Se trata de Aldo Roggio, Jorge “Corcho” Rodríguez y Carlos Wagner, quienes son juzgados junto al ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López, el ex funcionario de la misma área Roberto Baratta y el ex titular de AySA Carlos Ben, entre otros.
Todos están acusados por supuestos sobornos y direccionamiento de las licitaciones para construir dos plantas potabilizadoras para la empresa AySA durante el kirchnerismo. Se trata de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la depuradora de Berazategui o “Planta del Bicentenario”.
Por su lado, Baratta tampoco quiso prestar declaración indagatoria ante los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.
Las empresas que resultaron beneficiadas por la licitación fueron, por un lado, la UTE integrada por “Norberto Odebrecht S.A.” -Sucursal Argentina-, “Benito Roggio e Hijos S.A.”, “Supercemento S.A.I.C.” y “José Cartellone Construcciones Civiles S.A.” y, por otro, la UTE conformada por “Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A.” y “Esuco S.A.”
El juez federal Sebastián Casanello envió el caso a juicio hace cinco años y el debate oral comenzó en mayo pasado con audiencias cada 15 días a través de la plataforma virtual Zoom, a cargo del mismo Tribunal que desde noviembre próximo juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner en el caso Cuadernos.
El acusado José López siguió la audiencia de este lunes desde la cárcel de Ezeiza, donde permanece detenido desde mediados de junio con condena firme a seis años de cárcel por la Causa Vialidad.
“Por consejo de mis abogados no voy a declarar en este momento, me reservo el derecho a hacerlo en otra oportunidad del juicio”, expresó Roggio al negarse a prestar indagatoria.
Tampoco declaró el empresario Jorge Rodríguez y, al igual que los demás, aportó solo datos personales al Tribunal, como su apodo “Corcho”, al ser preguntado al respecto.
Desde el inicio del debate oral, todos los acusados se negaron a declarar y, según el requerimiento de elevación a juicio, se “celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos”.
NA