Se trata del exfuncionario Carlos Vaudagna, también procesado por lavado de activos, y del exsíndico de la agroexportadora, Omar Scarel. La resolución del Juzgado Federal de Reconquista puso de relieve el rol determinante del Ministerio Público Fiscal, que logró reunir un “plexo probatorio de carácter objetivo indiciario” para consolidar las imputaciones.
Ainstancias de la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, y las procuradurías de Lavado de Activos (PROCELAC), y de Investigaciones Administrativas (PIA), el juez federalsubrogante de esa ciudad santafesina, Ricardo Alcides Mianovich, dictó el procesamiento del exdirector regional de las sedes Santa Fe y Rosario de la exAdministración Federal de Ingresos Público (AFIP, actual ARCA), Carlos Vaudagna, y del expresidente y exsíndico de la agroexportadora Vicentín SA, Omar Scarel, quienes están acusados de concretar maniobras para encubrir la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones por más de 143 millones de pesos.
Ambos quedaron procesados como coautores de encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por la gravedad del delito precedente. Pero en el caso de Vaudagna, ese delito también está agravado por su condición de funcionario público y, además, quedó en concurso real con el de lavado de activos agravado por su habitualidad y por haber sido cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, en carácter de autor.
Como medida cautelar, el juez también dispuso el embargo de bienes por 700 millones de pesos para Vaudagna, y por 200 millones de pesos para Scarel.
La resolución de Mianovich- quien subroga el Juzgado Federal de Reconquista-, se conoció el 12 de noviembre pasado, y fue en línea con la acusación planteada por el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum; el titular de la PROCELAC, Diego Velasco; el fiscal a cargo de la delegación Rosario de esa procuraduría, Juan Argibay Molina; y por el titular de la PIA, el fiscal nacional Sergio Rodríguez, y el auxiliar fiscal de esa dependencia, Esteban Venditti, cuando en diciembre de 2024 solicitaron las indagatorias.
Además, en mayo de 2025, los fiscales Argibay, Salum y Venditti pidieron ampliar la indagatoria a Vaudagna por el delito de lavado de activos. Según la imputación, habría ingresado al sistema económico legal dinero de origen ilícito a través de diferentes operaciones, y de la utilización de empresas creadas o adquiridas para tal fin, entre 2015 y 2024, con lo cual no solo buscaba encubrir un delito fiscal, sino “blanquear” patrimonio obtenido de forma ilegal.
En el marco de la investigación por las maniobras asignadas a Vaudagna y Scarel, el cuerpo de fiscales logró establecer que tenían como objetivo beneficiar a Vicentín y sus directivos para eludir la investigación del delito precedente de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por una suma total de 143.254.723,61 pesos en los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Vaudagna y Scarel fueron indagados el 19 de agosto pasado. En esa oportunidad, el exdirectivo de ARCA se remitió a lo declarado ante fiscales de Rosario, Santa Fe y Reconquista y de PROCELAC, PROCUNAR y PIA en causas tramitadas en esas jurisdicciones. En una de ellas figura como imputado por extorsionar a empresarios rosarinos junto al financista Fernando Whpei y al exjuez Marcelo Bailaque, también acusado y en prisión preventiva domiciliaria.
El delito precedente
Las conductas atribuidas a ambos apuntaban a encubrir la responsabilidad penal de la empresa Vicentín y sus directivos por el delito de apropiación indebida de beneficios fiscales, hechos investigados en la causa “Vicentín SAIC /Infracción Ley 24.769”, iniciada a partir de la denuncia de la exAFIP el 26 de agosto de 2020.
El organismo recaudador determinó que Vicentín SAIC percibió indebidamente reintegros de IVA por exportaciones durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019, que no habían ingresado al fisco, ocasionando un perjuicio millonario al Estado Nacional.
La maniobra se consumó mediante la declaración de créditos fiscales ficticios respaldados con facturas emitidas por proveedores y corredores apócrifos, que adquirieron granos en el mercado marginal, y no cumplieron con el pago regular del IVA por esas operaciones.
En esa causa, en mayo de 2024 se procesó a Vicentín y a 14 de sus directivos como coautores del delito de apropiación indebida de beneficios fiscales, agravado por la cantidad de intervinientes. Se consideró probado que 57 proveedores y corredores vinculados a la empresa eran apócrifos, por lo que los créditos fiscales reclamados y percibidos eran ficticios.
