La subsecretaria de Género y Diversidad del Chaco, Sonia Valenzuela, relató el operativo de asistencia desplegado tras el brutal crimen de cinco personas en Quitilipi. Advirtió sobre las amenazas que había recibido la madre de los menores asesinados, cuestionó los ataques sociales contra ella y sostuvo que el acusado habría actuado con conciencia de sus actos, aunque aclaró que esa cuestión deberá ser determinada por las pericias judiciales.
La conmoción por el quíntuple crimen ocurrido en Quitilipi no terminó con el hallazgo de las cinco víctimas ni con la detención del presunto autor. Mientras avanza la investigación judicial, la familia atraviesa las consecuencias de una tragedia que dejó a varios niños sin sus seres queridos y expuso, además, situaciones de vulnerabilidad, amenazas y violencia que requieren atención.
En declaraciones a CIUDAD TV, la subsecretaria de Género y Diversidad del Chaco, Sonia Valenzuela, contó cómo fue el acompañamiento estatal a los familiares desde que tomó conocimiento del hecho, el domingo a las 7 de la mañana. Un equipo integrado por una psicóloga y un asistente social trabajó durante el domingo y el lunes en la asistencia a los allegados de las víctimas.
La funcionaria relató que, durante las primeras intervenciones, se encontraron con una situación especialmente delicada alrededor de María Aranda, madre de los niños asesinados, quien debió ser trasladada al hospital tras sufrir una descompensación. Pero, además del dolor por la pérdida, la mujer debió afrontar cuestionamientos y agresiones de integrantes de la comunidad por no haber estado con sus hijos durante la noche del crimen.
“Me pareció que estamos en una época tan dura, tan difícil para juzgar a una mamá porque no estaba esa noche con sus hijos”, cuestionó Valenzuela. Y explicó que los menores habían quedado al cuidado de una amiga de la mujer, a quien consideraba prácticamente una hermana, con quien mantenía un vínculo de confianza y colaboración mutua.
Amenazas
Uno de los aspectos más preocupantes que reveló la subsecretaria fue la existencia de amenazas previas contra Aranda por parte de su expareja. Según contó, el hombre le había enviado dos audios con amenazas de muerte porque la mujer había salido con amigas y no había cuidado a sus hijos.
Valenzuela remarcó que el hombre tampoco cumplía con sus responsabilidades parentales: no estaba presente en la crianza ni aportaba cuota alimentaria. Frente a la gravedad de los mensajes, consideró necesario activar mecanismos de protección.
A partir de esa situación, intervino personal de la Comisaría de Género y Familia, a instancias de la comisaria Karina Insaurralde, que dispuso la colocación de un botón antipánico. La funcionaria destacó la rapidez de la respuesta policial y sostuvo que también hubo un trabajo de resguardo frente a las agresiones verbales que había recibido la mujer.
«Actuaron rápido para que no suceda otra tragedia, porque iba a ir escalando», señaló. Y agregó que la amenaza había sido concreta: el hombre había manifestado que quería matarla.
CONSUMO DE DROGAS Y LA DISCUSIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL
Consultada sobre la situación del detenido y las versiones que trascendieron acerca de que habría manifestado estar poseído por el demonio, Valenzuela aclaró que todavía no había tenido acceso al expediente judicial y que respetaría la reserva dispuesta por el fiscal Valero.
Sin embargo, compartió su percepción sobre lo ocurrido. Consideró que podría haber existido un episodio de consumo problemático de drogas y un eventual brote psicótico, aunque subrayó que esa hipótesis deberá ser evaluada por los profesionales forenses.
“No creo que haya estado en un estado de inconsciencia total. No podés matar cinco personas en un estado de inconsciencia total”, expresó. También manifestó que, a partir de lo que pudo observar y de los testimonios que recogió en el lugar, considera que el acusado habría tenido conciencia de sus actos.
En ese sentido, mencionó que el hombre habría intentado suicidarse después del hecho y sostuvo que, desde su perspectiva, ese comportamiento también debía ser considerado al analizar lo sucedido. No obstante, aclaró que se trata de una apreciación personal y que será la investigación judicial la que determine las circunstancias y responsabilidades correspondientes.
La subsecretaria también se refirió a la existencia de un posible contexto de violencia previo. Según los relatos que recogió de familiares, no había antecedentes conocidos de situaciones graves, aunque sí aparecieron referencias a conflictos vinculados con el dinero y el consumo de estupefacientes. «Ahí hay que tener un poco de cuidado con qué es lo que normalizamos como una pelea normal de un matrimonio», advirtió.
Acompañamiento
Valenzuela señaló que el trabajo de la Subsecretaría no se limitó a los primeros días posteriores al crimen. La familia es numerosa y varios niños presenciaron las consecuencias de la tragedia, por lo que se requiere un acompañamiento psicológico sostenido.
También explicó que María Aranda quedó en una situación de especial vulnerabilidad, ya que padece una enfermedad y no cuenta con cobertura de salud. La abuela de los niños, que también tiene problemas de salud, sí dispone de obra social.
La funcionaria adelantó que continuarán trabajando para asistir a los familiares en los trámites y necesidades que surgieron a partir del hecho. Además, indicó que la Subsecretaría se presentaría formalmente en la causa para aportar información que pudiera resultar útil para la investigación.
“Volviendo a tiempos arcaicos”
Durante la entrevista, Valenzuela también se refirió a otro episodio de violencia: la agresión sufrida por mujeres trans en los bosques de Palermo, en Buenos Aires. La funcionaria expresó preocupación por lo que considera un retroceso social en materia de diversidad y respeto por las identidades.
“Veo como una vuelta atrás social, de la agresión por lo que cada uno elige para su vida o por lo que hace, como que volvimos a unos tiempos muy arcaicos”, sostuvo.
En esa línea, relató que recientemente acompañó a una persona del colectivo LGTB que había sido agredida por ser gay en su propio ámbito de trabajo. Para Valenzuela, estos episodios demuestran que los avances normativos y las conquistas en materia de igualdad no pueden darse por consolidados si no existe un compromiso cotidiano para sostenerlos.
“Hay que trabajar a conciencia y no de la boca para afuera”, reclamó. Y concluyó que la diversidad y la igualdad no deben ser banderas de un partido político, sino compromisos colectivos para construir una sociedad menos violenta.