El exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe Marcelo Saín repudió la modificación de la ley Orgánica de la Policía Federal anunciada por el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich, aseguró que se trata de un “intento fallido” para construir una fuerza especializada en investigaciones y dijo que “ni se parece” al FBI estadounidense, como intentó vender el Gobierno.
Aunque reconoció que Argentina necesita una policía especializada en la investigación del crimen organizado, Saín cuestionó el fondo de la reforma anunciada por el tándem Milei-Bullrich en un acto con bombos y platillos donde señalaron que a partir de ahora la Federal estará enfocada en la investigación de delitos complejos y en la seguridad del Estado, con el foco puesto en la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que pretende emular al Bureau Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.
“Me da la impresión de que no saben cómo diseñar una policía de investigación —dijo Saín en una entrevista con la AM 750—. La última propuesta fue en 2004, durante el Gobierno de Néstor Kirchner. La ley Orgánica de la Policía Federal está plasmada en un decreto ley de 1958 que ahora se modificó parcialmente”.
Sin embargo, el exministro santafesino y exjefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el Gobierno de Cristina Kirchner advirtió que es fundamental conocer el diseño de la fuerza de seguridad que pretende el Gobierno, y lamentó que se pierda la posibilidad de dar la discusión en el Congreso porque “Argentina tiene una tradición de acuerdos” parlamentarios y “hay dirigentes opositores que podríamos ser interlocutores”.
“Es una etiqueta nueva y las prácticas de siempre”, dijo Saín, quien cuestionó también a “sectores progres” que lanzan críticas sobre fragmentos de la reforma por decreto que se encuentran vigentes desde hace años, como las requisas: según los detalles publicados en el Boletín Oficial, la Federal puede retener “sin autorización judicial” a personas y vehículos para inspeccionarlos y realizar ciberpatrullaje en las redes sociales, lo que fue muy cuestionado por organismos de derechos humanos y expertos en Seguridad,
De todos modos, Saín expresó su preocupación por la posibilidad de que se produzcan “detenciones ilegales”, aseguró que “no se puede detener en cualquier momento a una persona sólo porque le viste la jeta y te parece que es un delincuente” y advirtió que las detenciones por diez horas para averiguación de antecedentes, vigente hace décadas, “no cambia nada” y son para “hacer control poblacional”.
El exministro de Seguridad santafesino —apartado del cargo en medio de denuncias por espionaje ilegal e investigado por supuestas irregularidades en la compra de armamento durante su gestión— expresó que una policía de investigaciones debe ser un área con buena formación en Inteligencia y preparación de detectives, remarcó que “una policía buena es cara” y señaló que el proceso de formación no puede ser de seis meses.
“Debemos discutir un modelo de investigación, así se pierde una oportunidad fenomenal para hacer las reformas. El peronismo debería elaborar un proyecto de ley”, dijo Saín, y se preguntó: “¿La política argentina está dispuesta a que haya un FBI? Si cuando hacés investigaciones la guita termina en la política y la propia policía. Hay que seguir el dinero del narcotráfico, porque no llega a los barrios, sino a la política. Me consultaron sobre los salarios policiales: son de pobre. Pero las cúpulas viven con el sobresueldo de la guita que recaudan”.
Las 5 claves de la reforma de la Policía Federal
-El decreto reforma las atribuciones de la fuerza, que ahora tendrá como misión principal “prevenir, detectar e investigar delitos federales complejos” y proteger “la seguridad del Estado Nacional”.
-Habilita el ciberpatrullaje en las redes sociales “sin necesidad de autorización judicial”.
Autoriza requisas personales y de vehículos sin orden de la Justicia.
-Podrá trabajar en la prevención de delitos mediante investigación, análisis e inteligencia criminal guiada por la información “de manera proactiva” en el marco de políticas determinadas por el Ministerio de Seguridad.
-Modifica los escalafones y busca reducir progresivamente el cargo de suboficiales.
-Permite actuar en el mantenimiento del orden público y la seguridad “de manera espontánea” ante delitos flagrantes “a requerimiento del Ministerio de Seguridad”.
El decreto 383/2025 lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra Bullrich y su publicación se rumoreaba desde hacía varias semanas. Uno de los ejes es la supuesta modernización del sistema de ingreso y formación de los agentes, que ahora será bajo un programa específico de ingreso y formación de universitarios ya graduados. El decreto asegura que será en línea con los métodos y prácticas del FBI de los Estados Unidos.
Ahora, la Federal tendrá como misión principal la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos y la colaboración en la desarticulación de organizaciones criminales, y estará autorizada a “desarrollar acciones de inteligencia criminal, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Inteligencia”.
El decreto publicado este martes en el Boletín Oficial autoriza a la Policía Federal a realizar “sin necesidad de autorización judicial tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas”, aunque aclara que será respetando la “protección de datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y la privacidad de las personas”.
Por otro lado, el DNU autoriza la realización de requisas personales sin orden judicial inspeccionando a personas y los efectos que lleven consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y embarcaciones, siempre que existan circunstancias previas que “razonable y objetivamente” permitan “presumir que se ocultan cosas relacionadas con un delito”, aunque no aclara cuáles podrían ser.
También lo habilita en caso de que “no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar” y cuando “se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención”.
Página/12