La prórroga por 180 días se formalizó a través del decreto 448/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, en el que también se confirma en la Intervención del ente a Juan Martín Ozores. “Resulta necesario y razonable prorrogar la intervención del Enacom por el plazo requerido para garantizar la culminación de las tareas en curso y la implementación plena de las medidas proyectadas”, se sostuvo en los considerandos del decreto.
La intervención del Enacom se dispuso mediante el decreto 89 del 26 de enero de 2024 y la primera prórroga se concretó el 29 de julio de ese año, con el decreto 675, con lo que, en caso de no aprobarse una tercera prórroga, el proceso de intervención se extenderá por dos años.
Rediseño de la estructura
En su transcurso, se explicó, “se ha logrado avanzar en un diagnóstico detallado del estado institucional, normativo y funcional” del ente, y quedó en evidencia “la necesidad de rediseñar su estructura, simplificar sus procedimientos y fortalecer su desempeño como autoridad reguladora del sector”.
En el lapso transcurrido quedaron en evidencia “falencias estructurales en la organización, ausencia de objetivos operativos claros, superposición de competencias, discrecionalidad en el manejo de fondos y deficiencias normativas que obstaculizan la gestión eficaz y transparente del organismo”, por lo que se consideró necesario una “nueva etapa del proceso de intervención”.
En los seis meses que restan hasta el 4 de enero “se proyecta la implementación de comisiones técnicas de trabajo y grupos especializados de análisis, destinados a revisar en profundidad los procedimientos de concurso de servicios audiovisuales, así como a abordar la actualización normativa en materia de licencias, calidad de los servicios, régimen de relaciones con los usuarios, autorizaciones y procedimientos sancionatorios”, detalló la norma.
Los objetivos de los próximos seis meses
Para el período de la segunda prórroga, la intervención tendrá como propósito “mejorar la eficacia y eficiencia en la administración de los fondos que percibe el organismo, a través de la simplificación normativa y desarrollo e instrumentación de sistemas adecuados”.
“Asimismo, deberán redefinirse los mecanismos para el cumplimiento de los aportes de inversión al que se encuentran obligados los licenciatarios de Servicios de TIC, para garantizar el Servicio Universal”, además de “relevar el estado y disponibilidad de las bandas del espectro radioeléctrico y planificar la adopción de medidas tendientes a la optimización de su utilización, de acuerdo con el contexto internacional en la materia y las necesidades de desarrollo tecnológico del sector y la promoción de la competencia”.
En ese marco, continuó, “se deberá evaluar el régimen de sanciones aplicable a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, postales y de tecnologías de la información y telecomunicaciones, y determinar la pertinencia de introducir modificaciones que atiendan a la finalidad de disuadir el incumplimiento del marco regulatorio, garantizando la prestación de tales servicios”.
En los considerandos se precisó que ya se inició “el diseño de una nueva estructura orgánico-funcional, orientada a dotar al organismo de mayor racionalidad, eficiencia operativa y alineación con sus competencias esenciales”, para lo que se requiere “continuidad para su efectiva implementación”.
El Gobierno agregó que ese proceso “se encuentra en curso, siendo necesario culminar las tareas de auditoría, diagnóstico y relevamiento iniciadas, con el fin de contar con un análisis integral y sustantivo respecto del modo en que fueron gestionados los recursos y estructuras previas a la intervención”.
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