El proyecto llegó al Congreso, busca replicar el modelo Brasil y crear una red de transferencias inmediatas. ¿Es necesaria o hay que mejorar lo que existe?
En los últimos días llegó al Congreso un proyecto de ley que propone crear un “PIX argentino” bajo el nombre ANAP, siglas de “Autopista Nacional de Pagos”.
El texto lleva la firma del diputado nacional de Unión por la Patria, Santiago Luis Roberto, e impulsa una infraestructura pública de transferencias y pagos digitales inmediatos administrada por el Banco Central, sobre la cuál competirían bancos y billeteras, inspirada en el modelo brasileño.
Qué es la ANAP y cómo funcionaría la Autopista Nacional de Pagos
La ANAP sería “una infraestructura pública destinada a modernizar el sistema de pagos argentino mediante transferencias digitales inmediatas, interoperables, seguras y de bajo costo”, tomando como espejo a PIX de Brasil y UPI de India.
La idea central es que el Estado deje de ser solo el que fija las reglas y pase a ofrecer él mismo una infraestructura “abierta, neutral, no discriminatoria e interoperable” sobre la cual se apoyarían las entidades financieras para canalizar las operaciones.
“ANAP no reemplaza al sector privado, redefine la infraestructura base para que el mercado compita sobre ella”, cierra el legislador en los fundamentos de la iniciativa, que recibió en redes sociales el respaldo explícito del diputado federal brasileño Alencar Santana. El proyecto, que ingresó por mesa de entrada el 14 de agosto según el sitio oficial de la Cámara de Diputados, detalla la autopista que debería permitir:
-Transferencias inmediatas entre personas
-QR interoperable entre cualquier billetera y banco
-Débitos automáticos consentidos y pagos recurrentes, como los de servicios o suscripciones
-Pedidos de pago electrónicos
-Pagos entre personas y comercios
-Pagos al Estado, y del Estado a las personas
-Transferencias masivas, como sueldos o planes sociales
-Transferencias internacionales, cuando la reglamentación lo habilite
Los costos es uno de los puntos más sensibles de la iniciativa, ya que la falta de adopción de comercios y empresas tiene relación con el gasto que implica incorporar la tecnología y desplegarla, algo que no siempre termina siendo redituable, especialmente en negocios de cercanía.
Esto provoca no solo que el consumidor no pueda abonar con su medio predilecto sino a que, en consecuencia, gane predominancia el efectivo.
Para las personas, se establece que cualquier operación sea gratuita, sin comisiones para quien ordena el pago. Para comercios y empresas, la iniciativa fija aranceles máximos según el tamaño:
-0,15% para microempresas
-0,25% para pequeñas
-0,35% para medianas
-0,50% para grandes
A eso se suman otras definiciones muy similares a lo que los argentinos están acostumbrados a ver en Brasil. Por ejemplo, la ANAP deberá permitir la identificación de cuentas no solo con CBU, CVU o alias para transferencias o pagos, sino también con: CUIT, CUIL, DNI, número de teléfono o correo electrónico.
En Argentina existe Transferencias 3.0, un esquema de pagos digitales abierto y universal que el BCRA lanzó en 2021 y ya permite que cualquier persona, sin importar su entidad, sea banco o billetera virtual, pueda pagar en el QR de otra, independientemente de quién lo haya emitido.
Sin embargo, el proyecto de la ANAP pone en debate si hace falta que el Estado construya y opere una infraestructura propia o alcanza con corregir la plataforma existente.
¿Es necesaria una “autopista nueva” para los pagos digitales?
Para Diego Kupferberg, especialista en negocios digitales y fundador de API Hub de Negocios, “Argentina no está en el punto de partida de PIX en Brasil en 2020: hoy ya hay interoperabilidad de QR, alias, CVU, CBU y una cámara compensadora como COELSA funcionando”.
Considera que “Transferencias 3.0 resolvió un problema puntual”, como el pago con QR entre códigos y billeteras de distintos proveedores. Según su entender, es “interoperabilidad de ‘última milla’, pero montada sobre rieles privados (COELSA, Prisma, Link) que siguen siendo dueños del negocio de procesamiento”.
“Lo que propone ANAP es distinto en naturaleza, pero no en grado: que el Estado pase de fijar el estándar técnico a operar directamente los rieles, funcionando en paralelo a los sistemas privados existentes. La diferencia central es que Transferencias 3.0 estandarizó el lenguaje entre empresas, pero dejó intacta la estructura de costos e intermediación. ANAP discute directamente esa estructura”, argumenta.
