En un momento donde el INTA se encuentra como uno de los temas relevantes de la agenda pública, porque el Gobierno busca introducir reformas, según ya trascendió hace varios meses, en los despachos oficiales no brindan certeza cuándo verá la luz el supuesto decreto con cambios en la gobernanza y en la autarquía del organismo, entre otros puntos.
El INTA se creó por el decreto ley 21.680 de 1956 del presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. Se lo constituyó como un ente autárquico con diversas fuentes de financiamiento. En ese momento, con el uno y medio por ciento “ad-valorem” de los productos y subproductos de la agricultura y ganadería que se exportaban; aportes de gobiernos provinciales; la producción de sus campos y, entre otras fuentes de ingresos, “los saldos no comprometidos al fin de cada ejercicio”.
Hoy, en tanto, se financia, entre otros recursos, con el 0,45% del valor CIF de las importaciones. Y por presupuesto le corresponden casi $230.000 millones.
El organismo posee un Consejo Directivo que es el máximo órgano de conducción. Tiene 10 sillas: cinco por el sector privado de las entidades del agro [Coninagro, Federación Agraria Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola] y cinco por el sector público [un representante de la Secretaría de Agricultura, el presidente del INTA, el vicepresidente del ente y dos miembros más, por las facultades de agronomía de las universidades nacionales y las facultades de veterinaria]. Respecto de este órgano, lo que trascendió es que el Gobierno buscaría sacar a Aacrea y las universidades.
Por otra parte, en el mismo giro del decreto el control financiero pasaría bajo la órbita directa del Ministerio de Economía, un tema sobre el cual pusieron la lupa las distintas voces que se pronunciaron en contra de que pierda su propio manejo económico. Hoy el director nacional, por ejemplo, coordina la labor técnica-administrativa, además de trabajar en conjunto con el Consejo Directivo.
El INTA cuenta con 53 estaciones experimentales, seis centros de investigación y 258 agencias de extensión rural en todo el país, muchas de ellas en proceso de revisión. Además tiene 15 centros regionales que también quedaron bajo observación del Gobierno. Todo el organismo tiene 6000 trabajadores y trascendió que las autoridades nacionales buscarían recortar unos 1500 empleos.
En este marco, luego de que se pronunciaran varios gobernadores, diputados, entidades rurales y referentes y exmiembros del organismo, desde el Gobierno dijeron, en relación a la reforma del INTA, que hay un trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía de Luis Caputo y el de Transformación y Desregulación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
“Se están haciendo muchas gestiones para mantener el status descentralizado de gobernanza, con un 70% privados y academia (por las universidades) y solo tres consejeros por el gobierno”, dijo una fuente al tanto de la situación en el organismo, que calificó de “desconcierto”. Según describió, hoy no hay “un liderazgo claro” y ante el temor al ajuste hay empleados “analizando el retiro voluntario, desenfocados”.
En este contexto, en algunas entidades del agro comenzó a circular la versión de que el decreto “no camina” y podría no salir en medio del fuerte rechazo de muchos actores. Se pronunciaron en defensa del organismo los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alberto Weretilneck (Río Negro), entre otros.
Otros, en cambio, creen que el Gobierno acelerará y pondrá la reforma en el marco de un decreto general con modificaciones a otros organismos del Estado. Por lo pronto, lo que trasciende desde las esferas del Gobierno es que “se sigue trabajando” y “probablemente” los cambios se conozcan la semana próxima.
La Nación