La abogada Mayra Leguiza analizó lo que se conoce hasta el momento del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Señaló posibles impactos sobre el artículo 14 bis, los convenios colectivos, el banco de horas y el carácter remunerativo del salario. También cuestionó la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas y destacó la necesidad de una actualización sin “desequilibrar la balanza” entre empleadores y trabajadores.
En los estudios de CIUDAD TV, la abogada Leguiza analizó el borrado del proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo nacional y afirmó que apunta a “abandonar el estado proteccionista que teníamos”, en referencia al alcance actual del artículo 14 bis de la Constitución. Explicó que, si bien la iniciativa no modifica la Carta Magna, “lo que busca es desmembrarla a través de ciertos artículos y quitarle esa importancia que hoy tiene”.
Sostuvo que uno de los puntos centrales del debate es el rol de los sindicatos frente a las nuevas reglas. “El gobierno está viendo cómo impactan las pretensas reformas en la sociedad y en los sindicatos más fuertes, como por ejemplo la CGT”, indicó. En ese marco, aseguró que circulan “muchas versiones respecto de las modificaciones”, aunque observó lineamientos comunes en los borradores.
Leguiza advirtió sobre cambios en la estructura de los convenios colectivos. “El más abusivo es el derecho a contratar o los convenios colectivos, que pasan a ser contratos individuales, que cada empresa puede pactar su propio convenio”, explicó. Señaló que en el derecho laboral “reina la desigualdad” porque “el trabajador no tiene las mismas herramientas que el empleador para sentarse a negociar”, por lo que remarcó la importancia de acuerdos colectivos que equiparen derechos.
Otro eje que consideró crítico es el denominado banco de horas. Recordó que “nuestra Constitución habla del derecho del trabajador al descanso, al equilibrio, a la familia”, y señaló que el manejo de esas horas “siempre va del empleador, no del trabajador”. Agregó que actualmente las horas extras son remunerativas y cuentan para el cálculo de indemnizaciones, vacaciones y jubilaciones, mientras que con el nuevo esquema “se afecta el carácter remunerativo del salario” y “el salario va a quedar en el básico más los aportes que tengan que hacerse”.
Consultada sobre los niveles de litigiosidad en el ámbito laboral, consideró que “si los empleadores estuvieran en regla, no existirían las demandas laborales”, y planteó que “si hubiera cierta conducta respecto de los empleadores, quizás podríamos reducir la mal llamada industria del juicio”.
Sobre las indemnizaciones, advirtió que el proyecto habilita nuevas modalidades de pago sin precisiones claras. “Habla de las indemnizaciones que pueden llegar a ser pagadas en cuotas. El impacto social que tiene eso es muy grave porque uno no puede prever ningún tipo de gasto con su indemnización”, dijo. Según expuso, la iniciativa “no pone un límite de cuántas cuotas, no pone un límite de qué tasa de interés se aplica”, y eso obliga a judicializar los despidos: “Se genera un juicio para establecer las condiciones”.
Finalmente, coincidió en la necesidad de revisar la normativa laboral. “De que necesitamos una modificación laboral, la necesitamos. La actual es del 74”, señaló. Agregó que los empleadores enfrentan cargas impositivas elevadas, pero sostuvo que los cambios deben lograrse “sin desequilibrar tanto la balanza, sin dejarlo tan desprotegido al trabajador”. En ese sentido, reiteró su preocupación por el “vaciamiento” del salario a través de figuras como los tickets y el banco de horas: “Son conceptos que van reduciendo de a poquito el salario”.