“Libertad ya”, decía una pancarta del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) que llevaban en el recorrido por el centro histórico de la ciudad.
Organismos de la sociedad civil vienen planteando desde octubre la creación de un presupuesto para atender a las víctimas del régimen de excepción establecido en marzo de 2022 por el gobierno de Bukele para combatir el accionar de los grupos delictivos.
Unos 83.000 supuestos miembros de organizaciones criminales fueron encarcelados bajo dicho estado de excepción que permite arrestos sin órdenes de captura.
Según las organizaciones Socorro Jurídico Humanitario, Cristosal y Movir, unos 30.000 de los arrestados son “inocentes”.
El Gobierno se excusa que con esta medida El Salvador, que era considerado el país sin conflicto bélico más violento del mundo, redujo a mínimos históricos los homicidios (2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023).
Pero Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras ongs locales denunciaron “detenciones indiscriminadas” y más de 300 muertes bajo custodia estatal desde que Bukele inició su ofensiva contra las pandillas.
Otros reclamos
A la movilización se sumaron médicos y docentes que exigen mejoras en los servicios y denunciaron que el gobierno está recortando el presupuesto en 2025.
Carlos Hinds, integrante del Colegio Médico de El Salvador, afirmó que el presupuesto de 2025 está sufriendo un recorte con relación al de este año.
“Si con el presupuesto actual tenemos escasez de medicamentos, citas a largo plazo, sobrecarga de trabajo para los especialistas, toda la crisis se va a profundizar con el recorte presupuestario”, advirtió.
Por su parte, Idalia Zúniga, líder sindical y maestra recién despedida, expresó que salió a las calles a protestar contra los despidos emprendidos por el gobierno.
La tarde del viernes “ya tenían 107 trabajadores despedidos” desde el 19 de octubre cuando se iniciaron las protestas, se quejó.
Página/12