A los tres los acusó, en calidad de coautores, de atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación a la persecución u odio por motivos políticos.
Para Arroyo Salgado, Abaigar y Mieri “formaron parte, en carácter de organizadoras, de una agrupación -cuánto menos transitoria- que tenía por finalidad condicionar la actuación presente y/o futura del diputado nacional Espert en primer término, y del resto de la sociedad que no comparta los ideales políticos de esa organización (por La Cámpora y el kirchnerismo), mediante actos violentos e intimidantes, como el aquí investigado. Ello, con el agravante de que, a tal fin, se utilizaron bienes del estado, sacando provecho de la posibilidad de disposición de los mismos derivada del carácter de funcionaria pública revestido por Mieri”
El ataque contra el diputado libertario incluyó haber tirado excremento frente a su domicilio en la localidad de Beccar, San Isidro, el 17 de junio pasado, y la colocación de un pasacalle en el frente de la casa con la leyenda: “Acá vive la mierda de Espert. Con Cristina No se jode”.
Para la jueza, Abaigar y Mieri fueron “quienes organizaron y planificaron las acciones, cobrando especial relevancia que estamos hablando de dos funcionarias que obraron contrariamente a lo que demandan sus investiduras”.
“De las conversaciones obtenidas del teléfono de Abaigar puede observarse con claridad que la nombrada (por Abaigar) resultó ser quien, junto con Eva Mieri se encargaba de organizar el acontecimiento delictivo, como así también de reclutar a personas para que participen, brindando las correspondientes indicaciones de vestimenta, horario y lugar, logística e, incluso refiriendo que “prefieren que sean compañeras mujeres” (…) Incluso (Abaigar) ofrece a Iván Díaz Bianchi, pagarle los gastos de traslado a fin de que participe”, detalló Arroyo Salgado en su resolución.
Los participantes del hecho – entre seis y siete – descendieron de dos vehículos —uno oficial del Municipio de Quilmes y otro particular de Abiagar—, cuyas patentes alteraron para no ser identificados, y actuaron con rostros cubiertos y guantes.
Por eso, en el caso de Abaigar y Mieri, la acusación incluyó también la autoría de falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrado.
La magistrada le dictó a cada una un embargo de bienes y/o dinero hasta cubrir la suma de $5.000.000. A Mieri, le sumó la acusación de malversación de caudales públicos, por el uso de una camioneta Chevrolet S10 blanca en el ataque que estaba afectada al Municipio de Quilmes. Si bien la patente había sido adulterada, fue identificada por imágenes aportadas por la Policióa Federal de diferentes cámaras públicas y privadas que permitieron trazar -parcialmente- el recorrido realizado por los vehículos sindicados.
En cuanto a Díaz Bianchi, también le dictó el embargo de sus bienes y/o dinero hasta alcanzar los $5.000.000.
Por otro lado, la resolución decretó el sobreseimiento de Eva Pietravallo, madre de Abaigar, y de Alberto Protti, la ex pareja de la funcionaria bonaerense, y la falta de mérito para Aldana Muzzio, y Candelaria Montes Cato.
Arroyo Salgado dispuso, asimismo, el levantamiento del secreto del sumario que regía desde el inicio de la investigación.
Mieri había sido excarcelada el martes pasado por un fallo de la Cámara Federal de San Martín, tras haber pasado 13 días presa. La jueza federal había dispuesto su prisión preventiva el 2 de julio después de detectar el vaciado de su teléfono previo a su detención, y en función de su cargo de funcionaria pública.
“Es como si el celular hubiera nacido ese día” fue la descripción que hizo la Justicia del teléfono de la concejal de Quilmes, en referencia al estado de su teléfono el día en que fue detenida. El aparato secuestrado el día del allanamiento a su casa no tenía contactos, ni fotos, ni videos, ni mensajes, ni historial. Solo 12 comunicaciones efectuadas a través de Whatsapp iniciadas el día anterior, 1 de julio.
En su auto de procesamiento, Arroyo Salgado destacó justamente este hecho. Luego de participar del escrache contra Espert, Mieri “sugestivamente, cambió de dispositivo móvil, lo que explica la carencia de registros”, y “su abonado telefónico activó antenas dentro del partido de San Isidro, en el día y la franja horaria del acontecimiento”.
Tal como reveló Infobae, con relación a las cámaras de seguridad del Municipio de Quilmes, cuando los efectivos de la Policía Federal se hicieron presentes en el Centro de Monitoreo del Municipio para llevarse las grabaciones de seguridad en el edificio y las calles del distrito del mes de junio, se sorprendieron al encontrar que no había registros de esas imágenes. La explicación brindada por los empleados es que hubo un cambio de empresa que presta el servicio de cámaras municipales, y que la nueva firma no tenía respaldo de las grabaciones anteriores.
En cuanto a Abaigar, la magistrada le dicto prisión domiciliaria por razones de salud y le fijó una caución real de $30 millones que fue apelada por su defensa, por lo excesivo del monto. La Cámara Federal de San Martín se la redujo a $2 millones esta semana que pasó.
En su resolución de 85 páginas, Arroyo Salgado detalló el contexto de sus decisiones judiciales. “Estamos ante una escalada de violencia que comenzó con consignas verbales, continuó con hostigamientos y escraches, y desembocó en hechos concretos de distinto grado de violencia”, que incluyeron “actos concretos de intimidación” a jueces, fiscales, legisladores, periodistas, medios de comunicación y representantes de grupos políticos.
“Se busca instalar el miedo como método de presión sobre los actores clave del sistema democrático, con el fin de alterar sus decisiones, acallar sus voces o inhibir su accionar”, advirtió la jueza, “Se trata de acciones organizadas y dirigidas específicamente contra la residencia privada de un diputado nacional, […] para imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el temor.”
Arroyo Salgado consideró un agravante que Abaigar y Mieri sean funcionarias públicas. “Cuando los que incurren en este tipo de conductas ostentan la calidad de funcionarios públicos, esa transgresión adquiere un matiz aún más agudo.”
Para la magistrada. “no actuar con claridad, firmeza y legalidad frente a estas conductas es legitimar su reproducción”.
Infobae