A 10 días de asumir, el gobierno de Javier Milei dio su primer paso en el juicio por la expropiación de YPF, una empresa que aseguró que analizará privatizar.
La causa duró unos 8 años y se generó luego de la expropiación de la petrolera que realizó Cristina Kirchner en 2012. Al tribunal de la Corte de Sur de Manhattan, a cargo de la Jueza Loretta Preska, fueron a reclamar un grupo de accionistas minoritarios cuyo derecho a litigar compró el bufete inglés Burford Capital.
Después de un extenso juicio que atravesó las presidencias de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, Preska encontró culpable al Estado local de expropiar mal a la empresa (declaró, por otro lado la inocencia de la petrolera en el proceso) y lo condenó a pagar unos USD 16.000 millones, el reclamo máximo al que podía acceder el demandante.
Ahora el nuevo gobierno solicitó un pedido de extensión de 30 días en la Corte de Apelaciones para introducir las primeras consideraciones en el caso.
Los argumentos de los abogados del Estado local, que por ahora siguen siendo los mismos –el estudio Sullivan & Cromwell– es que el gobierno necesita familiarizarse con el caso. “Argentina desea honrar sus obligaciones y buscará dialogar con acreedores”, dice el escrito. Si todo sale como está previsto por Milei, el nuevo jefe de los abogados del estado argentino será Rodolfo Barra, quien fue confirmado como Procurador del Tesoro, pero cuyo nombramiento aún no se oficializó. Barra, que fue integrante de la Corte Suprema y ministro de Justicia durante los gobiernos de Carlos Menem, tiene más de 75 años y el Presidente deberá firmar un decreto autorizándolo a ocupar el cargo.
“Fueron tres pedidos: anulación del requerimiento de presentar garantías, extensión de 90 días para presentar esas garantías y evaluar el caso a fondo, en caso que Preska no acepte el pedido de eliminación de garantías, y el pedido de 30 días para presentar los primeros argumentos en la Corte de Apelaciones. Esto es algo en lo que Preska no tiene nada que ver y ya fue presentado”, detalló Sebastián Maril, de Latin Advisors.
“Los funcionarios argentinos necesitan ponerse al día con el caso, no con los detalles generales, sino temas específicos, legales y de procedimiento en las cortes norteamericanas. Hasta que eso no ocurra, no van a poder tomar decisiones estratégicas y por eso piden extensión. Creo que la de Corte de Apelaciones la concederá, pero no sé si Preska dará los 90 días de extensión y la eliminación de la presentación de las garantías”, completó el analista.
A fines de noviembre, Preska exigió que el Estado local presente una “apelación expedita” –a fines de enero– y una serie de avales económicos –antes del 10 de enero– para que Argentina evite embargos millonarios de sus activos en el exterior. Días antes, la jueza se había pronunciado en favor de un requerimiento de los abogados del Estado y accedió a que el país no deposite esa sideral suma de dinero, pero le ordenó que Argentina deberá aportar otros activos como garantía para evitar embargos. Esos avales los debe consensuar con su contraparte, el ganador del juicio: el estudio de abogados inglés Burford Capital.
“A YPF primero hay que recomponerla”, dijo Milei luego de ganar el balotaje. “El deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados, para que valga muchísimo menos del momento en el que se la expropió requiere que primero haya que recomponerla”, aseguró.
El Presidente remarcó por esos días que “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado”. Pocas horas después de imponerse en la segunda vuelta electoral, el presidente electo Milei anunció que planea que la petrolera, de capital mayoritario estatal, sea privatizada. Tras ese anuncio y el resultado electoral, la acción de YPF tuvo una histórica suba de precio de casi 40 por ciento.
Infobae