A los 64 años, la jueza de Garantías Nº 1 de Resistencia, María de las Mercedes Pereyra, presentó ayer su renuncia ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco con el objetivo de acogerse a los beneficios de la jubilación. Lo hace de manera anticipada, ante las versiones de un eventual pedido de jury en su contra, ya que en la provincia los magistrados pueden ejercer su función hasta los 70 años.
Es que, durante la feria judicial, la magistrada volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de concederle la prisión domiciliaria al dirigente social Carlos Barraza, sin dar participación al Ministerio Público Fiscal. La medida, que fue duramente cuestionada por el gobierno provincial y también por el procurador general adjunto, Miguel Fonteina, fue anulada pocos días después por parte del juez de Garantías Nº 2, Héctor Sandoval.
Entre otras medidas polémicas recientes, Pereyra había hecho lugar al pedido de revinculación familiar entre los integrantes de la familia Sena, imputados por el homicidio de Cecilia Strzyzowski, la que también fue anulada posteriormente por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por no haber sido consultada con los fiscales de la causa.
Otra intervención resonante de la jueza Pereyra fue en noviembre de 2018 cuando anuló un pedido de detención de la justicia federal de Resistencia contra el entonces intendente de Juan José Castelli, Alberto Nievas, quién era investigado en una causa por presunto lavado de dinero de fondos nacionales. Por aquella resolución, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, la imputó y pidió su indagatoria por los presuntos delitos abuso de autoridad, prevaricato y encubrimiento agravado. En esa causa, se le terminó dictando una falta de mérito.
Pereyra también fue la magistrada que, en 2015, hizo lugar a la acción de amparo que declaró nula la irregular contratación de la empresa PIMP SA para la recolección de residuos no tradicionales (el servicio 0800) por un período de ocho años, realizada durante el último año de gestión de la intendenta de Resistencia, Aída Ayala.
Pero Pereyra también fue la jueza que hizo lugar a la acción de amparo que declaró nula la contratación de la empresa PIMP SA para la recolección de residuos no tradicionales (el servicio 0800) por un período de ocho años, realizada durante el último año de gestión de la intendenta de Resistencia, Aída Ayala.
En aquel entonces, ya había denuncias de que esa empresa era regenteada por el abogado Alejandro Fischer, de fuerte vinculación política con la entonces intendenta y que un año antes había logrado el manejo de la recolección de residuos por el cual la justicia federal condenó a Ayala por fraude a la administración pública y a Fischer como partícipe necesario en fraude a la administración y por lavado de dinero.
Salvada de dos jurys
A lo largo de su trayectoria como jueza, Pereyra logró eludir dos pedidos de juicio político, uno en 2016 y en 2019. El primero de ellos fue impulsado por el Nuevo Banco del Chaco SA por haber liberado a los detenidos en la causa por estafa en la entidad bancaria. El caso fue rechazado por el voto de la mayoría de los consejeros, con la sola excepción de la representante del STJ, Iride Isabel Grillo.
El segundo proceso de jury contra la magistrada fue iniciado a raíz de la presentación del procurador general ante el STJ, elevando un informe de diez fiscales de investigación que expresaron su inquietud por resoluciones dictadas por la magistrada. En esa oportunidad, intervino como procurador general subrogante, el doctor Jorge Gómez, actual ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos del Chaco, quién acusó a Pereyra por “actos reiterados de parcialidad manifiesta” y “reiteración de graves irregularidades en el procedimiento, como causales de mal desempeño en sus funciones”.
El caso también fue archivado por mayoría, con las disidencias de las consejeras por el STJ, Emilia Valle, por los magistrados de Resistencia, Alicia Cáceres, y por la entonces diputada opositora, Carmen Delgado.
En 2020, luego de eludir los dos jurys, Pereyra integró el Consejo de la Magistratura del Chaco en representación de los jueces y magistrados de la ciudad de Resistencia. Fue a pesar de que el Superior Tribunal de Justicia anulara el sorteo en el que resultó elegida por haberse omitido en el mismo la inclusión de otra magistrada. No obstante, la jueza judicializó el caso y logró mantenerse en el puesto de consejera, a pesar de los fallos en contra.