En diálogo con radio La Red, explicó que la investigación, que comenzó hace aproximadamente un año, fue originada por una denuncia presentada por la entonces presidente del Instituto de Colonización, Ana María Canata. La denuncia señalaba irregularidades en el otorgamiento de tierras a personas con vínculos familiares con funcionarios públicos involucrados en el proceso.
Amad explicó que a lo largo de la investigación, que incluyó informes de la ex AFIP, la UIB y un cruce de datos financieros y bursátiles, se descubrió una serie de irregularidades en la adjudicación de terrenos en el norte de la provincia. Además, se identificaron movimientos económicos sospechosos, incluyendo el desvío de fondos del Estado hacia fundaciones vinculadas a los implicados.
El fiscal destacó que las personas imputadas, incluyendo funcionarios públicos, no podían desconocer el origen de las irregularidades, considerando su rol en la administración pública y la autorización de los procedimientos investigados. Las imputaciones incluyen delitos como lavado de activos, incompatibilidad funcional, abuso de función y fraude, entre otros delitos relacionados con la administración pública y el orden económico y financiero.
Amad solicitó a la jueza del caso la declaración indagatoria de los imputados y será la magistrada quien deberá decidir si acepta la solicitud. En tanto, indicó que a lo largo del proceso investigativo, no observó indicios de que los implicados intenten fugarse o interferir en el curso de la investigación, lo que excluye por el momento la necesidad de solicitar medidas cautelares como la detención.
La investigación sigue su curso, con un enfoque en el análisis de los terrenos involucrados, que se ubican en una región del norte de nuestra provincia.
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