Para conseguir la sanción en Diputados, deben fijar fondos para discapacidad, subsidios y cajas previsionales, más hacer acuerdos individuales por obras públicas. La demora apunta a los pedidos que el PRO y los aliados provinciales le hicieron al oficialismo en las reuniones de negociación que tienen con los referentes de bloques
“Hablá con Guberman”: esa es la respuesta que vienen ofreciendo algunos miembros de la mesa legislativa libertaria cuando se les insiste por alguna modificación al Presupuesto 2027, que entra en etapa de definición si el Gobierno desea cumplir la meta de darle sanción en Diputados para el 25 de noviembre, tres semanas después de la primera fecha que habían fijado como objetivo.
Los aliados consultados describen una postura intransigente. “El ala política que tienen en el Congreso está más dispuesta a hablar, pero cuando pedís que fijen financiamiento la respuesta que dan es que ya es tarde para hacer modificaciones porque la planilla de anexos la cerraron en junio, imaginate”, ilustró un diputado que suele acompañar los proyectos de La Libertad Avanza.
La clave para acelerar la aprobación estará en esa decisión de Casa Rosada de establecer fondos para las leyes existentes y así evitar que las normas sean inaplicables por falta de presupuesto.
Son los gobernadores los que, conociendo que sin partidas provenientes del Ejecutivo nacional serán las arcas provinciales las que tendrán que ofrecer alguna respuesta, comienzan a encabezar los reclamos por situaciones concretas y repetidas en los distritos: obras públicas; el pago de la deuda por fondos previsionales (que alcanza los u$s2.899.574.222 a distribuirse entre 13 provincias); universidades (que solicitan $11 billones para cumplir la ley de Financiamiento Universitario, contra los $7,5 billones ofrecidos); y discapacidad.
Para este último caso resta una aprobación en el Senado que se proyecta holgada porque pende de una promesa que aún no fue ratificada desde el Palacio de Hacienda: la derogación de los artículos que van del 36° al 41° del Presupuesto 2027.
Los reclamos por esas partidas fueron repetidas esta semana por el tucumano Osvaldo Jaldo y el cordobés Martín Llaryora, a los que se les sumó el salteño Gustavo Sáenz con otro pedido: el de la distribución equitativa de los subsidios para el transporte público.
Su demanda fue compartida por intendentes de todo el país, que viajaron en tropel para la Cámara de Diputados este miércoles: fueron unos 80 los que asistieron a la reunión de la comisión de Asuntos Municipales con el rechazo de la reducción de los beneficios del Programa Remediar (de 126 medicamentos a 6) y de un reparto eficiente de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Vienen reuniéndose -cada vez con mayor número- por el mismo motivo desde el 2024.
El pedido por el ICL también fue levantado por el PRO, cuya sugerencia es que se reduzca. A ello le sumaron una lista: reducir el IVA de los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%; extender los regímenes de promoción automotriz y autopartista que vencen el 31 de diciembre del 2027; e incorporar un régimen antievasión que implique un intercambio de información sobre billeteras virtuales.
También buscan añadir financiamiento a la ciudad de Buenos Aires, a partir de la solicitud de autorización de operaciones de financiamiento para la Línea F y el Belgrano Sur en la ciudad de Buenos Aires, además de regularizar las transferencias de coparticipación. Una postura similar tomó el bonaerense Eduardo Falcone (MID), quien reclama que se destraben los fondos que dispuso la CAF para terminar de duplicar la calzada en la Ruta Nacional 5, en el tramo que une Suipacha con Mercedes.
Presupuesto 2027: la postura del peronismo
Algunas provincias ya pudieron volcar algunos de sus intereses a la redacción y así lo reconoció el catamarqueño Sebastián Nóblega para Ámbito, donde también detalló que las concesiones son exiguas: “Se acordó que la provincia asuma la reparación de la Ruta Nacional 38 en la Cuesta del Totoral, aunque persiste la preocupación por otras vías provinciales, como las Rutas Nacionales 157 y 60”.
El diputado añadió la necesidad de “blindar las partidas destinadas al INTA” y aumentar el bono para jubilados cuya suma fija es de $70.000 desde el 2023. “Es fundamental escuchar las demandas sociales, el empleo, el comercio, la industria, pero, sobre todo, que el presupuesto refleje beneficios reales para la gente”, sumó.
El reclamo por fondos para el INTA se replicó en la Comisión de Desarrollo Regional, presidido por el formoseño Luis Basterra. La convocatoria a especialistas al ámbito de comisiones fue la estrategia que encontró Unión por la Patria para plantar postura.
Así lo hizo en Familias y Niñez, presidido por el tucumano Pablo Yedlin, en donde se pidió que se elimine el artículo 17 del Presupuesto 2027 en donde se deroga la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo, pedido que también elevó el bloque de la UCR; y en el de Mujeres, titularizado por la cordobesa Gabriela Estévez, en donde se detalló el desalentador horizonte que se proyecta para las políticas de prevención de violencia: se quitaron partidas específicas para la Línea 144 -que prevé alcanzar a 70.000 personas, un cuarto del 2023- y se congeló el monto del 2026 destinado para la Educación Sexual Integral, lo que equivaldría a $4 por adolescente.
“Nosotros estamos pidiendo que vengan los ministros, porque es un presupuesto de ajuste en todas las áreas y es importante que pongan la cara”, le dijo al medio porteño el bonaerense Carlos Castagneto, quien apuntó que “vamos a proponer un presupuesto donde se reestablezcan las leyes que no está cumpliendo el Gobierno y los fondos los vamos a sacar de las partidas sin afectación específica, que están en la Juridiscción 91”.
El diputado se refiere a la categoría Obligaciones a Cargo del Tesoro, a la que se destinarían $14,9 billones, la tercera erogación más onerosa de la ley a pesar de no tener personal ni edificio.
¿Quién es el que está a cargo de esa partida? Carlos Guberman, quien parece tener las llaves de los pedidos, y ejecutará lo que le encomienden desde Casa Rosada, no desde el Congreso.
Ámbito