En línea con esto último, señala como un “flanco delicado” que el Banco Central pase a ser juez y parte. Aunque ya regula y supervisa el sistema, la autopista también operaría una de sus cámaras de pago: el Estado competiría como un actor más dentro del mismo mercado que controla.
Esa “acumulación de roles”, en la visión del experto, “no es necesariamente mala, pero exige bordes muy claros entre la función de supervisión y la función comercial. De lo contrario cualquier privado que compita contra el Estado va a cuestionar la ‘cancha pareja'”.
“Que ofrezca un servicio de referencia puede ordenar precios, pero solo funciona si el árbitro no juega el partido con ventaja de información regulatoria. Ese es el punto que yo remarcaría en cualquier discusión legislativa de este proyecto”, resalta.
Sin embargo, destaca que la Autopista Nacional de Pagos traería cuestiones que el país aún no tiene, como “liquidación en tiempo real garantizada por el Estado, un tope de comisiones que no dependa de la voluntad del mercado y tiempos de acreditación uniformes con compensación automática por demora”.
Además, entiende que “puede colaborar con la formalización de los pagos en comercios, algo que debería suceder en algún momento”. “Hoy la Argentina digitalizó los pagos, pero no los formalizó, debido a que las transferencias se realizan contra cuentas particulares y no contra comercios”, expresa.
El proyecto alternativo que propone modernizar lo que ya existe
Kupferberg reafirma que “construir ‘una autopista enteramente nueva’, aunque viable técnicamente, es más lento, caro y expuesto a fallas de implementación que tomar la infraestructura interoperable existente y renegociar sus reglas”, como “bajar el costo de la cámara compensadora, obligar a liquidación same-day o en tiempo real y sacar a Ingresos Brutos de la ecuación”.
Eso es justamente lo que propone otra iniciativa que también llegó recientemente al Congreso con el objetivo de modernizar el sistema de pagos. Lo hizo desde el mismo bloque del diputado Roberto, Unión por la Patria, aunque con la pluma de Guillermo Michel.
En este caso, se presentó bajo el nombre Ley de Modernización del Sistema Nacional de Pagos y su meta no es crear una red nueva y paralela, sino encomendarle al Banco Central que modernice y reestructure tecnológicamente el esquema que ya existe. Propone varios objetivos, entre los que se destacan:
-Reducir costos de operar con medios electrónicos
-Masificar el acceso y uso de pagos digitales en todo el país
-Garantizar la interoperabilidad plena entre todos los participantes de la industria
-Modernizar la infraestructura de procesamiento, compensación, liquidación y transferencia de fondos
Entre los cambios concretos que impulsa, se destacan:
-Tope a las comisiones que paga el comercio: hasta 1% con tarjeta de crédito y 0,50% con débito, prepagas, transferencias y débitos inmediatos
-Límite de 0,25% a lo que se cobran entre sí los players del sistema en transferencias y débitos inmediatos
-Exención de retenciones y percepciones nacionales para las ventas digitales de hasta 250 UVA ($520.000)
-Plazos máximos de acreditación: desde el instante del pago en las transferencias hasta 10 o 15 días en tarjeta de crédito
-Creación de un Sistema Integrado de Pagos y Liquidaciones, que reemplazaría a la actual infraestructura del BCRA y funcionaría las 24 horas, los 365 días
-Invitación a provincias y municipios a bajar sus propias percepciones, empezando por Ingresos Brutos
La denuncia contra 91 billeteras virtuales: ¿puso el debate sobre la mesa?
A Kupferberg no le parece casualidad que estas reformas lleguen “en un momento en que el propio Congreso viene denunciando a las billeteras por comisiones y costos financieros abusivos. Que ambas cosas aparezcan juntas no es una coincidencia”.
En los últimos días, un grupo de diputados, incluyendo al propio Michel, presentó una denuncia formal ante la Autoridad Nacional de la Competencia para que se investigue a 91 billeteras y 687 proveedores no financieros por presuntas prácticas anticompetitivas en las tasas y condiciones de los créditos, en el contexto de la mora récord.
Entre las plataformas mencionadas en el escrito aparecen Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay y Cocos, entre otras.
Sobre la necesidad de construir “autopista nueva” o tapar los pozos de la que ya existe, el analista remarca que “el objetivo de fondo, que son pagos más baratos y más rápidos, se puede lograr regulando mejor lo que ya funciona”.
A su vez, que “la creación de ANAP como ‘ente aparte’ solo se justifica si el diagnóstico es que los operadores actuales no van a ceder margen sin que el Estado entre a competir directamente. Esa es, en definitiva, la discusión política real que el Congreso tiene por delante, más allá del nombre de la ley”, concluye.
IProfesional