Se debe a que el Congreso introdujo un mayor gasto, pero no realizó las modificaciones correspondientes en el proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Es decir, la iniciativa salió con la asignación de fondos prevista originalmente.
El reparto de créditos presupuestarios que llevó a cabo el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, esta semana no contempla los fondos de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, entre otros puntos, según indica un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP).
Eso no se debería a una decisión de Adorni, sino a que el Congreso introdujo el incremento de gasto pero no realizó los cambios correspondientes en el Presupuesto 2026, que fue sancionado tal como lo envió el Poder Ejecutivo.
El informe de ASAP detalla que, si bien el Congreso incorporó nuevos gastos para el ejercicio 2026, equivalentes al 0,56% del PBI, no les asignó ninguna partida específica.
“Este Presupuesto fue sancionado sin introducir modificaciones en las partidas originalmente previstas en el Proyecto de Presupuesto presentado el 15 de septiembre, aun cuando durante el tratamiento legislativo se realizaron cambios que implican nuevos gastos”, señala el documento.
La entidad considera que “el financiamiento de estas políticas podría quedar sujeto a eventuales adecuaciones presupuestarias a lo largo del ejercicio”, en particular para dar cumplimiento a su artículo 1º, que establece que el Presupuesto debe presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario.
Un punto a tener en cuenta es que el Capítulo 11 del proyecto original del Poder Ejecutivo Nacional contemplaba un pedido para derogar ambas leyes. Si el Congreso no lo hubiera eliminado, el gasto se habría configurado conforme a las partidas previstas originalmente.
Cabe recordar que recientemente un juez ordenó al gobierno nacional disponer las medidas necesarias para cumplir el mandato del Congreso en materia de discapacidad. Tanto esa ley como la de financiamiento de las universidades públicas son objeto de cuestionamiento por parte del Poder Ejecutivo, que intentó sin éxito derogarlas y ahora busca no cumplirlas, alegando una supuesta inconstitucionalidad, ya que fijan gastos pero no especifican las fuentes de financiamiento.
Para completar el escenario, el Gobierno prevé introducir una rebaja de aportes patronales equivalente a medio punto del PBI y una reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas de 0,33 puntos del PBI, en el marco de la Reforma Laboral que se analizará en febrero.
En otros términos, el Poder Ejecutivo está dispuesto a asumir el incremento de ciertos gastos, como los vinculados a rebajas impositivas que benefician a las empresas, pero no a enfrentar otros gastos no proyectados dentro de su política económica.
Qué dice el reparto de dinero de Manuel Adorni
La Administración Pública Nacional (APN) arranca el año con un nivel de ingresos previsto que implica una caída real del 12% respecto de 2025, mientras que en materia de gasto, el inicio del ejercicio plantea un recorte del 4,9%.
De acuerdo con el informe, el Gobierno registró en 2025 ingresos totales de la APN por $134,5 billones. De ese total, $73 billones correspondieron a ingresos impositivos y $40,8 billones a ingresos de la Seguridad Social.
Para 2026, en cambio, están previstos ingresos por $147,9 billones. En términos absolutos, se trata de un incremento de $13,4 billones, equivalente a una suba nominal del 10%, pero que implica una caída real del 12,7%, si se ajusta por la inflación prevista para el año según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.
Cabe recordar que el Presupuesto 2026 fue elaborado bajo el supuesto de que el PBI crecerá 5% y que la inflación será del 10,1%.
En los papeles, los ingresos impositivos alcanzarían los $90 billones y los de Seguridad Social los $47,6 billones. En términos reales, los primeros caerían 1,9% y los segundos, 7,4%.
Sin embargo, eso es lo que figura en el Presupuesto. La realidad es que la recaudación nominal de este año probablemente sea mayor a la prevista, precisamente porque el PBI nominal también será más alto y los ingresos acompañarán esa tendencia, dado que la inflación se ubicaría entre 23% y 26%, frente al 10,1% estimado en el proyecto.
Del mismo modo, los gastos totales están previstos en $148,1 billones, lo que implica un incremento nominal del 20% y una caída real del 4,9%. En los papeles, el resultado económico de la APN estaría prácticamente en equilibrio. No obstante, la porción del gasto que se ajusta por inflación tendrá un aumento mayor al previsto, lo que obligará a profundizar el recorte sobre el componente no indexado.
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