“En virtud de lo expuesto por el Fiscal General Adjunto en esta instancia cabe tener por desistido el remedio oportunamente interpuesto por el Procurador Fiscal”, señalaron los jueces Eduardo Guillermo Farah, Roberto José Boico y Martín Irurzun frente a la apelación realizada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, el 27 de junio pasado.
Dicha fiscalía, a cargo del propio Stornelli, lanzó un recurso de apelación a la “falta de mérito” dictaminada por la jueza María Servini en la causa y pidió volver a detener a seis personas ya liberadas: Sofía Ottogali, Sasha Lyardet, Juan Spinetto, Camila Juárez Oliva, Gabriel Famulari y Brian Ortiz. Son estudiantes, militantes y docentes que participaron de la movilización convocada aquel día en contra de la ley que se debatía en el Senado y que, una semana después, quedó aprobada de forma definitiva en Diputados.
“Dada la gravedad de los hechos investigados, la magnitud de los daños personales y materiales que dejaran como saldo, y la necesidad de asegurar debidamente la sujeción al proceso y evitar eventuales entorpecimientos en atención al estado incipiente de la investigación (…) correspondería fijar una adecuada caución real, independientemente del resto de las medidas de aseguramiento dispuestas en el auto recurrido”, señalaron como argumentos en el documento firmado por el auxiliar fiscal Arieul Quety. A su vez comprendían que “aún resta obtener y analizar archivos fílmicos correspondientes” al momento en que se produjeron los hechos; así como recibir declaraciones testimoniales, entre otras cuestiones.
Cabe recordar que, en el marco de la misma causa por la protesta en el Congreso, aún quedan 5 detenidos: cuatro hombres y una mujer que permanecen en penales federales acusados de delitos graves. Ahora, tras la decisión de la Cámara Federal sobre la apelación de Stornelli, ya no seguirán sus procesos abiertos en la Justicia. Familiares y amigos de los apresados denuncian que se trata de una causa política armada y “sostenida desde los medios masivos de comunicación que aportan a criminalizar”.
Los todavía apresados son: Cristian Valiente procesado por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad; Patricia Calarco Arredondo, por incendio en concurso con daño agravado por haberse afectado un bien público en concurso con el delito de intimidación. Facundo Ezequiel Gómez por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad. También Daniel Sica detenido por atentado a la autoridad, agravado por haberse cometido en reunión de más personas y por haber puesto en manos de la autoridad, en concurso ideal con intimidación pública; y Roberto Maria de la Cruz Gómez por intimidación pública en concurso ideal con atentado a la autoridad.
La jueza Servini afirmó que aún no cerró la investigación
Recientemente, la jueza María Servini se refirió a los avances realizados en la investigación y explicó su decisión de procesar con prisión preventiva a las únicas cinco personas que quedaron detenidas por los episodios. En diálogo con El Destape El Mundo AM 1070 afirmó que aún le quedan muchas pruebas por analizar y advirtió que le demandará bastante tiempo evaluarla. “Los expedientes y las actuaciones vinieron muy en blanco. No teníamos elementos. Hicimos lo que pudimos hacer”, afirmó.
Con respecto a los cinco imputados que quedaron aprehendidos, la jueza dijo que tomó la decisión de procesarlos. “Hemos hecho un estudio muy rápido, muy por arriba también, porque el tiempo no nos daba”, especificó.
El Destape