Continuidad de las maniobras
El expediente en el cual ahora fueron procesados, a Vaudagna le endilgan haber ayudado, junto con Scarel, a Vicentín y a sus directivos a eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA, valiéndose de sus conocimientos y poder como director regional de la exAFIP en Santa Fe y Rosario.
Según la hipótesis fiscal, el exfuncionario “intercedió y ejerció su influencia ante funcionarios de AFIP que estaban a su cargo o intervenían en la fiscalización e inspección de créditos fiscales indebidamente percibidos por Vicentín, para evitar que sean impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por AFIP. La finalidad era evitar la denuncia penal contra la compañía y sus directivos o, al menos, mejorar su posición ante una eventual denuncia”.
Durante ese período y de forma ilegítima, asesoró técnicamente al síndico de la agroexportadora, sobre cómo ejercer la defensa en el sumario administrativo relativo a la fiscalización de los reintegros de créditos fiscales apócrifos. Para ello, se reunió en numerosas ocasiones con Scarel fuera de la sede de AFIP, incluso, en días no laborables, y le facilitó argumentos legales y precedentes jurisprudenciales que podrían favorecer a la empresa.
También le proporcionó información interna de AFIP sobre las instrucciones que debían seguir los agentes del organismo para impugnar los créditos fiscales y sobre devoluciones de IVA realizadas a otras empresas exportadoras de granos. Para los fiscales, Vaudagna incumplió sus deberes como funcionario público, demostrando de conductas contrarias a las normas que regulan su actividad funcional.
En tanto, a Scarel le imputaron las mismas maniobras y, además, haberle requerido a Vaudagna que intercediera y ejerciera su influencia ante funcionarios de AFIP encargados de la fiscalización e inspección de los créditos fiscales, para evitar que sean impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por AFIP, con la finalidad de evitar la denuncia penal contra la compañía y sus directivos.
El lavado de activos
Según la investigación del MPF, el despliegue de actividad criminal de Vaudagna tenía como objetivo obtener beneficios económicos ilícitos que debían ser blanqueados o ingresados al circuito legal, y para lo cual, recurrió a varios métodos.
Entre ellas, se detalla que utilizó testaferros, integrantes de su grupo familiar directo (madre y esposa) para la adquisición de bienes; y la utilización de terceras personas para “adquirir” una mutual, que manejaba directamente como “dueño” en las sombras y que utilizaba para facturar y canalizar ganancias ilícitas.
También mediante testaferros, adquirió una empresa privada (Integrados Hipatia SA), que administraba a través de esas mismas personas. A su vez, tenía participación en un emprendimiento inmobiliario, en un establecimiento avícola, y adquirió lotes en un country de la ciudad de Santa Fe. Tras hacer un relevamiento de las operaciones ilícitas llevadas a cabo por Vaudagna, se determinó que ascendían a $46.230.000.
Antecedentes
El encubrimiento de Vaudagna y Scarel a Vicentín SAIC y sus directivos salió a la luz a partir del análisis de la información extraída del teléfono celular del exdirectivo de la exAFIP, incautado el 28 de junio de 2021 tras un allanamiento en su domicilio de la ciudad de Santa Fe. La medida se realizó en el marco de la causa caratulada “Representantes de Vicentín SAIC s/ estafas”, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Complejos de Ministerio Público de la Acusación (MPA).
A partir de la publicación en medios periodísticos de la transcripción de una conversación entre Scarel y otra persona, se inició la causa en el fuero federal bajo la hipótesis del lavado de activos de origen delictivo. En marzo de 2024, la entonces Fiscalía Federal de Reconquista (hoy Sede Fiscal Descentralizada), PROCELAC y el MPA firmaron un acuerdo de cooperación que tenía como objetivo compartir evidencias. A partir de ese acuerdo, el fiscal federal Salum recibió copia de la información extraída al celular de Vaudagna.
Así fue como se conoció la conversación entre Vaudagna y Scarel, mantenida entre octubre de 2017 y marzo de 2021 a través de la aplicación WhatsApp, en la que, entre otras cosas, hablan sobre la fiscalización y las inspecciones que estaba realizando personal de la exAFIP respecto de proveedores y corredores de granos apócrifos con los que había operado Vicentín SAIC.
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