Domingo F. Sarmiento abogaba en Argentina por una reforma agraria; pensaba que la única manera de convertirnos en una economía pujante era repartiendo las tierras en pequeñas parcelas a las familias de agricultores que quisieran trabajarlas. En el camino opuesto, el gobierno de Milei propone que las tierras no solo estén en pocas manos, sino que además puedan ser propiedad de extranjeros.
Por Sergio Wischñevsky
Nueve días antes de asumir la presidencia de la Nación, el 3 de octubre de 1868, Sarmiento se detuvo en Chivilcoy y pronunció un discurso que ahora muchos prefieren no recordar. El discurso de Chivilcoy fue uno de los textos políticos más emblemáticos de la historia argentina.
En él, el padre del aula presentó a la localidad bonaerense como el modelo vivo de la Argentina que pretendía construir: «Yo haré uso de esta fiesta, publicando desde aquí mi programa de gobierno; y les digo, pues, a todos los pueblos de la República, que Chivilcoy es el programa de gobierno del presidente Domingo Faustino Sarmiento. Decidles a mis amigos que no se han engañado al elegirme presidente de la República, porque les prometo hacer cien Chivilcoy en los seis años de mi gobierno, con tierra para cada padre de familia y con escuelas para sus hijos. He aquí mi programa, y si el éxito corona mis esfuerzos, Chivilcoy tendrá su parte en ello, por haber sido el pionero que ensayó con mejor espíritu la nueva Ley de Tierras…». ¿Quién pronuncia hoy un discurso así?
La distribución de la propiedad de la tierra en Argentina es de las más injustas del mundo. Somos el octavo país más grande del mundo que, en proporción al tamaño, tiene un porcentaje de tierra fértil gigantesco. Si a eso le sumamos que en Argentina la densidad de población es muy baja y está concentrada en pocos territorios, se puede entender que nos hayan catalogado como “el granero del mundo”.
Arturo Jauretche consideraba que la frase «Argentina, el granero del mundo» era una «zoncera», es decir, un mito cultural instalado por la élite gobernante para hacerle creer a los argentinos que su único destino natural era ser productores de materias primas coloniales.
El problema que enfrentamos no es solo la extranjerización, sino también la concentración. En la actualidad, el 40% del territorio argentino – aproximadamente 65 millones de hectáreas – está en manos del 0,1% de los propietarios privados. Hay más de 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros, que claramente no son de la misma clase social que Milei quiere expulsar del país.
Esa cifra equivale a toda la provincia de Santa Fe, o para ser más gráficos aún, a la superficie total de Inglaterra. Es curiosísimo que nos alerten porque hay estudiantes extranjeros latinoamericanos en la facultad de Medicina y no les importe que tengamos una Inglaterra entera de propietarios extranjeros metidos en nuestro territorio.
Es moneda corriente creer que el problema de la tierra es producto de lo que pasaba en nuestro país en el siglo XIX. Por eso siempre se habla de la enfiteusis, el sistema elegido para repartir tierras en la primera década después de la Revolución de Mayo de 1810; también se habla de la mal llamada Campaña del Desierto, encabezada por Julio A. Roca, quien después de expropiar a los pueblos originarios que la habitaban decidió repartirla entre los pocos miembros de la Sociedad Rural que le financiaron la expedición.
Tras ese notable genocidio, el Estado roquista repartió 42 millones de hectáreas entre un puñado de dos mil terratenientes y especuladores financieros. José María Martínez de Hoz, por ejemplo, que en ese momento era el presidente de la Sociedad Rural, recibió dos millones y medio de hectáreas. Es decir, toda la superficie de Tucumán cedida a una sola persona. Pero lo que estamos viviendo no es solo un problema histórico; ahora mismo sigue ocurriendo.
La deformación salta más claramente a la vista aún si comparamos este reparto de tierras con el que hizo EE.UU. Allí, el gobierno diseñó subastas públicas para vender lotes, reservó porciones para financiar escuelas y, décadas después, entregó tierras gratis a miles de ciudadanos para poblar el oeste. Esos cientos de miles de familias que recibieron tierras son los famosos farmers, ese modelo de vida que hemos visto durante años en la serie «La familia Ingalls». Ese justamente era el modelo que Sarmiento tenía en mente en sus debates con Juan B. Alberdi.
El sanjuanino creía que debíamos imitar ese reparto como única forma de tener un desarrollo económico democrático: la sociedad armada en forma igualitaria desde la base. Alberdi, en cambio, ponía el acento en la institucionalidad, en la separación de poderes, en el diseño constitucional. Sarmiento creía que, si el reparto de la riqueza no era democrático, el armado institucional iba a ser una cáscara vacía. La incongruencia insalvable fue que hemos imitado la Constitución de EEUU. pero no su sistema de reparto de la tierra.
Al día de hoy en los Estados Unidos, si bien existen gigantescos establecimientos corporativos, el 86% de las granjas son familiares y de pequeña escala; un campo típico estadounidense ronda apenas las 29 hectáreas. En cambio, en Argentina, la media por establecimiento agropecuario es de 700 hectáreas, y recalco que estamos hablando del promedio. Y si nos fijamos en el tema que nos tiene en debate ahora: la extensión total de tierras en manos de extranjeros en EEUU. es del 2%. En Argentina ya es del 5% del territorio, y son de los mejores terrenos.
Según los datos de la organización Oxfam, las ocho personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que los 3.600 millones más pobres. A primera vista parece un poco desnivelado. Si la ley que propone el gobierno se aprueba, las grandes corporaciones pueden llegar a comprar prácticamente toda la superficie de nuestro país.
Los datos oficiales del INDEC, a través de sus censos agropecuarios, muestran que más de 156.000 explotaciones de pequeños productores desaparecieron solo entre 1988 y 2018. Con ese dato, resulta una amarga ironía que a la nueva ley la hayan bautizado «de inviolabilidad de la propiedad privada».
Publicado en Página 12