La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei se presenta como una pieza clave de su programa económico, bajo el argumento de que la rigidez del mercado de trabajo es uno de los principales obstáculos para la creación de empleo. Sin embargo, cuando uno analiza el contexto económico actual, la iniciativa plantea más riesgos que soluciones.
Por Rubén Serruya
Argentina en 2025 transitó con una inflación anual que, si bien desaceleró, se mantiene en niveles elevados, en torno al 30–35%, y con salarios que no logran recuperar el poder adquisitivo perdido.
El salario real promedio se encuentra entre 15% y 30% por debajo de los niveles de 2022, mientras que el consumo masivo registra caídas reales de entre 10% y 30%, según el rubro (ventas en supermercados -10% real, las ventas mayoristas -30% y el comercio minorista pyme -25%). Este escenario condiciona cualquier expectativa de creación de empleo genuino.
Mercado laboral
El mercado laboral refleja estas tensiones de manera contundente. La tasa de informalidad laboral alcanza alrededor del 43,3% de los trabajadores ocupados, uno de los niveles más altos de las últimas décadas. El problema es aún más grave entre los jóvenes de 16 a 24 años, donde la informalidad supera el 60% y llega hasta el 67% en algunos relevamientos: casi 7 de cada 10 jóvenes se insertan en el mercado laboral sin derechos básicos, aportes ni estabilidad.
La informalidad también presenta un fuerte sesgo de género. En la mayoría de los tramos etarios, la informalidad de las mujeres supera a la de los varones, reflejando las desigualdades estructurales del mercado de trabajo, aunque entre los varones jóvenes se registran las tasas más altas. A esto se suma una fuerte concentración sectorial: el servicio doméstico presenta niveles de informalidad cercanos al 77%, la construcción alcanza el 76,6%, y sectores como hoteles y restaurantes superan el 63%.
Este fenómeno tiene un impacto social directo. Cerca del 38% de los trabajadores informales se encuentran por debajo de la línea de pobreza, frente a apenas el 5% de los trabajadores formales. La informalidad no es solo una condición laboral precaria: es un factor central de reproducción de la pobreza y la desigualdad.
A su vez, entre 2023 y 2025 se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo registrados, principalmente en el sector público y en actividades intensivas en mano de obra como la industria y la construcción. El problema central del empleo hoy no es el costo laboral, sino la debilidad de la actividad económica y la falta de inversión productiva.
En este contexto, la reforma laboral propone una batería de medidas orientadas a flexibilizar las condiciones de contratación y despido: ampliación del período de prueba, reducción de indemnizaciones, creación de fondos de cese laboral y mayor peso de acuerdos individuales por sobre los convenios colectivos. Estas modificaciones reducen costos empresariales, pero trasladan el riesgo económico hacia los trabajadores, en un momento de alta incertidumbre y fragilidad social.
Desde el punto de vista macroeconómico, la estrategia es contradictoria. El propio Gobierno reconoce que el crecimiento de 2025, estimado entre 4,5% y 5%, responde en gran medida a un rebote estadístico tras la recesión de 2023–2024. Sectores como el agro, la minería y las finanzas lideran la recuperación, pero generan poco empleo, mientras que la industria, el comercio y la construcción siguen por debajo de los niveles previos. Es decir, el crecimiento no derrama trabajo.
Además, la reforma laboral no se acompaña de políticas activas de desarrollo productivo, crédito a pymes o fortalecimiento del mercado interno. Con una tasa de inversión que apenas ronda el 16–17% del PBI, muy por debajo de lo necesario para un crecimiento sostenido, esperar que la reducción de derechos laborales impulse el empleo parece más una apuesta ideológica que una estrategia económica integral.
En síntesis, la reforma laboral se impulsa en un contexto de ajuste, caída del salario real y consumo deprimido. Sin crecimiento sólido, inversión productiva y recuperación del poder adquisitivo, la flexibilización laboral corre el riesgo de profundizar la precarización sin resolver el problema de fondo. En una economía que necesita más producción y más empleo, reducir derechos puede terminar debilitando aún más el principal motor de la actividad: el ingreso de los trabajadores.