Kevin Nielsen, comisionado nacional del Comité de Prevención de la Tortura, dialogó con CIUDAD TV sobre la brutal represión del miércoles en las inmediaciones del Congreso en el marco de la manifestación de jubilados que reclaman al gobierno por recortes y un nivel de aumentos que los deja en total estado de vulnerabilidad.
Nielsen habló de la intervención del Comité Nacional frente al accionar de las fuerzas de seguridad que dejaron entre los cientos de heridos, a un reportero gráfico en estado de gravedad tras recibir un proyectil de gas que impactó con dureza en su cabeza mientras cubría la protesta.
El Comité Nacional viene realizando un monitoreo y observación de la protesta social y del despliegue de las fuerzas de seguridad y el uso de las fuerzas hace más de un año. En este contexto, Nielsen remarcó que también en esta oportunidad monitorearon “tanto el desarrollo de la marcha como la actuación policial”.
Señalo que lo que pudieron detectar en esta oportunidad, como en otras, “es el despliegue desproporcionado de las fuerzas de seguridad obstaculizando el ejercicio del derecho ala reunión pacífica que necesariamente, como en todo el mundo, va a obstruir las vías de circulación”. “Nosotros insistimos en esto porque los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional son muy claros al entender que estos son derechos que las sociedades hacen en todos los Estados”, sostuvo.
En segundo lugar, “la feroz represión que es el uso abusivo, antirreglamentario e ilegal de las fuerzas públicas”. “Cuando decimos uso ilegal y antirreglamentario, lo hacemos porque hay hipótesis donde el uso de la fuerza es necesaria, es legal y corresponde utilizarla. De hecho, el derecho internacional de los derechos humanos no protege la protesta social violenta, la que tiene otros objetivos como los incidentes del Plan Alto en Brasil, de la sede de los Tres Poderes, o lo que sucedió ene l Capitolio con Donald Trump dejando el poder. Ese tipo de acciones colectivas no están abarcados por el ejercicio debido del derecho ala protesta social”, explicó el jurista.
Dicho esto, aseguró que “lo que sucede en Argentina, lejos de ser acciones similares son concentraciones de personas que manifiestan un reclamo, una demanda, una expresión específica y esto está protegido por el derecho internacional”.
La represión del miércoles contra jubilados
Recalcó que “en el marco de este despliegue de violencia, hemos detectado la utilización antirreglamentaria de las denominadas armas menos letales que son armas que deben ser utilizadas en hipótesis extremas o cuando no queden otros medios, inclusive para dispersar una manifestación en el caso que deba dispersarse. Estas armas deberían ser utilizadas como un último recurso, ya lo tiene dicho la Organización de las Naciones Unidas y, sin embargo, no solamente no fueron utilizadas así sino que inclusive fueron utilizadas de manera casi criminal, contrariando todas las disposiciones normativas y los manuales de uso de este tipo de elementos”.
“Fueron apuntados directamente a las personas que se manifestaban e inclusive hiriendo a una persona que ni siquiera participaba de las manifestación sino que estaba en ejercicio de la cobertura periodística. Y los y las periodistas tienen una protección especial en este tipo de hechos para el Derecho Internacional”, manifestó y recalcó, puntualmente por el caso del reportero Pablo Grillo, que “es una persona que tiene riesgo vital producto de una utilización antirreglamentaria e ilegal de un arma menos letal como es la pistola o arrojadora de gases, de la pistola lanzagases como comúnmente se la denomina”, aseveró.
Detención de menores y detenidos liberados por la “ausencia total de pruebas”
Consultado sobre la detención de un niño de 12 años durante la protesta por parte de la Policía de la Ciudad, Nielsen aclaró que “las 140 detenciones, según lo determinó el Poder Judicial, fueron arbitrarias todas ellas porque no fueron acompañadas por ni siquiera las pruebas sino la descripción de los hechos que se le imputa o se les señala a las personas”.
“Esto en un estado de derecho de cualquier provincia es así, la persona no puede ser detenida sin una descripción de los hechos que está cometiendo. La aclaración es importante porque dentro de estas detenciones arbitrarias también se llevó al extremo de detener a dos niños que, además, para la legislación actual no son punibles. Uno de ellos porque se le había caído un termo con un mate y se lo acusó de agredir con un termo a la Casa de Rosada. Fueron expuestos también en su identidad y su privacidad ante las cámaras de los medios, de personas que iban cubriendo la protesta, en una clara muestra de por lo menos negligencia policial y posiblemente de un accionar hasta intencional para visibilizar la detención de un menor de edad en un contexto donde se está discutiendo la baja de la edad de punibilidad donde se quiere instalar el tema”.
“Las personas que fueron detenidas finalmente fueron liberadas por la ausencia total de pruebas y esto es muy importante. La Policía puede detener a una persona que se encuentre cometiendo un acto violento, pero debe detener exactamente a esa persona y no a otras por participar de una manifestación que es masiva”, aseveró y recalcó que fue lo que señaló en la jornada del viernes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
“Lo que sucede aquí, es que se intenta transformar desde el inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei a toda la protesta social en un acto delictivo o criminal. Esto que se intenta hacer no es compatible con las obligaciones internacionales que tiene Argentina ni con la Constitución Nacional. La protesta en sí es un derecho”, manifestó.
Aclaró que “dentro de la protesta en sí, se pueden cometer delitos por los que la policía puede y debe actuar pero de ninguna manera asumiendo que todas las personas que protestan son personas que cometen delitos. Por lo cual, todas las detenciones fueron ilegales y llama la atención porque no pudieron sustentar la acusación respecto de ninguna de ellas. Entonces hablamos de una serie de violaciones a los derechos fundamentales que van inclusive más allá de no permitir la protesta, atentar contra la integridad física e inclusive contra la integridad y libertad personal de personas o que participan sin cometer actos violentos o son transeúntes que pasan por el lugar y son detenidos y no es la primera vez que sucede esto en el marco de estas protestas”.
Y marcó la gravedad de que “en los discursos, la ministra de Seguridad y el Presidente avalan la irregularidad, la negligencia, el abuso de poder, el abuso de la fuerza pública y desprofesionaliza a las fuerzas de seguridad federales. Permiten que se cometan delitos que deberían ser investigados y sancionados”, advirtió Nielsen.