La ley sigue vigente, pero la política federal de acceso, construída durante los primeros tiempos de la implementación, se fue desarmando por obra de Milei.
El Argentina la Ley 27.610 está vigente desde 2021 y garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 inclusive y a la interrupción legal (ILE) después de ese plazo cuando el embarazo es producto de una violación o está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante. Hoy, 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, la efeméride abre preguntas, no ya sobre su legalidad, pero sí sobre el acceso. La pregunta es: qué tan posible es hoy ejercer ese derecho en todo el territorio argentino.
Hoy, la ley sigue vigente y las prácticas se siguen realizando, pero el sistema que durante los primeros años de implementación había construido una política federal de acceso se fue desarmando. Para denunciar este estado de situación, hoy por la tarde, a las 16hs tendrá lugar un pañuelazo frente al Congreso.
El corrimiento estatal
Desde su aprobación, la implementación estuvo acompañada de resistencias, protestas y contramedidas en la esfera pública, pero con la llegada de Javier Milei a la presidencia ese proceso se profundizó al punto de que los retrocesos en la materia de derechos sexuales y reproductivos se convirtieron en uno de los principales blancos de la gestión libertaria.
Desde 2024, el Estado nacional dejó de comprar y distribuir de manera centralizada los medicamentos que garantizan las interrupciones, misoprostol y mifepristona, y trasladó -sin los recursos necesarios- a las provincias una responsabilidad que antes asumía Nación. Las capacidades para sostener esa prestación no son iguales en todo el país: algunas jurisdicciones pudieron compensar la retirada de recursos nacionales; pero la mayoría tuvo dificultades para hacerlo.
El contraste con los primeros años de la ley es muy claro. Entre 2021 y 2023 se fortalecieron equipos de salud, se amplió la red de efectores y se consolidó un esquema federal de compra y distribución de medicamentos. En 2023, por ejemplo, el Estado nacional distribuyó 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos combinados de misoprostol y mifepristona. Desde entonces, ese sistema dejó de funcionar como antes.
Hay un dato clave para entender la importancia del proceso de esos dos primeros años: las muertes maternas por embarazo terminado en aborto habían pasado de 23 en 2020 a 13 en 2021, una reducción del 43,5 por ciento.
El propio Ministerio de Salud señaló entonces que la implementación de la Ley 27.610 había generado condiciones para el acceso a abortos seguros y vinculó el descenso con el nuevo marco de acceso, aunque la mortalidad materna responde a múltiples factores.
Provincias: la que toca, toca
El nuevo escenario no produjo un derrumbe de las prácticas, pero sí una creciente desigualdad en las condiciones para acceder. El último reporte anual de Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto con Ibis Reproductive Health, releva la implementación de la política de aborto durante 2025 y parte de 2026 a partir de información solicitada a las autoridades sanitarias.
Según ese relevamiento, cuyos datos se están dado a conocer hoy, por ser 28 de septiembre -Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro-, en 20 provincias se realizaron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público durante 2025. El número no muestra cambios respecto del año anterior. La tasa de abortos también se mantuvo prácticamente estable: fue de 7,45 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 49 años, frente a 7,49 en 2023.
“Que se hayan realizado más de 87 mil interrupciones del embarazo en el sistema público, en 20 provincias argentinas, similar a lo observado el año anterior es un buen indicador”, explicó Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES y el CONICET, integran de Proyecto Mirar, que tiene como objetivo monitorear la implementacion de la ley. Frente a la discontinuidad de la compra nacional de misoprostol y mifepristona, 13 provincias sostienen el acceso con presupuesto propio, según la investigadora.
La red de atención tampoco desapareció. En el sector público se registraron 1.846 efectores que garantizan interrupciones voluntarias y legales del embarazo, una cifra similar a la de 2023, cuando eran 1.862. Es decir: la infraestructura que se construyó durante los primeros años de vigencia de la ley continúa funcionando, pero lo hace en un contexto de mayor presión sobre los sistemas sanitarios provinciales.
Un informe de Amnistía Internacional publicado en 2026 señala que durante 2025 más de la mitad de las provincias reportaron faltantes de misoprostol y casi todas informaron problemas de abastecimiento de mifepristona. Ese mismo año, la línea 0800 de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación registró 191 secuencias vinculadas con falta de medicación. Salta concentró el 46,1 por ciento de esos casos.
