En una gestión nacional caracterizada por su repulsión hacia todo tipo de respeto hacia la diversidad sexual, la reciente noticia de que el líder de la banda Los Monos, Guillermo Cantero, solicitó un traslado hacia una cárcel femenina por autopercibirse mujer le cayó como anillo al dedo.
“Sólo en un país cuyos valores han sido trastocados puede darse semejante barbaridad. Vamos a prohibirlo, los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la ley de igualdad de género”, aseveró Milei el martes en la Casa Rosada.
En medio de esta controversia, Ariela Álvarez, comisionada del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, se pronunció en contra del anuncio presidencial, al recordar que la Ley de Identidad de Género es un derecho conquistado que debe ser respetado.
“La Ley de Identidad de Género reconoce el derecho de las personas que puedan vivir su vida con un DNI que reconozca su identidad”, subrayó Álvarez en declaraciones a CIUDAD TV. La comisionada recordó que esta legislación, vigente en Argentina desde 2012, no puede ser ignorada ni revocada arbitrariamente, ya que hacerlo significaría violar un derecho garantizado por ley.
Álvarez también hizo hincapié en que ninguna autoridad, “ni siquiera el presidente, puede contravenir una ley”. “El propio Milei ha dicho que lo que nos diferencia de las bestias es el cumplimiento de la ley. Eso incluye garantizar los derechos de todas las personas, incluso las privadas de su libertad”, afirmó.
En el Chaco, si bien no se han registrado numerosos casos de personas privadas de libertad que opten por un cambio de género, Álvarez destacó que el Servicio Penitenciario ha trabajado para abordar estas situaciones. “Se han presentado casos aislados, y en respuesta, el servicio penitenciario ha estado capacitándose y discutiendo alternativas para garantizar los derechos sin que haya abusos o distorsiones de la ley”, explicó.
Remarcó que “no es tan sencillo” que el sistema penitenciario reconozca un cambio de identidad de género. “No hay que escaparle a la discusión de que hay distorsiones. Como en toda ley, hay personas que van a buscar utilizar esto para zafar o para hacer algún atajo. Pero sí es importante comunicarle a la comunidad que esto no es tan sencillo. No es que yo digo, ah bueno, yo hoy soy tal o cual cosa y entonces circulo por la cárcel como se me ocurre. Eso no es verdad, no ocurre de esa manera”.
“Los servicios penitenciarios tiene equipos técnicos e interviene la Justicia. Hay una serie de mecanismo que por un lado garantizan los derechos y por otro impiden que haya un abuso cuando una persona quiera invocar ese derecho para hacer algo que no corresponde”, enfatizó.
Respecto a las críticas que vinculan cambios de género con posibles abusos dentro de las cárceles, Álvarez reconoció que la violencia y los abusos en el ámbito carcelario son un problema sistemático. “El abuso no solamente ocurre de varones o mujeres trans hacia otras personas sino también ocurre entre personas del mismo género. Es una realidad trágica y hay que trabajar sobre ello”, remarcó.
La comisionada también llamó a abordar el tema con seriedad y sin simplificaciones. “No se trata de que cualquiera pueda invocar un derecho para evadir responsabilidades. Las instituciones tienen protocolos para evitar que eso ocurra”, enfatizó.
En su mensaje, Álvarez instó a las autoridades a reconocer los avances y las herramientas existentes en los servicios penitenciarios. “Los servicios penitenciarios, tanto en Chaco como en otras provincias, han trabajado durante años en estas temáticas. No son ingenuos y tienen los recursos para manejar estas situaciones que, además, no son masivas”, concluyó.