En un comunicado dirigido al mandatario, la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) afirmó que la derogación y remplazo de la actual ley de Biocombustibles que impulsa el gobierno nacional con el paquete de leyes enviadas al Congreso es “el certificado de defunción de toda la industria pyme de biocombustibles”.
Una de las cuestiones que se debatirán en las sesiones extraordinarias convocadas por el mismo ejecutivo nacional es la derogación de la Ley de Biocombustibles Nº 27.640, a la cual el gobierno busca remplazar por otra mucho más resumida y con algunos aspectos disruptivos a considerar.
En este aspecto, lo primero que apunta eliminar el gobierno es la regulación del Estado en el precio de compra de la materia prima de origen vegetal (maíz, soja, y caña) que utilizan las productoras de biocombustibles para hacer el corte obligatorio con los combustibles fósiles.
Esto se traduce en que las petroleras podrán negociar los valores de compra directamente con dichos productores sin intermediación del Estado fijando el precio al que se comercia el litro o la tonelada de aceite vegetal utilizado en la producción. Anteriormente esto era potestad de la Secretaría de Energía, desde donde se fijaba cada cierta periodicidad los costos de estos insumos en la industria.
El comunicado de Casfer
“En mi carácter de presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), entidad que agrupa a las elaboradoras pymes de biocombustibles de la provincia de Santa Fe, me dirijo a ud. a raíz de la presentación en el Honorable Congreso de la Nación, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del proyecto de ley denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, bajo el número de expediente nro. 194/23 (en adelante el ”Proyecto de Ley”), y a los fines de solicitar vuestra intervención atento el riesgo que éste conlleva para toda la industria pyme de biocombustibles, no solo de nuestra provincia sino de todo el país.
Conociendo su posición en materia de desarrollo industrial y apoyo a las bioenergías, es que solicitamos una audiencia para poder expresar con mayor profundidad los conceptos de esta nota, los riesgos y avasallamientos de derechos que este proyecto genera para nuestra industria, y, de ser posible, trazar juntos una estrategia de defensa de los puestos de trabajo y de la industria pyme de los biocombustibles, todo ello, atento las consecuencias negativas que el mismo generará, en caso de aprobarse, en todo el entramado de nuestras economías regionales.
Lo que si tendrá en cambio significativo en caso de aprobarse este proyecto de ley, es la libertad que se le da a las empresas de estar de los dos lados del mostrador. El párrafo que establece que las empresas que produzcan y/o destilen hidrocarburos no podrán ser titulares o tener participación en empresas y/o plantas productoras de biocombustibles, desaparece en la nueva ley a debatir.
Señor Gobernador, estamos en condiciones de afirmar que la aprobación del Proyecto de Ley constituiría el certificado de defunción de toda la industria pyme de biocombustibles”, aseveraron desde Casfer en la nota presentada.
En el artículo 5°, la ley nueva diría que quienes elaboren, almacenen y/o comercialicen biocombustibles deberán registrarse y habilitarse en el Registro que se creará junto con la ley, a diferencia del actual que regula: “Solo podrán elaborar, almacenar y/o comercializar biocombustibles, o llevar a cabo la mezcla de estos con combustibles fósiles en cualquier proporción, las empresas que se encuentren debidamente habilitadas a tales efectos por la autoridad de aplicación, caso contrario la actividad será considerada clandestina”.
En cuanto a los cortes obligatorios, la nueva legislación enviada al Congreso no plantea cambios frente a lo que se venía realizando en cuanto a las mezclas mínimas obligatorias: “Serán del 7.5% en gasoil o diesel, y del 12% en nafta -conforme la normativa de calidad de combustibles vigente o la que en el futuro la reemplace”, dice el proyecto del actual oficialismo.
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