El director de Fiscalización Sanitaria, Christian Dellera, dialogó con CIUDAD TV luego de emitirse un alerta tras la prohibición de la comercialización, por parte de la ANMAT, de medicamentos inyectables adelgazantes.
Explicó que, “lo que pretende el alerta es advertir” y remarcó que “no se pone en tela de juicio la droga”. “Es una droga que en manos de profesionales, con un seguimiento personalizado y con un tratamiento que esté bajo la supervisión de un profesional médico tiene indicaciones y necesita un monitoreo”, sostuvo.
Comentó que se advirtió desde la ANMAT, que existen canales de comercialización que no son legales. “Uno tiene que entender que un medicamento solo puede ser ofrecido por una farmacia donde los profesionales tienen la garantía de que esa cajita que le está entregando de la medicación siguió los caminos legales y de seguridad, tanto el laboratorio, el lugar de almacenamiento y hasta que se entrega al personal. Incluso muchos tiene cadena de frío de conservación y la única forma de garantizar eso es en farmacias habilitadas”, apuntó.
Informó que se detectaron “medicamentos apócrifos, no tienen la droga que dicen que tiene que tener y, por otro lado, también existen marcas que no están autorizadas para la comercialización en el país. La alerta es justamente para nosotros que somos provincias limítrofes con otros países. Y, en tercer lugar, que siempre advertimos, la única forma de garantizar esto es que uno lo compre en una farmacia habilitada”.
Consultado sobre el uso de este tipo de fármacos, y sus consecuencias, Dellera sostuvo que “es una medicación que hoy tiene uso y por ahí la gente piensa que es una droga milagrosa, pero como cualquier medicamente no está exento de efectos colaterales y por eso tiene indicaciones precisas: para qué sí y para qué no. Eso solamente lo conoce el profesional”. “Uno es consciente que también hay automedicación, como con cualquier fármaco, entonces también eso implica un riesgo”, advirtió.
Aseguró que, existiendo la posibilidad de adquirirlo por un circuito que no sea legal, “puede convertirse en un problema de salud pública”.