la última instancia para intentar reordenar sus cuentas y ganar tiempo frente a un escenario económico todavía incierto.
Fuente: Ámbito