El diputado socialista Esteban Paulón reflotó un proyecto de ley para modificar la Ley de Ética Pública y exigir que asesores con alto nivel de incidencia, como Santiago Caputo, estén alcanzados por las mismas obligaciones legales que los funcionarios designados por decreto. La iniciativa, que presentó en octubre junto a su compañera de bancada Mónica Fein, cobró nueva relevancia a partir de una reciente declaración del presidente Javier Milei, quien reconoció que Caputo tiene más poder que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
“Volvimos a plantear el proyecto que modifica la ley de Ética Pública, lo habíamos presentado en octubre del año pasado y tiene estado parlamentario, sigue vigente”, explicó Paulón en diálogo con PERFIL. “Lo traje a colación por las declaraciones de Milei, que dice que Caputo tiene más poderes que el jefe de Gabinete”, agregó.
Los firmantes del proyecto son bien variados: Esteban Paulon, Monica Fein, Margarita Stolbizer, Juan Fernando Brügge, Emilio Monzó, Carlos Gutiérrez, Eugenia Alianiello, Paula Oliveto Lago, Maximiliano Ferraro, Victoria Tolosa Paz, Ana Carla Carrizo y Sabrina Selva.
Según el legislador, el rol que ocupa Caputo en la estructura de poder del gobierno libertario se sostiene sobre un vacío legal. Al no estar designado formalmente como funcionario, sino contratado por locación de servicios, no está obligado a presentar declaración jurada patrimonial, ni a rendir cuentas sobre posibles conflictos de intereses. “Es la persona más poderosa, que tiene más poder que Francos, y no responde por su evolución patrimonial, no responde por la ley de Ética Pública o sea por negociaciones incompatibles o conflictos de interés, no debe tampoco aclarar ingresos y egresos a Casa Rosada”, advirtió Paulón, y deslizó: “Pudo haber estado también en las reuniones con los involucrados del caso LIBRA$ y no lo sabemos”.
En sus redes sociales, el diputado socialista había escrito: “No seas fantasma, Santi”, en alusión a la escasa visibilidad institucional del asesor presidencial. “La persona con más poder del Gobierno no responde legalmente ante nada. No figura como funcionario público y su designación es un simple contrato de locación. No puede seguir así”, reclamó.
El proyecto propone modificar el artículo 1° de la Ley 25.188 de Ética Pública e incorporar la figura de “Alta Dirección Pública” para incluir no sólo a ministros, secretarios y funcionarios designados por el presidente, sino también a asesores o consultores contratados cuando su rol implique tareas directamente delegadas por el mandatario. En estos casos, los asesores deberán cumplir con las mismas obligaciones que el presidente en materia de gestión de intereses, publicidad de actos de gobierno y control parlamentario.
Además, se plantea una modificación al artículo 5 de la ley, para exigir la presentación de la declaración jurada patrimonial a “todos los funcionarios independientemente de su forma de contratación con cargos de Alta Dirección Pública y/o con remuneraciones iguales o mayores a 1.500 Unidades Retributivas del Sistema Nacional de Empleo Público”.
Para los autores de la iniciativa, estas reformas son claves para evitar zonas grises dentro del Estado. “Es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no”, explicaron. “No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas de su patrimonio antes, durante y después de su función pública”.
Según Paulón, el modelo libertario se estructura deliberadamente sobre esta informalidad. “Creo que ellos tienen un modelo que les sirve porque por algo Caputo va sumando bajo su ala áreas sensibles”, afirmó.
El texto también busca contribuir a un mayor control institucional sobre figuras de alta relevancia política, incluso si no tienen designación formal. “Las modificaciones y aclaraciones que promovemos son con el objeto del fortalecimiento del sistema democrático, del control de los actos de gobierno y de los funcionarios públicos que desempeñan tareas de alta dirección”, sostiene la iniciativa.
“El objetivo es fortalecer e independizar la Oficina Anticorrupción, que hoy depende del Poder Ejecutivo. Establecer de forma expresa quiénes deben cumplir con los requisitos patrimoniales y de transparencia permite ejercer un control real sobre quienes asumen responsabilidades importantes en el Estado”, afirmaron sus impulsores.
El poder oculto de Santiago Caputo
Lejos de ser un simple asesor, consejero o prestador de servicios del Estado, como señala su contratación como monotributista, Santiago Caputo ocupa el último escalón de control político del Gobierno antes de cualquier decisión presidencial. Así lo confirmó Javier Milei en una reciente entrevista televisiva, donde explicó que cualquier decisión que toma su Gobierno primero es analizada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero que al ultimátum lo tiene Caputo, antes de que él firme.
“La llegada de Guillermo Francos como jefe de Gabinete fue liberadora porque se convirtió en un ministro que reparte el juego y los demás están más libres. Entonces hay un primer control político que hace Guillermo Francos, una segunda instancia de control política con Santiago Caputo, y después estoy yo, que meto el gancho”, sostuvo Milei.
De acuerdo con las afirmaciones presidenciales, Caputo no actúa como un simple asesor, sino que informalmente asume una responsabilidad pública. Resulta cuestionable entonces su contratación como monotributista, que le permite esquivar las auditorías de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera que conciernen a cualquier funcionario.
Además, el Gobierno confirmó recientemente cambios en el organigrama estatal que refuerzan aún más el poder de Caputo. A través de los decretos 254/2025 y 281/2025, se eliminó la Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo, que estaba bajo la órbita de María Ibarzabal Murphy, quien fue trasladada a la Secretaría de Legal y Técnica. Ibarzabal Murphy, estrechamente vinculada a Caputo, será ahora quien custodie la firma presidencial antes de que se plasme en cualquier acto público.
La expansión del poder de Caputo en el Gobierno
El poder de Santiago Caputo dentro del Gobierno de Milei no se limita a sus funciones de asesoría, sino que también ha ido expandiendo su influencia a diversas áreas clave. Desde su llegada al entorno presidencial, Caputo ha tomado control de sectores estratégicos, nombrando a funcionarios de su confianza en puestos clave.
Uno de los primeros pasos en este sentido fue la designación de Sergio Neiffert en la Secretaría de Inteligencia (SIDE), un movimiento que consolidó aún más su presencia en el aparato estatal. Con el tiempo, su influencia se extendió al Ministerio de Justicia y al Consejo de la Magistratura, a través del secretario Santiago Amerio, y a la UIF, mediante el vicepresidente del organismo, Santiago González Rodríguez.
Su poder también se extiende a la Secretaría de Culto, con Nahuel Sotelo, y a Políticas Universitarias, donde apoya a Alejandro “Galleguito” Álvarez, hijo del histórico dirigente del peronismo, el Guardia de Hierro. En el ámbito de las empresas públicas, Caputo tiene aliados en YPF, con Guillermo Garat, un socio de su consultora Move, a cargo de las Relaciones Institucionales de la empresa, y en ARSAT, con Mariano Greco, un directivo de la compañía vinculado al peronismo porteño.
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