Por Hugo Maldonado*
La ”Reducción de indios” de Napalpí, está ubicada a 135 kms., aproximadamente de Resistencia, en El Aguará, Chaco. Allí, alrededor de mil indígenas del pueblo qom y moqoit realizaban una medida de protesta en reclamo por alimentos. En el expediente FRE 9846/2019, caratulado “Masacre de Napalpí s/ Juicio por la Verdad”, se señala que días antes habían negociado con el gobernador Fernando Centeno algunas mejoras a sus vidas, entre ellas la entrega de comida porque hacía días que no comían.
La crueldad se manifestó a través un avión biplano Curtiss JN-90, que sobrevoló la zona y comenzó a arrojar comida y caramelos. La gente, cuando se juntó para recibir lo que les estaban dando, especialmente niños, empezaron a sentir las balas. Entre 400 y 500 mujeres, niños, hombres y ancianos fueron asesinados. Mediante la reconstrucción de la causa, se pudo develar que más de 5 mil balas fueron utilizadas de forma ininterrumpida.
La planificación de esta matanza, provino desde el Estado nacional, junto a las autoridades provinciales y hacendados, donde intervinieron además policías, gendarmes y civiles armados.
Parte de este genocidio indígena fue cometido por el Estado argentino, cuyo reconocimiento y reparación aún sigue en proceso. La búsqueda de la verdad sobre estos hechos surgió del mismo pueblo qom y moqoit, a partir de la recopilación y escritura del historiador qom Juan Chico, que falleció durante la etapa de investigación de la causa judicial. También fue crucial el testimonio judicial de Rosa Grilo, quien declaró a los 114 años como la única sobreviviente de la masacre, y que falleció en abril de 2023.
El 30 de junio de 2022, la sentencia histórica tuvo como objetivo la búsqueda de la verdad y la reparación más que la condena penal. Este proceso tuvo de referencia el realizado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en la Cámara Federal con sus desaparecidos.
Este juicio promovió la interculturalidad, y se apoyó en el relato oral de hijos y nietos de descendientes de víctimas, permitiendo el uso de la lengua a integrantes de una historia que fue mucho tiempo olvidada por el Estado.
La sentencia, histórica e internacional, reconoció la matanza como delito de lesa humanidad, y condenó al Estado por estos asesinatos que los catalogó de homicidio agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal y reducción a la servidumbre.
El veredicto solicita una serie de medidas reparatorias y crea una unidad ejecutora, para garantizar su cumplimiento.
El rol de la unidad ejecutora
Conformada por la Fiscalía Federal de Chaco, las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Instituto del Aborigen Chaqueño y la Fundación Napalpí; desde el fallo, se avanzaron con el cumplimiento varias medidas reparatorias. Por ejemplo, la formación a las fuerzas federales con perspectiva en interculturalidad, en 2023 y la elaboración de un protocolo de actuación. También se capacitó en educación provincial y nacional incluyendo en la currícula la Masacre de Napalpí y el genocidio indígena.
Continuando con el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia, para garantizar la perspectiva de los pueblos indígenas, seguimos pregonando a 100 años de la masacre de Napalpí, por la memoria, verdad y justicia, y la importancia de recordar para reparar.
(*) Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco