El Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del juez Juan Manuel Díaz Vélez, procesó sin prisión preventiva y por el delito de contrabando por simulación, a la influencer que utilizó datos personales del gobernador Osvaldo Jaldo para recibir compras realizadas en el exterior. Valentina Olguín está acusada de haber utilizado la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del mandatario provincial para esas compras y de esa manera defraudar al fisco en una cifra estimada en más de 1.200 dólares. En la causa interviene la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán a cargo de Agustín Chit y la auxiliar fiscal Julia Vitar.
Además, el juez dispuso para la también cantante santiagueña, un embargo sobre sus bienes por el monto de 5 millones de pesos y, en relación a los casos de los otros cuatro gobernadores cuyos datos, según la investigación, también empleó con el mismo propósito, Díaz Vélez declaró la incompetencia parcial y remitió la información del expediente a la justicia federal de cada jurisdicción: Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Juan.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el gobernador Jaldo, quien el 28 de octubre de 2024 informó que su CUIT personal había sido utilizado sin autorización para realizar compras en el exterior, las cuales fueron ingresadas al país mediante la empresa Fedex por el régimen courier y entregadas en un domicilio particular en el barrio porteño de Núñez. Así, fue posible saber que estas operaciones habían sido llevadas a cabo por Olguín en al menos cinco oportunidades entre septiembre y octubre de 2024.
Tras recibir la denuncia, se pidieron informes a Aduana Tucumán y a Fedex, junto con el pedido al Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal para que realice una investigación reservada en el domicilio donde habrían sido recibidos los envíos. Así, se supo que todas las compras habían sido realizadas en la tienda online de la marca de indumentaria femenina “Revolve” de Estados Unidos. Todos los paquetes habían sido enviados al domicilio de Olguín y recibidos por ella o por gente de su confianza que se encontraba en el lugar.
Según la acusación, para llevar a cabo esta maniobra, Olguín falseó datos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), perjudicando así el cupo para compras en el exterior de Jaldo, y defraudó por $ 1.367.313,08 pesos (su equivalente en divisa extranjera de 1.281,45 dólares), al no poder registrar el ingreso de mercadería a través del Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier.
El 12 de diciembre de 2024, efectivos del Departamento Antisecuestro Norte de PFA allanaron el domicilio de Olguín en el barrio porteño de Núñez. Allí se secuestraron un total de 16.646 dólares, once bolsas de nylon transparente de prendas de vestir de la marca “Revolve”, un teléfono iPhone modelo 15 Pro, una computadora, tres facturas de Fedex, cámaras digitales otras seis bolsas de nylon con ropa nueva en su interior. El 17 de enero último, se realizó la pericia informática al celular secuestrado, de donde se extrajeron un total de 302 gigas de información que todavía están bajo análisis.
“Una decisión inmadura e irresponsable”: el descargo de la imputada
En su declaración indagatoria, Olguín manifestó que era colaboradora de la marca a través de un acuerdo comercial, y que la relación había comenzado en 2020, pero después de que en 2022 le retuvieran tres envíos, tomó conocimiento de que debían realizarse con un CUIT con domicilio fiscal constituido, al que consideró un “término desconocido por completo”.
La cantante e influencer reconoció haber utilizado datos de terceros seleccionados “al azar” por internet para evitar restricciones del régimen aduanero y justificó su accionar como “una decisión inmadura e irresponsable”.
Según su declaración, recién tomó conocimiento de que Jaldo se trataba del gobernador de Tucumán tras el inicio de la causa, y aseguró haber dejado de hacer los pedidos en septiembre de 2024.
Al ser interrogada por el fiscal Chit respecto a que en su celular figuraba una búsqueda en Google sobre si era legal o no utilizar un CUIT ajeno, Olguín respondió que fue una duda que se le planteó, y que en ningún lugar le figuraba que era ilegal.
Incompetencia en los casos de otros cuatro gobernadores
En esta misma causa se pudo establecer que Olguín había utilizado los datos fiscales de otros cuatro gobernadores para realizar otras once compras en el extranjero: Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, en cuatro oportunidades; Sergio Ziliotto de La Pampa, en cinco ocasiones; y Marcelo Orrego de San Juan y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, en una oportunidad con cada uno. Contando las cinco veces que lo hizo con el de Jaldo, en total se hizo enviar ropa 16 veces con el CUIT de mandatarios provinciales.
Todos los gobernadores negaron conocer a Olguín o haber autorizado dichas operaciones. A pedido del fiscal Chit, el juez declaró la incompetencia parcial en razón del territorio respecto de los hechos que involucran a los otros mandatarios provinciales.
“Entiendo que corresponde a la justicia federal con competencia en cada una de esas jurisdicciones investigar los hechos ilícitos perpetrados presuntamente en su contra”, señaló el fiscal en respectivo dictamen.
El juez compartió el criterio del representante del MPF y remitió las actuaciones a los juzgados federales de La Plata (por Kicillof), Paraná (por Frigerio), Santa Rosa (por Ziliotto) y San Juan (por Orrego).
Fiscales