El legislador Nicolás Slimel presentó un proyecto de ley que propone declarar por 12 meses la emergencia salarial y establecer un tope de ocho salarios mínimos para funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Si la sociedad viene haciendo un gran esfuerzo para soportar esta crisis, nosotros también tenemos que hacerlo”, afirmó. Cuestionó los altos sueldos en organismos del Estado y pidió que los fondos excedentes se destinen a políticas sociales prioritarias.
El legislador Nicolás Slimel explicó en diálogo con CIUDAD TV los alcances del proyecto de ley que impulsa un tope salarial para los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. “Estamos atravesando una situación extremadamente difícil desde lo económico y desde lo social”, planteó. “Desde que ha comenzado la gestión de Leandro Zdero, los ajustes han pasado por los trabajadores, por el sector docente, por la obra pública y por el sector privado, y todo esto conlleva a un malestar y un enojo social”.
Slimel sostuvo que la propuesta surge como una respuesta ante el escenario de recortes que afecta a distintos sectores. “En la última presentación del Presupuesto provincial, el Ejecutivo plantea ajustes para el año que viene en materia salarial para los trabajadores del Estado, pero también en género, en ambiente y en obra pública”, indicó. “Por eso creemos que esta parte de la política también tiene que ser parte del ajuste”.
El proyecto presentado por Slimel propone “declarar por 12 meses una emergencia” que implique “una limitación con tope de los salarios de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo” e invita a adherir “al Poder Legislativo, a todos los diputados y diputadas, y también a la Justicia”.
“Este tope será de ocho salarios mínimos, vitales y móviles a partir del gobernador y de ahí hacia abajo, en los distintos estratos de funcionarios”, detalló.
El legislador señaló que en la actualidad “los organismos autárquicos y descentralizados, pero también las empresas del Estado y las sociedades anónimas con capital estatal, tienen sueldos extremadamente altos y exagerados para una provincia tan pobre y con tantas necesidades como la que estamos atravesando”.
“Tenemos un ejemplo concreto: el presidente de la empresa de energía Secheep cobra más de 17 millones de pesos, y la administradora General de la ATP, casi 9 o 10 millones”, ejemplificó. “Mientras tanto, la gran mayoría de los trabajadores del Estado están por debajo de la línea de pobreza o no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de sus familias”.
“Si la sociedad viene haciendo un gran aporte para soportar esta crisis y el ajuste que está haciendo este gobierno, me parece que hay que empezar por casa”, remarcó Slimel. “Nosotros, tanto los funcionarios del Poder Ejecutivo como los diputados y los funcionarios judiciales, tenemos que hacer el mismo esfuerzo que hace la sociedad”.
El legislador adelantó que el proyecto prevé que “la diferencia entre lo que se recauda y lo que se ahorra con la aplicación del tope salarial quede a libre disponibilidad del gobernador”. Explicó que no se trata de obstaculizar la gestión, sino de reorientar los recursos: “No queremos entorpecer las políticas del gobierno, pero pedimos que ese dinero se destine a los comedores comunitarios, a los centros de salud y hospitales que hoy tienen una grave falta de insumos, y también a los establecimientos educativos”.
“Queremos que los fondos se utilicen en políticas sociales de mucha necesidad y que, de esa forma, la política empiece a dar el ejemplo”, concluyó Slimel.