La retirada del Estado nacional no supone solamente dejar de comprar medicamentos. También modifica quién tiene que resolver los problemas que aparecen en el territorio. Las provincias ya financian más del 75 por ciento del gasto público en salud, según datos citados por Amnistía Internacional. Cuando la compra de medicamentos y el sostenimiento de las políticas de salud sexual y reproductiva pasan a depender de presupuestos provinciales muy diferentes entre sí, también se profundizan las desigualdades territoriales.
Amnistía registró, durante 2025, 406 consultas y denuncias por obstáculos para acceder al aborto, frente a 102 en 2024. El aumento fue superior al 300 por ciento. La organización advierte que el registro de su formulario -que está disponible online para recibir estas denuncias- no es representativo de todo el país, pero considera que permite aproximarse al agravamiento de las barreras en un contexto de falta de información oficial.
El caso de San Isidro
El problema no siempre toma la forma de una prohibición. A veces aparece como un obstáculo administrativo, una derivación, una consulta innecesaria o una demora que, en una práctica tan sensible al paso del tiempo como ésta, influye en las condiciones de acceso.
El caso de San Isidro es paradigmático. En ese municipio bonaerense comenzó a funcionar un protocolo que, según la presentación realizada por Amnistía Internacional entre otras organizaciones, incorporaba requisitos y condiciones que no estaban contemplados por la Ley 27.610: pedía entre otros, una consulta psicológica previa, nuevas instancias para ratificar una decisión ya expresada, restricciones adicionales para el acceso por la causal salud y circuitos que podían comprometer la confidencialidad. También se concentraba la prestación en el Hospital Materno Infantil y se excluía del circuito a los Centros de Atención Primaria de la Salud.
El objetivo era hacer más largo, más incierto o más desgastante el camino para llegar a una práctica que la ley garantiza.
En agosto de 2026, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro, a cargo de la jueza María Paula Vénere, hizo lugar a la mayor parte de una medida cautelar presentada por Amnistía Internacional y ordenó suspender el protocolo cuestionado. El municipio deberá garantizar las prácticas dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente y resguardar la intimidad de quienes soliciten la atención.
Amenazas
En el plano estrictamente jurídico, el panorama es diferente. El reporte del observatorio Proyecto Mirar señala que entre agosto de 2025 y julio de 2026 se presentaron 75 proyectos vinculados con aborto y salud sexual y reproductiva. Algunos buscaron limitar la aplicación de la Ley 27.610 en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, pero ninguno obtuvo dictamen ni llegó al recinto.
Desde la sanción de la ley se iniciaron, además, 38 causas judiciales en su contra: 35 fueron rechazadas y tres todavía están en trámite ante la Corte Suprema.
Eso significa que la Ley 27.610 no fue derogada ni modificada sustancialmente. La disputa se desplazó, en buena medida, hacia otros terrenos: el presupuesto, los medicamentos, la información, la organización de los servicios de salud y las decisiones administrativas que pueden facilitar u obstaculizar el acceso.
En paralelo, el Gobierno nacional profundizó una agenda política contraria a varios de los consensos construidos alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, y derechos de las mujeres y comunidad lgbti en general.
En agosto de este año, la Argentina adhirió a la Declaración del Consenso de Ginebra, un documento que sostiene, entre otras cuestiones, que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de los Estados de financiarlo o facilitarlo. La Cancillería argentina presentó la adhesión como parte de una agenda fundada en la “dignidad humana” y la soberanía de los Estados.
La declaración no modifica por sí misma la legislación argentina: la Ley 27.610 continúa vigente. Pero la adhesión forma parte de un escenario político internacional en el que el Gobierno argentino se acerca a Estados y organizaciones que cuestionan el reconocimiento del aborto como derecho.
Las resistencia en red
El deterioro del acceso al aborto tampoco puede separarse del debilitamiento de otras políticas de salud sexual y reproductiva. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que había contribuido a reducir de manera significativa el embarazo adolescente, quedó prácticamente sin financiamiento: para 2026 se proyectó una inversión inferior al 3 por ciento de la realizada en 2023, según un análisis presupuestario de ACIJ y ELA.
“Si bien el Estado nacional ha desfinanciado por completo las políticas de salud sexual y reproductiva, corriéndose de su rol de rectoría sanitaria, son los equipos de salud quienes están garantizando el derecho al aborto en todo el país”, sostuvo Lucía De La Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS, consultada por este diario.
De La Vega, junto con el colectivo de Abogadxs La CIEGA, impulsa además una acción judicial contra el Estado nacional por la falta de mifepristona y misoprostol.
Para De La Vega, el sostenimiento del derecho está ocurriendo hoy en buena medida a través de una red formada por los sistemas provinciales de salud, profesionales, organizaciones y equipos que continúan garantizando las prácticas.
Página/12