“El Estado Nacional se ha desentendido y sólo se ha mostrado flexible a la hora de trasladar las responsabilidades a las provincias”, reza uno de los párrafos de la iniciativa que cuenta con el aval de la Casa de Gobierno provincial.
El texto ya fue analizado en comisiones y fue aprobado por mayoría, pero sin el peronismo que adujo cuestiones relacionadas con la premura con la que ingresó, y se apoyó la propuesta oficialista. Se descuenta que será tratada en la próxima sesión, prevista para dentro de dos semanas, y aprobada debido a que el oficialismo tiene las dos terceras partes en ambas cámaras.
Uno de los puntos objetados por el peronismo es el origen del financiamiento para los trabajos, puesto que se prevé que se recurra a fondos que surgirán de la aplicación de un gravamen que recaerá sobre los beneficiarios de las obras realizadas. Es decir, “del incremento de valor que adquieren los inmuebles beneficiados con una obra pública, conocido como plusvalía, lo que les otorga una situación de privilegio respecto de aquellos que se encuentran fuera de la zona de afectación”, señala el proyecto.
Se aclaró que dicha carga “se pagará en consideración al valor de esa obra, una vez ejecutada la misma y por única vez”. Para aclarar, los autores de la iniciativa destacaron: “No constituye un impuesto, sino una contribución a la realización de la obra que beneficiará directamente al inmueble del contribuyente, por el mayor valor que adquiere: se constituye así en un gravamen justo, equitativo, que no hace más que ajustar el valor de la propiedad a medida que éste crece”.
Con esta decisión, Pullaro tendría liberada las manos para poder reparar la red vial nacional en territorio santafesino, mientras su ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, gestiona un nuevo encuentro con autoridades de la Nación para conseguir financiamiento para obras públicas. Hace unos días, como lo consignó Ámbito, Enrico había señalado que “el Estado nacional no puede estar demorando o especulando el comienzo de estas obras porque mientras más tiempo pasa, más riesgo se pone a las vidas de quienes transitan esos tramos peligrosos”.
Se descuenta que con la aprobación en el Senado la propuesta obtenga el visto bueno en Diputados debido a que, en marzo, el diputado provincial oficialista Dionisio Scarpin ya había ingresado un proyecto de ley de idénticas características, cuyo tratamiento no avanzó. Excepto en el cobro del gravamen, este proyecto es similar al que impulsa la Casa de Gobierno santafesina.
El parate se debió a que Pullaro se encontraba en medio de las negociaciones con la Casa Rosada por la Ley Bases y se archivó. Scarpin, que juega junto a la senadora nacional Carolina Losada, es el exintendente del municipio santafesino de Avellaneda y se hizo conocido cuando encabezó protestas en contra del gobierno del expresidente Alberto Fernández por el intento de estatización de Vicentín, de donde es la agroexportadora que estaba en concurso.
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