El presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Darío Gómez, analizó las presentaciones judiciales sobre el protocolo antipiquetes y su vigencia y sostuvo que se trata de una resolución administrativa que vulnera derechos constitucionales y contradice leyes provinciales e internacionales.
El presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Darío Gómez, cuestionó la continuidad del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y conocido como protocolo Bullrich, luego de que la Justicia hiciera lugar al recurso presentado por el Gobierno nacional para que siga vigente hasta que se resuelva el litigio de fondo.
“Vale recordar que es un protocolo que sale de una resolución de un Ministerio Nacional, que era un ministerio que estaba a cargo en ese entonces de Patricia Bullrich”, explicó Gómez en diálogo con CIUDAD TV. En ese sentido, remarcó que se trata de una resolución administrativa y no de una ley debatida en el Congreso.
“Esa resolución que saca el Ministerio y que fue conocida con el nombre del protocolo Bullrich es una resolución que avasalla derechos constitucionales, modifica de hecho el Código Penal y el Código Procesal”, afirmó. Agregó que esta postura fue sostenida desde el inicio por el Consejo Federal de los mecanismos locales de prevención de la tortura: “Lo observamos desde el principio y nos opusimos a esa situación”.
Gómez destacó que en la provincia del Chaco rige una normativa que establece criterios distintos para el accionar de las fuerzas de seguridad. “En la provincia del Chaco tenemos una ley que dice lo opuesto. La ley 2399-J regula el accionar de las fuerzas de seguridad y permite, legitima y establece el derecho que tiene la ciudadanía a ejercer la protesta social”, sostuvo.
En ese marco, recordó las tensiones generadas por decisiones del Gobierno provincial para limitar las manifestaciones. “Fueron de público conocimiento las decisiones políticas que tomó el gobierno provincial en relación con impedir, a través de una cantidad muy significativa de efectivos de la policía provincial y, últimamente, también con la suma de otras fuerzas de seguridad, la circulación de las protestas en Resistencia”, señaló.
Ante ese escenario, el Comité de Prevención de la Tortura impulsó acciones judiciales. “Nosotros hemos presentado medidas judiciales, habeas corpus, y el Superior Tribunal de Justicia nos dio la razón y ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley 2399-J”, indicó.
El titular del Comité subrayó además que la normativa chaqueña se encuentra alineada con los compromisos internacionales asumidos por el país. “Chaco está dentro de las normas y los estándares internacionales”, afirmó, y advirtió que el protocolo nacional “viola todos esos tratados” en el marco de las competencias que tenía el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Respecto del fallo del juez federal Martín Cormick, que declaró la nulidad del protocolo antes de que fuera apelado por el Gobierno, Gómez consideró que “viene a poner en relieve la importancia de los derechos humanos, el respeto de los tratados internacionales y de toda la normativa vigente que tenemos en nuestro país”. En ese sentido, sostuvo que la resolución judicial “da para atrás este famoso protocolo”.
“Fue más un protocolo político, porque así como lo aplicaron en Chaco, que nunca existió, también lo hicieron en otras provincias del país donde no tenía ningún tipo de validez”, señaló. Y concluyó con una crítica al enfoque del Gobierno nacional: “Este gobierno construye su legitimidad política sobre la base de destruir la agenda de derechos humanos. Cada discurso del primer mandatario, del vocero y de los referentes más importantes va contra los jubilados, contra la diversidad sexual y contra los derechos humanos”.