Nos encontramos sumamente consternados ante este pedido y que en tiempos de democracia debamos volver a vivir situaciones de violencia institucional como la que nos convoca. Este tipo de maniobras nos remontan a los momentos más oscuros de nuestra historia, episodios que la sociedad argentina ha rechazado de manera categórica y para siempre.
Paradójicamente, el único antecedente de este tipo de intervención se vivió durante el régimen de Onganía, a través de una ley de facto; un episodio que no deberíamos repetir.
Consideramos un atropello institucional sin precedentes en la provincia y el país en tiempos democráticos, que solo tiene el objetivo claro y específico de generar daño no solo en las personas de sus autoridades sino en la comunidad educativa en su conjunto: docentes, investigadores, personal no docente, sus familias y los más de 50 mil alumnos que a través de sus 40 carreras ofertadas son parte de esta casa de altos estudios. Estas manifestaciones sin sustento alguno son declaraciones infundadas, maliciosas y meramente difamatorias, que solo generan dudas y desconcierto en la sociedad toda.
De ninguna manera la investigación judicial a las autoridades de la universidad que se lleva adelante puede constituir tamaño atropello a la institucionalidad y violatoria de su autonomía como lo sería la intervención por parte del Congreso de la Nación; máxime cuando no se configura ninguna de las causales previstas por el artículo 30 de la ley 24.521.
Claro está el atropello que se pretende perpetrar en la autonomía universitaria, amparados en ningún sustento legal ni causal habilitante al respecto, sino meras conjeturas y movidos por el odio y la envidia social que genera tener una universidad de alto prestigio, cuando en razón de verdad, debería causar un enorme orgullo por ser todos los chaqueños y chaqueñas.
Una sociedad madura no puede interactuar de esta manera -poco seria-, aun yendo en contra de principios, derechos y garantías fundamentales amparados por la Constitución Nacional, como el de presunción de inocencia (art. 18).
Basta recordar que la UNCAus ha sido un núcleo académico del interior de la provincia, facilitando y acercando la educación superior a más de 52.265 personas que forman parte de sus aulas, que junto a sus 840 docentes que la integran generan un intercambio económico en la zona de influencia, permitiendo a las miles de familias de más bajos recursos, y de los lugares más recónditos de nuestra geografía provincial poder educarse, y muchas veces ser las primeras generaciones de sus familias.
Queda manifiesta la carencia absoluta de sensibilidad social del bloque oficialista provincial, que sin medir consecuencias y posicionados en un pedestal imaginario de buena moral, costumbres y valores señalan con dedo acusador al resto de la sociedad, constituyendo un peligro determinante y preocupante para el ejercicio de la democracia provincial.
Promover una intervención infundada responde exclusivamente a un fin partidario y político por parte de un grupo de diputados del bloque radical, con claras motivaciones desestabilizadoras. Este acto no sólo viola el principio de separación de poderes que sustenta nuestro sistema democrático, sino que también pretende socavar la autonomía y el cogobierno universitario, conquistas fundamentales de nuestras universidades públicas.
Por último, defender la autonomía y el buen gobierno de nuestras universidades públicas es esencial para preservar los valores democráticos que tanto apreciamos.