Londres negó que la legislación argentina alcance a las compañías que operan en las islas y ofreció intervenir si enfrentan presiones en otros países por sus negocios. El documento constituye la primera respuesta directa a las sanciones y advertencias impulsadas por el presidente Javier Milei contra las compañías vinculadas con la explotación petrolera y pesquera del archipiélago.
El Reino Unido publicó este martes una guía oficial para respaldar a las empresas que operan en las Islas Malvinas y rechazó que Argentina pueda aplicarles su legislación.
La guía, titulada Hacer negocios con las Islas Falkland – según la denominación británica -, fue difundida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO). El texto sostiene que el gobierno británico apoya “toda actividad económica legítima” en las islas y ofrece asistencia a compañías, subsidiarias y proveedores que enfrenten acciones argentinas en terceros países.
La respuesta británica a las sanciones “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las islas”, afirma el documento. Esa posición contradice el reclamo argentino y omite que la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambos países a negociar una solución pacífica.
Londres también afirmó que no encuentra fundamentos para que tribunales de países distintos de Argentina puedan ejercer jurisdicción sobre las medidas adoptadas por Buenos Aires. La guía admite, sin embargo, que algunas empresas y particulares podrían recibir comunicaciones o amenazas de acciones legales por sus actividades en Malvinas.
Ante esos casos, el gobierno británico recomienda obtener asesoramiento jurídico independiente. Además, ofrece una intervención política directa: el FCDO se manifestó dispuesto a exponer su posición ante cualquier empresa que busque garantías si ella, una subsidiaria o uno de sus proveedores enfrenta presiones en un tercer país.
La publicación recuerda que sucesivos gobiernos argentinos aplicaron medidas destinadas a desalentar los negocios en las islas y argumenta que esas disposiciones no impidieron el crecimiento de la economía del archipiélago. Con ese antecedente, Londres busca transmitir a los inversores que las nuevas sanciones tampoco deberían alterar sus operaciones.
Petróleo y pesca, en el centro
La guía alcanza a las empresas que desarrollen actividades comerciales en Malvinas, suministren bienes o servicios o participen directa o indirectamente en la explotación de sus recursos naturales. Su alcance comprende, por lo tanto, a los sectores petrolero y pesquero.
“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio”, sostiene el documento. Londres encuadra esa potestad dentro del derecho a la autodeterminación de los isleños y afirma que esas actividades están reguladas por la normativa local y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Argentina rechaza esa interpretación. Su posición sostiene que la autodeterminación no resulta aplicable a los habitantes de Malvinas, a quienes considera una población implantada por la potencia colonial, y que la explotación unilateral de recursos naturales desconoce las resoluciones de la ONU sobre la disputa.
La respuesta británica llegó 12 días después de que Milei anunciara el envío al Congreso de un proyecto de “defensa de la soberanía nacional”, con penalidades más severas para las empresas que extraigan petróleo sin autorización argentina en aguas reclamadas por el país. El Gobierno también busca extender las sanciones a proveedores, accionistas y directores, y prohibirles operar o celebrar contratos en territorio nacional.
La disputa por el proyecto Sea Lion
El principal objetivo de las medidas es Sea Lion, un yacimiento situado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. El consorcio integrado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum proyecta iniciar la extracción en 2028 y obtener unos 170 millones de barriles durante su primera etapa.
Milei calificó el emprendimiento como “un peligro claro e inmediato” para los intereses argentinos. Rockhopper, por su parte, aseguró que no espera que las medidas anunciadas por la Casa Rosada tengan un “efecto material” sobre el desarrollo petrolero.
El Gobierno argentino informó este martes que ampliará la denuncia presentada contra empresas que estarían realizando actividades hidrocarburíferas ilegales en la Plataforma Continental Argentina. El vocero presidencial Adrián Ravier indicó que se incorporarán nuevas compañías, aunque no reveló sus nombres.
La presentación anterior alcanzó a 15 empresas, directivos y accionistas vinculados con Navitas, Rockhopper, Borders & Southern, Eco Atlantic, Bluewater y Noble Corporation. La acusación se apoya en la Ley 26.659, que prohíbe realizar actividades petroleras en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional.
Además de las actuaciones administrativas, la ofensiva llegó a la Justicia federal. El fiscal Carlos Stornelli imputó este martes a directivos de compañías sancionadas por Argentina por su presunta participación en actividades hidrocarburíferas ilegales alrededor de las islas.
El proyecto todavía no llegó al Congreso
Mientras Londres difundía la guía, la administración libertaria continuaba con la revisión de la iniciativa anunciada por Milei. El proyecto se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, y su envío al Congreso se demoró por ajustes técnicos.
Consultado sobre posibles reclamos diplomáticos por las sanciones, el canciller Pablo Quirno aseguró que no recibió ninguno. “No ha habido absolutamente ninguna queja. Argentina está a derecho, cumpliendo con su legislación y tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas”, afirmó.
La guía británica no constituye formalmente una protesta diplomática, pero muestra que Londres ya decidió responder a la ofensiva: desconoce el alcance de las medidas argentinas, respalda a las empresas y promete intervenir si las sanciones afectan sus negocios fuera del país.
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