El debate judicial sobre la reforma laboral mantiene en alerta al mundo empresarial y al de los trabajadores. La causa más relevante, iniciada por la CGT, sigue sin resolución de fondo, mientras proliferan fallos que cuestionan artículos específicos como el pago en cuotas de las sentencias y la nueva tasa de intereses.
La Ley de Modernización Laboral (27.802) entró en vigencia el 6 de marzo de 2026 tras su promulgación por decreto, pero a más de seis meses de ese hito la Justicia todavía no se pronunció sobre su constitucionalidad integral.
La causa más relevante es la que tramita la jueza en lo Contencioso Administrativo federal 12, Macarena Marra Giménez, iniciada por la CGT apenas entró en vigencia la norma. En marzo, la central obrera pidió la suspensión de 81 artículos, a lo que se hizo lugar; luego la Cámara aceptó un planteo del Ejecutivo para que el expediente pasara al fuero Contencioso Administrativo y en mayo Marra Giménez dejó sin efecto la medida cautelar.
Desde entonces la ley está plenamente vigente, pero la magistrada aún no resolvió el fondo. Según iProfesional una fuente de la CGT aseguró que, al tramitar como juicio sumarísimo y no quedar prueba por producir, el expediente estaría en condiciones de ser resuelto, aunque el planteo sobre los sujetos involucrados podría estar demorando la decisión.
En la causa fueron incorporados la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina, y la solicitud de la CGT de integrar a las entidades del Consejo Nacional del Empleo fue rechazada.
Los fallos que sí se conocieron apuntaron contra artículos puntuales, en especial el pago en cuotas de las sentencias. El nuevo artículo 277 de la LCT permite a las grandes empresas cancelar condenas en hasta seis cuotas mensuales y a las MiPyMEs en hasta doce.
La Sala I de la Cámara Nacional del Trabajo declaró su inconstitucionalidad en el caso “Torrez, Florencia Ayelen c/ La Distribuidora Saludable S.R.L.”, con un voto del juez Enrique Catani que sostuvo que la norma “vulnera el derecho de propiedad y el principio de igualdad al permitir que el empleador condene al trabajador a financiarlo forzosamente tras haber incumplido sus obligaciones”.
La Cámara del Trabajo de Córdoba llegó a la misma conclusión, señalando que la dilación en el pago “desnaturaliza la reparación del trabajador” al afectar el carácter alimentario del crédito. El especialista Ricardo Foglia consideró que este punto “presenta una objeción constitucional muy severa porque la tasa de interés es para mantener la incolumidad del crédito”, mientras que Edgardo Isola, del estudio Bomchil, sostuvo que el pago en cuotas “es una alternativa lógica y adecuada en la coyuntura actual”, aunque admitió que “de consolidarse un escenario de estabilidad inflacionaria sostenida, sería oportuno evaluar si los plazos y condiciones del mecanismo se mantienen equilibrados”.
La nueva tasa de intereses para juicios laborales también generó pronunciamientos disímiles. La reforma estableció el IPC más un 3% para los juicios nuevos y una tasa pasiva del Banco Central con piso y techo para los anteriores. En marzo, la Sala I de la Cámara Nacional del Trabajo declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 por considerar que estableció un régimen menos favorable para empleados que habían iniciado juicios antes de la reforma, mientras otra sala lo avaló, generando criterios contrapuestos.
El abogado Gustavo Velesquen Sáenz advirtió que tal disparidad podría derivar en que el debate por la validez de la norma se extienda por más de cinco años hasta llegar a la Corte Suprema. Isola, en cambio, sostuvo que esa demora “no se advierte como un riesgo a la vigencia de la ley”, aunque señaló que “el mayor problema es la incertidumbre generada por una eventual diversidad de criterios por parte de los tribunales de primera instancia”.
En la práctica, algunos de los cambios más relevantes ya se aplican. Velesquen Sáenz afirmó que “el banco de horas ya funciona plenamente, salvo en empresas que tienen mucho poder sindical”, y que las vacaciones fraccionadas también se implementan en algunos casos.
Isola coincidió en que la creación de bancos de horas y las modificaciones en materia de jornada “son tal vez las modificaciones más atractivas cuya implementación por ahora es muy gradual”, y atribuyó esa prudencia a “la larga tradición de declaración de inconstitucionalidades en materia laboral” que caracteriza a la Argentina. Mientras tanto, la incertidumbre persiste tanto para empresas como para trabajadores, a la espera de que la Justicia defina, finalmente, si la reforma en su conjunto es o no válida.
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