La jueza federal Zunilda Niremperger dictó el procesamiento de un exteniente coronel del Ejército y dos expolicías chaqueños por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y desapariciones forzadas durante la última dictadura. La resolución también reconstruye el cautiverio de la esposa y los dos hijos pequeños de una de las víctimas, sometidos a condiciones inhumanas de detención. En la misma causa, la magistrada sobreseyó a otro exmilitar por falta de pruebas suficientes.
La jueza federal 1 de Resistencia Zunilda Niremperger dictó el martes el procesamiento del exteniente coronel del Ejército Aldo Martínez Segon, del excomisario de la Policía del Chaco José Francisco Rodríguez Valiente y del exsargento Gabino Mánader, también integrante de la fuerza provincial. La medida alcanza a los tres por delitos vinculados con la privación ilegal de la libertad, la aplicación de tormentos y la desaparición forzada de los militantes políticos Raúl María Caire, Raúl Antonio Méndez y Hegilberto Ricardo Nadalich, durante noviembre de 1976.
La resolución judicial también aborda el secuestro de la familia de Caire: su esposa, Luisa Rodríguez, y sus dos hijos, que tenían apenas dos años y diez meses al momento de los hechos. La reconstrucción del expediente da cuenta del cautiverio clandestino de las víctimas en la Brigada de Investigaciones y en la Jefatura de Policía de Resistencia, así como de las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos.
En la misma resolución, Niremperger dispuso el sobreseimiento del exteniente del Ejército Luis Alberto Patetta, al considerar que no existen elementos suficientes para vincularlo con la privación ilegal de la libertad de Caire.
Para reconstruir los hechos, la Justicia valoró testimonios de familiares y de exdetenidos políticos, reconocimientos fotográficos, actuaciones judiciales, publicaciones periodísticas de la época, legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) e investigaciones históricas.
El secuestro de la familia Caire y las desapariciones
Según los hechos reconstruidos en la resolución, Raúl María Caire fue secuestrado junto con su familia el 2 de noviembre de 1976, en un operativo realizado por fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía. El militante fue trasladado al primer piso de la Jefatura de Policía de Resistencia, donde sufrió torturas.
Su esposa y sus dos hijos pequeños, en tanto, permanecieron cautivos en la Brigada de Investigaciones, en condiciones que el fallo describe como infrahumanas, sin acceso adecuado a alimentación, higiene ni vestimenta.
Raúl Antonio Méndez fue detenido el 6 de noviembre de 1976 y trasladado a la Brigada de Investigaciones de Resistencia. Allí padeció tormentos y fue visto por última vez con vida en grave estado de salud.
Un día después, el 7 de noviembre, fue detenido Hegilberto Ricardo Nadalich, quien también fue llevado a esa dependencia policial. Permaneció alojado en el sótano y sufrió torturas por parte de un grupo de agentes. Desde entonces, continúa desaparecido.
Quiénes eran los militantes desaparecidos
Raúl María Caire había estudiado Filosofía en el Instituto del Profesorado de Concordia, trabajaba como empleado bancario, había dirigido la Asociación Bancaria y militaba en la Juventud Peronista. En 1975, tras recibir amenazas de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), debió abandonar la ciudad.
Raúl Antonio Méndez participó en las Ligas Agrarias de Corrientes y trabajó como docente en una zona rural de Santa Lucía. Además, estudiaba Medicina en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), donde militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).
Hegilberto Ricardo Nadalich fue referente del Movimiento Rural Católico en las diócesis de Reconquista y Formosa e integró el Movimiento Internacional de la Juventud Agraria y Rural Católica. Luego de desarrollar tareas vinculadas al movimiento campesino en Tucumán y Salta, la persecución política lo llevó a radicarse en Corrientes.
El procesamiento representa un nuevo avance judicial en la reconstrucción de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la región. La resolución individualiza responsabilidades por los secuestros, las torturas y las desapariciones, y documenta también la violencia ejercida contra integrantes de la familia de una de las víctimas, incluidos dos niños de corta edad.