El 13 de julio de 2005, Chaco dio un paso fundamental hacia la verdad y la justicia: se sancionó la Ley 5582/05, hoy conocida como Ley 1412-A, que creó la Comisión Provincial por la Memoria y el Registro Único de la Verdad (RUV) y su funcionamiento en el sitio histórico ex Brigada de Investigaciones, centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar (1976–1983).
Desde sus inicios la “Casa por la Memoria” se transformó en un espacio para el encuentro y la reflexión, albergando al RUV, al Museo y la Biblioteca por la Memoria y desde el 2023 a un nuevo sitio histórico como es la Casa por la Memoria de Sáenz Peña.
La CPM CHACO está integrada por los organismos de DDHH H.I.J.O.S. CHACO, Ex detenidos por razones políticas, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Red por la Identidad, Comisión Permanente por los Derechos Humanos y por representantes de los tres poderes del Estado.
Esta ley 5582/05 es el resultado de años de lucha de organismos de Derechos Humanos, ex detenidos, familiares de desaparecidos y miles de chaqueños y chaqueñas comprometidos con la consigna del Nunca Más y el juzgamiento a crímenes de lesa humanidad del plan sistemático de represión genocida, con la Masacre de Margarita Belén, y las torturas, violaciones y desapariciones forzadas en la ex Brigada de Investigaciones como saldo doloroso que comenzó a repararse con políticas públicas de memoria.
“Nunca más” genocidio es también nunca más la lógica del autoritarismo y del individualismo que sostiene a las prácticas que incitan al odio en la sociedad, a la crueldad en la política, y a la miseria planificada en la economía.
La ley: memoria en acción colectiva
La construcción de esta ley fue colectiva, impulsada por proyectos legislativos como los de los diputados Eduardo Moro y Daniel San Cristóbal, que recogieron las voces de quienes no se resignaron al silencio. Por ello es un símbolo chaqueño de resistencia y de memoria viva. Y una base institucional clave para promover la difusión de la verdad histórica y la defensa de derechos.
A 20 años de la sanción legislativa, desde la Comisión Provincial manifestaron su preocupación por la “precarización laboral de varios de los integrantes de la plantilla de trabajadores/as, la ausencia de recursos financieros para la organización de actividades y de mantenimiento, y por el estado edilicio con deficiencias de tipo estructural”.
“Desfinanciar, desorganizar, y desarmar estos espacios implica un golpe a la memoria colectiva y por ende a la identidad y a los derechos de toda la comunidad”, denunciaron y recordaron que las tareas realizadas por la CPM Chaco (en Resistencia y en Sáenz Peña) se enmarcan en tratados internacionales a los que Argentina adhiere, en los Principios para los Sitios de Memoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Ley de Sitios 26.691 y normativas de protecciones patrimoniales nacionales.
“Hacemos un llamado a acompañar los reclamos de puesta en valor del patrimonio histórico de los sitios de memoria y exigimos a las autoridades de gobierno apoyo en los lineamientos de la memoria como política de Estado”, convocaron desde el organismo y apelaron a la sociedad para “generalizar la lucha por los derechos humanos y la construcción de una comunidad más libre, más justa, más digna de ese nombre. Porque como dice el texto original de la Ley 5582/05: “El pasado no es un lugar al que se accede, sino que debe ser construido colectivamente”.