Señala el proyecto como motivo de exclusión por hasta 8 años a quienes se encuentren incluidos en el “Registro Único de Personas Violentas”, a quienes hayan sido condenados con sentencia firme por delitos contra las personas, la integridad sexual, el estado civil, la libertad, la propiedad, la seguridad pública, el orden público, la seguridad de la Nación, los Poderes del Estado, la Administración Pública y el orden económico. Además, a personas condenadas por delitos de lesa humanidad.
Y establece también como requisito obligatorio a presentar el certificado de antecedentes y otro emitido por el Registro Único de Personas Violentas.
Para el diputado Bergia, se está frente a “un Estado insuficiente, un Estado bobo, porque hay un montón de requisitos que se le pide a los candidatos para serlo y no se los solicita a los proveedores del Estado y hay gente que no cumple con un montón de requisitos. Por lo tanto, lo que pretendemos, es que el Estado chaqueño sea eficiente”.
Observó además que contando la Provincia con una ley de “Compre chaqueño”, se termina comprando a ciudadanos que están afuera de la provincia, que tienen denuncias por violencia de género, por un montón de cuestiones”.
“Tenemos que buscar la manera, y tenemos instituciones, organismos que pueden hacer este control, como la Fiscalía de Investigaciones con gente muy capacitada”, indicó.
Aseguró que incluso personas que hoy cumplen con sentencias continúan en una relación contractual con el Estado. “Entonces, lo que pretendemos es que se mida con la misma vara a todos los que puedan ser candidatos y también a todos los proveedores del Estado”, sostuvo.
“Si usted analiza pormenorizadamente cada uno de los proveedores, ve que por ahí hay empresas que tuvieron problemas, que presentaron quiebra, que cambian de la titularidad y hoy nuevamente lo tenés como proveedor del Estado y en esto queremos que también haya premios y castigos, porque el Estado termina siendo un un ente más que no puede llegar a controlar. Nosotros, lo que queremos, es que el Estado sea eficiente y para que lo sea tenemos una ley de ética pública, y queremos una ley también de ficha limpia hacia todos los proveedores del Estado”.