En diálogo con CIUDAD TV, el asesor general de gobierno del Chaco, Federico Valdés, explicó los objetivos de la Red de Abogados del Estado, anunciada en septiembre. Detalló el plan de capacitación, la digitalización de los sumarios administrativos y el lugar que, a su criterio, debe ocupar la inteligencia artificial.
El asesor general de gobierno del Chaco, Federico Valdés, explicó en una entrevista con CIUDAD TV los alcances de la Red de Abogados del Estado, un espacio de trabajo conjunto entre los equipos jurídicos de los distintos organismos provinciales que el Gobierno anunció en septiembre. Según detalló, la iniciativa forma parte de una planificación de la Asesoría General con varias líneas centrales de trabajo.
Valdés aclaró que la red no busca reemplazar las funciones de cada área. “Esto no implica inmiscuirnos en competencias propias de los equipos jurídicos de los ministerios, no implica crear una estructura burocrática paralela”, sostuvo. Se trata, agregó, de un ámbito donde se compartirán “saberes, conocimientos, experiencias” para dar una respuesta colectiva al ciudadano. “La obligación y responsabilidad que tenemos los equipos jurídicos es dar una respuesta legal, clara, coherente y oportuna en cuanto al tiempo”, afirmó.
Un conocimiento “fragmentado”
El funcionario planteó que el principal problema detectado es la dispersión del saber jurídico dentro de la administración. “El conocimiento en general del Estado está muy fragmentado, está muy aislado”, describió, y puso como ejemplo a los equipos de salud, infraestructura u organismos autárquicos, cada uno con su propia especialización.
Esa fragmentación, explicó, se traduce en interpretaciones dispares de una misma normativa, como el Código de Procedimiento Administrativo, que todos los organismos aplican. Aunque la Asesoría General fija el criterio general, el objetivo es evitar idas y vueltas en los expedientes. “Atrás de cada papel hay un ciudadano, hay una empresa, hay una PYME, hay un empleado público”, remarcó.
Para ilustrar la lógica de la red, Valdés la comparó con la acumulación de procesos en la Justicia, que busca evitar el “escándalo jurídico” de que dos jueces den respuestas distintas ante una misma situación. Se aplicaría, dijo, ese criterio “sin la fuerza que tiene el código de procedimiento”, pero con el mismo sentido dentro de los equipos jurídicos del Estado.
Capacitación y recambio generacional
Otro de los ejes es la formación. La Asesoría firmó un convenio con la Facultad de Derecho para acompañar el proceso. Valdés señaló que el aprendizaje también suele ser aislado y que, ante retiros y movimientos propios de la administración pública, es necesario preparar a jóvenes abogados y abogadas en competencias generales, para que un traslado de área no signifique empezar de nuevo. “Buscamos que el Estado no tenga que comenzar de cero frente a cada problema”, resumió.
Como antecedente de trabajo coordinado, mencionó el nuevo régimen de compras y contrataciones, vigente desde el 1 de octubre, que reemplazó una norma de 1977. Según dijo, ese proceso incluyó capacitaciones con los equipos jurídicos de todos los organismos y entes autárquicos.
Digitalización e inteligencia artificial
En cuanto a las herramientas tecnológicas, Valdés informó que el primer proceso a digitalizar serán los sumarios administrativos, y anticipó que hacia fines de esta semana se presentaría un nuevo régimen. Actualmente rige un decreto de 1999, es decir, una normativa en la que “no existía” el expediente digital ni la notificación a través de plataformas de gobierno digital.
El asesor advirtió que la tecnología no alcanza por sí sola. “No se trata solamente de modernizar, de tirar tecnología sobre estructuras que son obsoletas”, afirmó, y explicó que primero hay que trabajar con los equipos y sistematizar los datos. Ayer, la red tuvo una primera capacitación sobre inteligencia artificial.
Consultado sobre su posible uso en la elaboración de dictámenes, Valdés dijo que podría aplicarse, sobre todo en tareas “repetitivas”, como el relato de causa, y que ya se utiliza en sentencias judiciales por tratarse de cuestiones homogéneas. Pero puso un límite: la decisión debe quedar “siempre sujeta a una persona, a un ser humano” que comprenda el contexto y el impacto de aplicar la norma. La creación de criterios jurídicos, indicó, requiere profesionales que entiendan ese contexto.
Para cerrar, Valdés planteó la urgencia de acompañar los cambios. “El mundo está cambiando a una velocidad inusitada”, dijo, y advirtió que hoy los ciudadanos esperan comprar bienes y servicios en 24 horas, mientras que la respuesta del Estado suele no estar a la altura. Vinculó la red con el plan de estrategia participativa del Gobernador, orientado a un Estado moderno y ágil.