Javier Milei dará marcha atrás en parte del ajuste en Discapacidad que había incluido en el Presupuesto 2027. Tras los cuestionamientos de propios y ajenos, la Casa Rosada reemplazará el capítulo original por una propuesta negociada con PRO, UCR y fuerzas provinciales.
Después de recibir fuertes cuestionamientos internos y de la oposición, la Casa Rosada aceptó reemplazar ese capítulo por una propuesta que se está negociando con el PRO, la UCR y representantes de fuerzas provinciales. El giro supone una concesión del oficialismo y busca evitar que la discusión vuelva a complicar el apoyo legislativo.
El cortocircuito apareció apenas se conoció el Presupuesto. El capítulo de Discapacidad tomó por sorpresa incluso a dirigentes de La Libertad Avanza que estaban participando de las conversaciones con los bloques aliados. Martín Menem y Patricia Bullrich quedaron entre los referentes oficialistas que no habían sido informados previamente de los cambios. El malestar creció porque el Gobierno venía trabajando con sus socios parlamentarios en una alternativa a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año.
Uno de los puntos que el Gobierno deberá revisar es el régimen de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. El proyecto original recuperaba un criterio basado en la incapacidad para trabajar y fijaba el beneficio en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
Además, dejaba de considerar al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como una vía directa para acceder a la pensión y otorgaba al Poder Ejecutivo un margen amplio para definir los requisitos mediante la reglamentación.
Ese esquema será reemplazado por otro que mantendrá mayores controles para acceder a una pensión, pero conservará al CUD dentro del sistema. El Gobierno busca que el beneficio quede ligado a la situación concreta de cada persona y evitar que el certificado sea, por sí solo, suficiente para obtenerlo. La discusión ahora pasa por definir cuáles serán esos requisitos y cómo quedarán incluidos en el proyecto.
Otro de los cambios estará relacionado con la posibilidad de trabajar y, al mismo tiempo, conservar una pensión. El texto original establecía que una persona podía perder el beneficio si comenzaba un trabajo registrado o se inscribía en una actividad tributaria, incluso cuando se tratara de una ocupación de pocas horas. El régimen vigente, en cambio, permite compatibilizar la pensión con empleo o monotributo hasta determinados límites de ingresos.
A pedido de los aliados, la nueva propuesta permitirá mantener la pensión aun cuando exista un empleo registrado, aunque bajo las condiciones que todavía se están discutiendo. Es uno de los puntos en los que el Gobierno tuvo que ceder para acercar posiciones con los bloques que serán necesarios para aprobar el Presupuesto.
También cambiará el planteo sobre los aranceles que reciben los prestadores de servicios para personas con discapacidad. El proyecto original eliminaba el esquema de valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas y dejaba mayor margen para que obras sociales, prepagas y provincias fijaran sus propios valores. También quitaba la actualización automática vinculada al índice de precios.
La alternativa que ahora se negocia conservará un nomenclador universal y establecerá una actualización por inflación cada dos meses. No será la actualización mensual prevista por la Ley de Emergencia, pero representa otra modificación respecto del texto que llegó al Congreso.
A esto se suma uno de los reclamos centrales de PRO y UCR: las compensaciones que se les adeudan a los prestadores. Los bloques aliados piden precisiones sobre los pagos previstos por la Ley de Emergencia para compensar el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, además de un cronograma para cancelar esa deuda.
Página 12