Wirtz recordó que esta práctica comenzó en 2020, durante la pandemia, cuando las visitas a las personas privadas de su libertad fueron suspendidas. “Al principio, la medida generó preocupación, pero la experiencia fue altamente positiva. Los internos pudieron acceder a cursos online, realizar videollamadas con familiares, y obtener asistencia psicológica y psiquiátrica”, explicó.
Según la defensora General, la Ley 4033-J, que regula esta limitación, fue presentada con el argumento de prevenir delitos como el narcotráfico o la trata, pero cuestionó la validez de estos datos, que se referían a otras provincias con características penales muy diferentes.
“Los datos leídos en la Cámara de Diputados provenían de lugares como Buenos Aires y Rosario, donde la población carcelaria es distinta a la de nuestra provincia. En cuatro años de uso de dispositivos móviles en las cárceles provinciales, sólo se registraron alrededor de 30 casos de mal uso, y ni siquiera son delitos”, afirmó.
En cuanto al pedido de inconstitucionalidad, subrayó que la ley no sólo es innecesaria, sino que también contradice los principios establecidos en la Constitución Nacional y Provincial, que señalan que las cárceles deben ser espacios de resocialización y no de castigo. “El dispositivo móvil permitió a los internos acceder a una educación y formación que de otro modo no habrían podido tener. Esta medida favoreció su reinserción en la sociedad”, añadió.
Además, Wirtz recordó que, en un habeas corpus presentado anteriormente ante el Superior Tribunal de Justicia, ya se había cuestionado que los condenados cumplieran su sentencia en comisarías debido a la falta de recursos para brindarles educación, salud y fortalecer los vínculos familiares. En este sentido, señaló: “La seguridad no se logra restringiendo derechos, sino rehabilitando a la población carcelaria. Restringirles el acceso a estos recursos no contribuye a su resocialización”.
Wirtz también mencionó que la norma tampoco respeta los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Argentina. “La Argentina ha suscrito tratados que consagran el principio de progresividad y no regresividad de los derechos. Las personas privadas de su libertad tienen restringida la libertad ambulatoria, pero no sus otros derechos”, señaló.
Junto al habeas corpus también se solicitó una audiencia con el Superior Tribunal de Justicia para discutir la viabilidad de la medida y para que los delegados de las unidades penitenciarias expliquen por qué esta nueva ley no es factible. “Si la sentencia es negativa, aún nos quedaría la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e incluso podríamos recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, concluyó Wirtz.